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En la sede de Aldesa, ubicada en Pinares de Curridabat, llegaron a trabajar hasta 120 personas. Hoy, tras un año del inicio de la crisis de liquidez, solo laboran 30 personas, la mayoría de las oficinas están vacías y la empresa encara una semana clave para pagar la millonaria deuda con sus inversionistas.
Este jueves 12 de marzo está previsto se conozcan dos decisiones claves sobre el futuro de la compañía, así como de los 600 inversionistas a los cuales la empresa adeuda $135 millones de los $200 millones revelados el 8 de marzo del 2019, cuando se solicitó la intervención ante el Juzgado Concursal por problemas de liquidez del negocio privado de la firma.
Primero, ese día se conocerá el peritaje sobre la viabilidad del plan de salvamento presentado por Aldesa en la vía judicial.
“El perito entrega el informe este 12 de marzo. Ese es el último paso. Si el perito dice que sí, lo que sigue es la apertura del procedimiento. Creo que estamos prontos a que el proceso comience”, destacó Javier Chaves, presidente de la Aldesa.
Guiza Pinchansky, vocera de un grupo de 120 acreedores, destacó que, en el último año, se enteraron por el proceso concursal de muchos problemas de los proyectos de inversión promovidos por Aldesa.
“La empresa cometió muchos errores al presentar la solicitud (de intervención judicial) y eso hizo que se durara casi un año para estar en admisibilidad, para ver si es posible que la empresa siga funcionando o no. Hay muy pocas esperanzas, cada vez con estas noticias estamos peor”, recalcó Pinchansky.
El otro proceso decisivo es la audiencia oral para discutir la medida cautelar de posponer o no el remate de 26 propiedades del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco en favor de Banco Lafise y Bancentro.
Chaves destacó que si el Juzgado permite el remate, un solo acreedor se carcome la garantía en perjuicio de la mayoría de los inversionistas.
Aldesa solicitó, en el 2008, un crédito de $10 millones a Lafise para el cual puso a responder propiedades del proyecto Monte del Barco. La operación tiene un saldo $5 millones, pero se dejó de pagar cuando se pidió la intervención judicial.
La entidad bancaria declinó referirse al fondo del caso, tras consultas enviadas por La Nación.
“La información crediticia de la empresa se encuentra protegida por el secreto bancario (…) como este caso se encuentra en un proceso en vía judicial, el banco no puede brindar mayores detalles al respecto hasta que se tenga una resolución en firme”, informó el Departamento Legal de Lafise.
La empresa financiera acudió a la vía judicial, el año pasado, por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones de un grupo de 600 inversionistas.
La primera solicitud de intervención judicial se presentó el 8 de marzo de 2019, pero el proceso nunca se abrió oficialmente porque la empresa no pudo notificar a todos sus acreedores.
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El segundo trámite se llevó al Juzgado Concursal el pasado 12 de agosto y está aún en la etapa previa a la apertura oficial.
En ambos casos, la firma planteó a los acreedores la suspensión de pagos por tres años, y una menor tasa de interés, mientras consigue finalizar los desarrollos y venderlos.
Estado del caso
De la deuda principal, Aldesa alcanzó acuerdos de pago por un monto de $65 millones con un grupo de 150 acreedores.
El principal acuerdo fue la entrega del proyecto inmobiliario Terra Verbena, por casi $50 millones, a un fideicomiso a favor de los inversionistas y que es administrado por Consultores Financieros (Cofín).
La iniciativa cuenta con el financiamiento de Banco Promérica y es desarrollado por la constructora Traesa, detalló Chaves.
Los otros acuerdos, por $15 millones, fueron la entrega del edificio de la sede de Aldesa en Curridabat; proyectos de la firma Graviton, especializada en energías renovables; y la propiedad Conde Montecristo, en Puntarenas.
Chaves contó que están por cerrar un acuerdo por $5 millones con los inversionistas de Terra Industrial, ubicado en El Coyol de Alajuela.
Además, en los próximos meses prevén finalizar la estructuración por $30 millones del proyecto inmobiliario La Balvina, en Alajuela, y una segunda segunda etapa de Terra Industrial.
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“La mitad del problema (financiero) de Aldesa es Monte del Barco y la otra mitad es la sumatoria de los demás proyectos. Esos otros proyectos estaban más rápidos y maduros que los del Monte del Barco. Por eso los hemos podido entregar antes de tiempo”, afirmó el empresario.
Del negocio supervisado, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) aún investiga 19 denuncias presentadas contra la empresa.
De estas, 17 se presentaron contra Aldesa Puesto de Bolsa y dos contra Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión.
“A la fecha todas esas denuncias superaron la fase de admisibilidad y han seguido el trámite que corresponde por ley, según el mérito propio de los hechos denunciados y la prueba aportada y recabada en cada caso”, detalló Lucía Fernández, jerarca de la Sugeval.
En el último año, la empresa bursátil liquidó nueve fondos de inversión financieros, lo cual significó la devolución de ¢1.878 millones y $20 millones a 1.200 inversionistas.
Aldesa solo mantiene en funcionamientos tres fondos. Se trata el Fondo de Inversión de Desarrollo Proyectos Monte del Barco, Fondo de Inversión de Desarrollo Proyectos Terra C y Fondo de Inversión Inmobiliario de Renta y Plusvalía No Diversificado.
ICT registra poco avance en 24 años de concesión a Monte del Barco
El proyecto Monte del Barco recibió la concesión, en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, el 23 de julio de 1996. Han pasado casi 24 años y los avances de construcción en el proyecto son prácticamente nulos.
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confirmó que están en la revisión de un nuevo plan maestro del proyecto, así como del cronograma de las obras.
“No ha habido avance (…) su etapa constructiva no ha iniciado, por lo que no hay efectos que evaluarle a esa etapa”, informó la entidad pública por escrito.
El desarrollo de Monte del Barco es clave para el futuro de Aldesa, pues esta iniciativa significa para la empresa más de $100 millones en compromisos adquiridos con acreedores.
De hecho, la aceptación de la intervención judicial, por parte del Juzgado Concursal, es clave para este proyecto turístico.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, confirmó que para finalizar la estructuración de esta iniciativa, que incluye dos hoteles y varios condominios, sí requieren de la protección judicial.
“Monte del Barco tiene un potencial de venta de $800 millones, es muy grande. De ahí saldrían muchos recursos para pagar a los acreedores”, aseguró Chaves.
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El ICT confirmó que de darse curso a la petitoria de Aldesa, en el proceso concursal, la Institución quedaría supeditada a la decisión del Juzgado.
Por ahora continúan el trámite de un proceso por el supuesto incumplimiento del contrato de la empresa, confirmó la entidad.
En julio del año pasado, la Junta Directiva del ICT acordó quitar las concesiones en el Polo Turístico Papagayo a la firma. Sin embargo, en octubre del 2019, devolvió los derechos de explotación, luego de que Aldesa presentara un recurso de revocatoria.
Las concesiones de tres propiedades públicas vencen el 23 de julio del 2046, confirmó el ICT.
Dichas autorizaciones fueron otorgadas a las empresas Inversiones Monte del Barco S. A. e Inversiones Goda S. A., propietarias del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Banco, que es de Aldesa Sociedad Fondos de Inversión (Aldesa SFI), administradora del proyecto turístico.
El proyecto Monte del Barco es una iniciativa de 420 hectáreas que incluye terrenos públicos y privados.
