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Un total de 54.000 asalariados han solicitado el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) como consecuencia de la crisis del coronavirus.
En total, 40.000 personas ya recibieron ¢8.600 millones; mientras que 14.000 solicitudes están en análisis de requisitos por parte de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC).
Así se detalla en la información brindada por las seis OPC a la Superintendencia de Pensiones (Supén), con corte al 21 de abril pasado.
De los recursos liquidados, ¢3.958 millones correspondieron a empleados con reducción de la jornada, ¢2.941 millones a cese laboral y ¢1.700 millones por suspensión del contrato, muestra el detalle brindado a la Superintendencia.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, explicó que, en promedio, cada trabajador al cual se le redujo la jornada recibió, hasta el momento, ¢323.000.
En el caso de la suspensión de la jornada, el monto promedio es de ¢211.000 y por cese laboral, de ¢146.000.
“De la información brindada, es interesante que la reducción (de la jornada) ha estado vinculada a personas con mayores niveles de compensación económica. Cuando se ve en cada operadora, el monto promedio que se recibe”, afirmó Aguilar.
La funcionaria destacó que la supervisión de la institución se ha centrado en dar seguimiento a las solicitudes de los trabajadores y que la respuesta de las OPC se brinde de la manera más rápida posible.
Aguilar destacó que las OPC cuentan con la liquidez suficiente, en los próximos tres meses, para atender las peticiones de sus clientes, según una proyección efectuada por la Supén.
“Las operadoras ya se habían preparado para un incremento de peticiones”, confirmó la jerarca.
El FCL se crea con el aporte patronal equivalente al 3% del salario del trabajador. El 50% de dicho dinero se queda en el Fondo de Capitalización junto con los intereses de las inversiones. Mientras que la otra mitad se traslada, una vez al año, al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
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El pasado 3 de abril, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Protección del Trabajador que permite el retiro del FCL por suspensión del contrato de trabajo o reducción de jornada. La legislación solo lo permitía por cese laboral, quinquenio y fallecimiento del trabajador.
La Supén ordenó a las operadoras, el pasado 6 de abril, que al traslado de recursos a los trabajadores debe descontarse la parte correspondiente al ROP, pues la reforma no incluyó la entrega de dichos recursos.
Popular Pensiones y BN Vital están entre las operadoras que más recursos han liquidado a sus clientes.
En el caso de la primera entidad, el monto asciende a ¢3.017 millones, de los cuales ¢2.293 millones corresponden a reducción o suspensión de contrato, es decir, el 76% del total de dinero entregado.
Por su parte, en BN Vital efectuó el traslado de ¢3.061 millones a un grupo de 12.200 trabajadores que pidieron su FCL. La mayoría del dinero también fue por disminución de jornada y contratos suspendidos.