El caso de Aldesa generó una avalancha de procesos sin resolver en el Juzgado Concursal en tan solo un año de abierto el expediente.

En enero del 2020, este órgano judicial tenía 83 escritos pendientes de diferentes empresas y personas con problemas financieros.

Sin embargo, en el mismo mes del 2021, el Juzgado reportó 714 escritos acumulados sin responder, de los cuales 611 corresponden al expediente de Aldesa, así lo informó Jennifer Isabel Arroyo, coordinadora del Juzgado Concursal, al Consejo Superior el pasado 11 de marzo.

“La inmensa cantidad de escritos que se aportan en este expediente y la imposibilidad de resolverlos ha generado una especie de bola de nieve en donde la cantidad de escritos pendientes de resolver es cada vez mayor, pues se acumulan los escritos que no se pudieron resolver el mes anterior con los ingresados en el nuevo mes”, enfatizó la funcionaria, según el acta 020-2021 del Consejo Superior.

Arroyo advirtió que se dirigen a un punto de saturación que afecta funcionamiento de todo el Juzgado.

“El ingreso de gestiones mensuales para el expediente 19-000127-0958-CI (caso Aldesa) es tres veces el circulante normal de ingreso de escritos que posee el Juzgado para todos los demás casos, es decir, solo este expediente ha triplicado la cantidad de trabajo”, destacó la jueza.

Antes de Aldesa, resolver alguna petición de partes involucradas en una proceso concursal tardaba, en promedio, 17 días.

Después de recibido este caso, los días para dar respuesta a alguna oposición, incidente o medida cautelar se elevó a 69 días.

“Preocupa aún más el hecho de que esta situación posee una tendencia al alza, pues el expediente se encuentra en etapas procesales iniciales”, destacó la empleada judicial.

A marzo pasado, en el caso Aldesa había 306 personas y empresas apersonadas en el convenio preventivo de acreedores.

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Sin embargo, Arroyo describió en su correo que habían peticiones y legalizaciones de otros afectados sin resolverse.

“Existen 344 escritos pendientes de resolver en el legajo principal y 267 escritos en el legajo de legalizaciones, para un total de 611 escritos pendientes de resolver para este solo expediente”, recalcó la jueza.

Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) reconoció a La Nación que la presa de trámites tiene un efecto sobre el plan de salvamento presentado por la empresa.

“La fila de legalizaciones dentro del proceso tiene un impacto sobre los tiempos de respuesta del Juzgado a cualquier gestión que tenga que ser resuelta por este y sobre el avance del convenio preventivo”, detalló la compañía por escrito.

La coordinadora del Juzgado Concursal se dirigió al Consejo Superior con el objetivo de que dicho órgano autorizara una nueva plaza de técnico judicial, para ayudar a tramitar los procesos pendientes del juzgado.

Sin embargo, el Consejo rechazó la petición por limitaciones presupuestarias, pero trasladó el caso al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Esta es una dependencia del Poder Judicial conformada por jueces cuyo fin es colaborar en la reducción de expedientes, sin importar la materia.

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El grupo empresarial de ACI, conformado por 44 sociedades, acudió al Juzgado Procesal, en marzo del 2019, y solicitó una intervención judicial para raíz de problemas de liquidez, proceso que no fue aceptado.

Posteriormente, la empresa pidió la conversión del caso en un convenio preventivo de acreedores, el cual sí fue abierto en mayo del 2020.

Hasta marzo de este año, la empresa reportó una deuda pendiente de pago de $222,4 millones con alrededor de 600 acreedores.

Entre los afectados están el Ministerio de Hacienda a la cual Aldesa adeuda $9,9 millones, en pago de impuestos, y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otros ¢290 millones, en morosidad de cuotas obrero-patronales.

Caso complejo

Arroyo aceptó que el caso Aldesa es un proceso sumamente complicado, con múltiples partes involucradas y se requiere el análisis de muchísima información.

“Este expediente se caracteriza por su enorme complejidad, el volumen y valor de los activos y además la gran cantidad de partes que se han apersonado y aún se están apersonando al proceso. Se han tramitado oposiciones, incidentes, medidas cautelares, realizado audiencias, entre otras múltiples gestiones”, aseguró la coordinadora del Juzgado Concursal.

La funcionaria destacó que este proceso no es el único de alta complejidad, pues aún están en trámite la quiebra de la Corporación Yanber; así como el convenio de la empresa Casa Blanca.

La jueza no es la única persona, involucrada en este caso, que reconoce limitaciones.

María José Vicente, curadora en este proceso, enfatizó en su dictamen que se enfrentó a restricciones en su análisis.

“El expediente 19-000127-0958-CI, es demasiado grande y es imposible entenderlo y hacer un dictamen únicamente leyendo el expediente”, explicó Vicente en su informe del pasado 3 de marzo.

La curadora detalló, en el oficio enviado al Juzgado Concursal, que recurrió a profesionales de otras áreas “para poder analizar con criterio técnico los estados financieros, tan complicados para el caso que nos ocupa”.