La amnistía tributaria, que se aplicó entre el 4 de diciembre y el 4 de marzo pasados, dejó réditos financieros al Ministerio de Hacienda; no obstante, la ministra de ese despacho, Rocío Aguilar, reconoce también que es una herramienta delicada.

La amnistía fue una medida, que incluyó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual exoneró del pago de intereses de las deudas correspondientes a los periodos fiscales anteriores del 1° de octubre de 2017. Además podían acogerse a la reducción de las sanciones asociadas a dichas obligaciones.

El monto recuperado en ese momento, por ¢224.330 millones, le dio un respiro a Hacienda y dejó dos réditos importantes: una menor presión sobre las tasas de interés y la recuperación de una suma que alcanzó el 91% del valor presente dela deuda, intereses y sanciones.

LEA MÁS: Gobierno recaudó ¢232.000 millones con la amnistía tributaria

El costo fue el monto condonado por intereses y sanciones que alcanzó los ¢194.687 millones y el riesgo de enviar una señal equivocada a los contribuyentes tributarios.

Beneficios

Según la información del Ministerio de Hacienda, el monto recuperado por la amnistía fue de ¢224.330 millones y el condonado de ¢194.687 millones, para un total de ¢419.018 millones.

Esos ¢419.018 millones es el monto que se hubiera recuperado en un plazo de 11 años, si todos los juicios se hubieran ganado y todos los deudores hubieran pagado en efectivo. Los juicios hubieran tenido un costo para Hacienda que no se ha estimado.

No obstante, no es lo mismo obtener ¢224.330 millones en tres meses que ¢419.018 millones en 11 años. Si se obtienen hoy se pueden invertir a una tasa de interés y obtener más recursos en el futuro, o visto de otra forma, si se quieren obtener prestados hoy en lugar del futuro hay que pagar una tasa de interés.

LEA MÁS: Impuesto de renta concentra el 88% de recaudación por amnistía tributaria

Por ello, si se trae a valor presente ese monto futuro, es decir, se calcula cuál es el valor de hoy que tiene el dinero que se recibiría en el futuro, resulta que lo que se recibió es el equivalente a haber recuperado el 91% del monto total (¢419.018 millones) en un plazo de 11 años.

Para esta estimación se utilizó una tasa de descuento del 12,89%, que es la tasa que aplicó la Tesorería Nacional en enero 2019 para las colocaciones de títulos valores a un plazo de 11 años. Esa es la tasa que Hacienda hubiera tenido que pagar por intereses para pedir prestados esos recursos.

Aguilar considera que este resultado es positivo porque generalmente no se recupera todo en los juicios, los procesos son costosos y tardan hasta 10 años y muchas veces no se logra recuperar el dinero en efectivo, sino que se recupera con una propiedad, por ejemplo, que hay que cuidarla, lo cual tiene un costo para Hacienda.

“Matemáticamente tuvo efectos muy positivos, no perdimos, porque lo que tenía era una expectativa, esto fue real, el costo de seguimiento de esos juicios son años, de años y de años”, dijo Aguilar.

“Esto le dio al Ministerio de Hacienda un monto de caja, de más de ¢200.000 millones, que le ayudó de manera importante a ordenar el mercado de deuda, porque cuando usted tiene un colchoncito, o un nivel mínimo de caja, usted puede definir si acepta todas las ofertas en la subasta o solo parte”, añadió Aguilar.

El proceso de la amnistía inició el 4 de diciembre anterior y concluyó el 4 de marzo. En ese periodo la curva soberana, que es un promedio de las tasas de interés pagadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, bajó, en algunos plazos entre 0,2 y 2,7 puntos, según el plazo, lo cual es un ahorro para Hacienda.

“Es un monto significativo, que permitió en ese momento, tan crítico, obtener recursos frescos, que le ayudaron a negociar en otros términos con los entes del mercado financiero y yo creo que eso ayudó primero, a que el Gobierno obtuviera liquidez y, segundo, a reducir los costos de obtener más liquidez”, comentó José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

“En el caso de la amnistía aprobada en la Ley 9635, esta efectivamente logró su objetivo de recuperar recursos en el corto plazo, ya que si se esperan todos los procesos de cobro posiblemente se tardaría años en ver los resultados y, además, se irían dando poco a poco y no necesariamente se recupera todo”, opinó Roxana Morales, coordinadora del Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Costos

No obstante, Morales, explicó que también las amnistías tienen un costo de imagen.

“Existe un reclamo de la ciudadanía sobre el por qué se otorga este tipo de beneficios, siendo que quienes más los aprovechan son grandes empresas que deberían estar cumpliendo puntualmente con sus obligaciones”, comentó Morales.

Aguilar reconoció que estas medidas pueden ser cuestionadas y, por ello, no es un instrumento que se pueda usar frecuentemente.

“Este es un ejercicio matemático, es un ejercicio de la conveniencia en una situación como la que estábamos de haber recibido eso en efectivo, eso no quiere decir que las amnistías sean moralmente buenas, por eso las amnistías son cosas muy extraordinarias que se hacen. La última que había hecho Costa Rica creo que tenía casi 20 años, no es que todo el mundo se va a esperar, ni tampoco era que cubría todo, los casos que ya estaban elevados a juicios, que eran fraude, no se incluyeron”, comentó Aguilar.

Cordero añadió que también se puede correr el riesgo de interpretar que el Ministerio no requiere más recursos futuros porque ya obtuvo el 91% de lo que pensaba.

“Es un arma de doble filo, bien que lo hayan recuperado, bien que sea un monto significativo, pero punto. El resto me abstendría de mencionarlo porque puede dar la impresión de que el Ministerio no esté tan urgido de recursos”, comentó Cordero.

Morales también advirtió que esta es una medida que solo ayuda a las finanzas en el muy corto plazo.

“Si el déficit fiscal sigue creciendo y si cada vez el país se endeuda más y a un mayor costo (tasas de interés más altas), el gasto público correspondiente al pago de intereses irá tomando un mayor peso dentro del presupuesto público y será más difícil alcanzar la sostenibilidad de las finanzas del Estado”, señaló.