EscucharLa incertidumbre acompaña a los ahorrantes de Coopeservidores con montos superiores a ¢6 millones, ya que no tienen respuestas sobre el futuro de sus fondos. Por esta razón, analizan acciones colectivas para garantizar la recuperación de su dinero, según indicaron algunos afectados a La Nación. La cooperativa fue declarada inviable tras un proceso de intervención financiera.
El 22 de junio, al concluir la intervención, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) recomendó un mecanismo de resolución que garantiza los ahorros de los depositantes hasta ¢6 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
El interventor Marco Hernández, designado administrador del proceso de resolución de Coopeservidores, explicó en esa fecha que unos 5.500 depositantes tienen más de ¢6 millones en la cooperativa. Aunque este grupo tiene garantizado ese monto, el exceso sufrirá un recorte estimado inicialmente en un 20%, aunque el porcentaje podría ser mayor según el desenlace del proceso de resolución, refirió Hernández.
El mecanismo propuesto contempla una separación de los activos (como la cartera de crédito) y pasivos (depósitos y deudas de la cooperativa) de mayor calidad en lo denominado “banco bueno”, que deberán trasladarse a una entidad solvente que desee ofertar por dichos recursos. Sin embargo, Hernández explicó que debido a que existe un déficit, los pasivos no garantizados (de más de ¢6 millones) asumirán el recorte.
Ante este panorama, los ahorrantes afectados están analizando acciones, incluidas medidas legales, de manera colectiva, una vez que se defina si una entidad asumirá los pasivos y activos de la cooperativa como resultado del proceso de resolución.
Consultado por La Nación, Marco Hernández indicó que están tramitando las solicitudes de los ahorrantes para su debida atención. Además, se está coordinando una reunión.
“La información ha sido clara y amplia, además se ha transmitido por varios medios: FB Live de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), preguntas frecuentes en la página web de la Sugef y Coopeservidores, así como en los distintos medios de comunicación nacionales. En estos se ha indicado el proceso que se está llevando a cabo y lo que deben esperar este grupo de personas, que corresponden al 3%, que no se les podrá devolver la totalidad de su dinero”, respondió Hernández.
Grettel Sánchez, trabaja en el Ministerio de Hacienda. Se afilió a la cooperativa en 1998. Tiene un saldo de más de ¢30 millones, que incluye ¢10 millones de capital social y el resto en ahorros. Los fondos están destinados para su jubilación. “Era para sostenerme en mi vejez”. Con 62 años, Sánchez explica que no se ha pensionado porque no aportó las cuotas durante los años que se dedicó a la crianza de sus hijas.
Sánchez, quien habita en Goicoechea, está a la espera de las decisiones colectivas que tomen los afectados, quienes se han organizado en grupos de WhatsApp. “¿De dónde saco yo la plata para pagar abogado?”, manifestó.
“Coopeservidores nos ha mentido, les confiamos nuestro futuro”
— Diana Irio, ahorrante de la cooperativa
Por su parte, Diana Irio Arce, de 30 años, inició su relación financiera con Coopeservidores en 2023 por el vínculo laboral de su mamá con la cooperativa, donde trabajó 20 años. Decidió invertir ahí después de confirmar que la entidad ofrecía la mejor tasa de interés para los depósitos en comparación con otras similares.
Irio, originaria de Cariari, Heredia, indicó que el monto ahorrado asciende a ¢40 millones, resultado de una indemnización por un accidente que sufrió. Con los intereses mensuales se mantenía económicamente ella y su hijo de 6 años.
“Esto (la intervención) fue una bomba, pensábamos que era una institución sólida, no hay certeza de nada. La verdad es que nos sentimos desprotegidos por el gobierno. Coopeservidores nos ha mentido, les confiamos nuestro futuro”, aseguró Irio. Señaló que analizan desarrollar una demanda colectiva, a la espera de conocer la entidad que va a absorber y el porcentaje de recorte a los ahorros superiores a ¢6 millones.
Carlos Siles Morales, de 29 años, contador y analista financiero, decidió colocar sus ahorros en Coopeservidores después de revisar los estados financieros de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). En ese momento, le convenció que la suficiencia patrimonial de esta cooperativa era de 16% cuando el promedio mínimo para considerarse en riesgo es de 10%, según la normativa vigente.
Siles, habitante de San José, tiene ahorros en la cooperativa por ¢13 millones. “No es justo que por una supervisión tardía por parte de la Sugef tengamos que sufrir los pequeños ahorrantes, porque no somos privilegiados, me atrevo a decir que la mitad son adultos mayores”, refirió. Espera conocer cuál será el porcentaje de recorte para desarrollar acciones colectivas ante las entidades correspondientes.
“No es justo que por una supervisión tardía por parte de la Sugef tengamos que sufrir los pequeños ahorrantes”
— Carlos Siles, contador y analista financiero.
Siles tenía previsto utilizar sus ahorros en inversiones personales y alimentar su fondo de retiro. “Ahora estamos a la deriva y lo más preocupante es que se menciona un recorte de hasta 50%”, declaró.
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Anabelle Hernández, de 63 años, con domicilio en Pavas, se pensionó en diciembre pasado luego de 32 años de laborar en el sector público. Se afilió a Coopeservidores en 2007 por los beneficios ofrecidos. Prefirió no detallar el monto de sus ahorros, pero confirma que es superior a los ¢6 millones. Está valorando participar en las acciones colectivas una vez que se conozca el porcentaje de recorte. “Lo queremos hacer comedidamente una vez que vayamos viendo los resultados del proceso”.
A.C., quien solicitó reservar su identidad, trabajó en Coopeservidores hasta hace cinco años y decidió depositar sus ahorros en la entidad hace siete. Asevera que fue constante escuchar que la entidad tenía una robusta salud financiera. “En las reuniones llevaban a los mejores economistas del país para demostrar que estaban bien”, dijo.
El saldo de ahorros de A.C., de 58 años, asciende a ¢57 millones en certificados de depósitos a plazo. “Estoy consternada, en shock, porque uno va leyendo y ve que esta situación se generó en 2016. Además, no nos dicen que solo están cubiertos ¢6 millones por la ley y que en caso de quiebra uno puede perder más del 20%. Ese tipo de cosas no se decían.
“Estamos a la deriva, no se sabe ni qué va a pasar legalmente”, lamentó. A.C., quien vive en Pérez Zeledón, también reclama por un préstamo de ¢500.000 que le fue aprobado días antes de la intervención y que se lo están cobrando, incluidos intereses moratorios, a pesar de que no se lo desembolsaron.
A.C. señala que a nivel colectivo están a la espera de cuál será el banco que asuma los activos y pasivos de la cooperativa para decidir acciones específicas. “Se ha hablado hasta de llevar el caso a los derechos humanos. Vamos a hacer un movimiento para contar lo que estamos pasando”, adelantó.
Los ahorrantes entrevistados mencionaron que hay varios grupos de WhatsApp habilitados donde mantienen comunicación sobre el desarrollo del proceso, el más reciente enfocado en asesoría legal.
