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La contribución solidaria sobre las pensiones mayores a ¢2.296.000 de docentes y profesores universitarios, significarán un ingreso anual para el Gobierno de más de ¢20.000 millones, en los primeros 15 años.
Así lo detalla el estudio actuarial Flujo de Caja del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), de marzo anterior, elaborado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), del cual tiene copia La Nación.
El análisis es el primero efectuado desde que, en julio del año pasado, el Ministerio de Hacienda comenzó a realizar las deducciones a las personas que poseen una pensión de lujo, es decir, el equivalente a más de ocho salarios base del menor sueldo de la Administración Pública.
El estudio estimó que, para los próximos 15 años, es decir, hasta el 2036, la contribución especial será, en promedio, de ¢20.569 millones cada año.
Posteriormente, comenzará a reducirse a medida que se extingan los beneficios con el fallecimiento de la persona retirada, o el cónyuge que recibe la manutención.
El informe de Jupema determinó que el aporte solidario se aplica a 1.793 jubilados por el RTR, de un total de 45.165 pensionados.
El Departamento Actuarial de la Junta de Pensiones del Magisterio estimó que la contribución especial implicará una recaudación de ¢463.251 millones para Hacienda, por los próximos 70 años.
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Para precisar el monto, el estudio proyectó las contribuciones anuales de las próximas siete décadas, y los calculó en colones de diciembre del 2020.
El aporte solidario será equivalente, durante todo ese periodo, al 3% del gasto previsto en pensiones del RTR.
“Se considera que el equivalente a 3% del gasto proyectado resulta razonable, dado que a junio del 2021 representó 2,81% de los montos brutos otorgados por el RTR”, afirmó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La contribución obligatoria sobre las pensiones de lujo del Régimen Transitorio de Reparto se estableció, en diciembre del 2019, mediante una reforma legal aprobada en la Asamblea Legislativa.
La Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda informó que, una vez hecha la deducción solidaria, esta ingresa a la Caja Única del Estado.
“El Poder Ejecutivo deberá garantizar que dichos recursos se asignen para el pago oportuno de los regímenes especiales de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”, se detalló por escrito.
El RTR de los docentes se creó en 1992, cuando el Congreso cerró de manera definitiva 14 diferentes regímenes de jubilación, incluido el del Magisterio. Todos estos sistemas de jubilación se financian mediante el Presupuesto Nacional.
Los beneficiarios del fondo del Magisterio Nacional trabajaron para el Ministerio de Educación Pública y universidades estatales.
A estas personas, el Gobierno les efectuó, durante su vida laboral, las deducciones para el retiro. Pero nunca se constituyó el fondo de jubilación.
Posterior a 1992, los diputados fueron creando aportes solidarios a los pensionados de lujo de regímenes como el de Hacienda y Exdiputados, y el de Obras Públicas y Transportes.
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Sin embargo, no se hizo de la misma manera para los pensionados del Magisterio Nacional, a pesar de que representan más del 60% de los jubilados con cargo al Presupuesto Nacional y tienen la mayor cantidad de personas con pensiones altas.
De hecho, una excatedrática de la Universidad de Costa Rica ostentaba, en julio pasado, una pensión bruta (sin deducciones) de ¢14,4 millones mensuales, según datos del Ministerio de Hacienda.
Según dicha lista, hay 552 personas cuyo monto mensual de pensión supera los ¢5 millones, de los cuales 433 son de Jupema.
Distribución del aporte
El RTR cuenta con una contribución ordinaria de 8,75% sobre las pensiones mayores a ¢574.000 mensuales. El porcentaje se eleva hasta el 16% cuando la jubilación llega hasta ¢2.296.000.
Para este año, ese aporte regular será de ¢34.800 millones, según el Presupuesto Nacional del 2021.
En el caso del aporte solidario, la reforma del 2019 estableció una tabla de contribución de seis tramos sobre el excedente de la deducción ordinaria.
De esta manera, del exceso de ¢2.296.000 y hasta los ¢2.870.000, se cobrará una tasa de 25%. Sobre el excedente de los ¢2.870.000 y hasta los ¢3.587.500, se cobrará 35%.
Los rangos se elevan tanto en monto de pensión como porcentaje de contribución, hasta llegar a una tasa del 75% sobre el exceso de los ¢7.006.835 y hasta el monto total del beneficio de la persona.
Por ejemplo, a una persona cuya pensión es de ¢5.526.938, se le imponen los primeros cuatro tramos, por lo cual su contribución solidaria mensual es de ¢1.371.627.
Esteban Bermúdez, actuario de Jupema, explicó que para este año, de los ¢20.545 millones previstos de contribución solidaria, el 40% será hecho por 338 pensionados cuyo beneficio es superior a ¢5,5 millones al mes.
El monto se prevé que sea de ¢8.218 millones, según el informe de Jupema.
“El aporte de los 1.635 pensionados con pensiones nominales menores a ¢5,5 millones sería cercano al 60%, es decir, ¢12.327 millones”, recalcó Bermúdez.
Pese a que las personas con las pensiones más altas concentran un monto relevante de la contribución especial, el estudio encontró que al aplicar las tasas de contribución más altas, la deducción termina siendo marginal.
Esta situación ocurre porque la misma ley estableció la prohibición de efectuar deducciones por encima del 55% del beneficio bruto. Porcentaje que la Sala IV estableció en el 50%, en mayo pasado.
A los pensionados del RTR se les aplica la contribución ordinaria, el aporte solidario y el impuesto sobre la renta.
“A las pensiones superiores a ¢5,5 millones mensuales les aplicó que el total de deducciones por ley no podía ser superior al 55% del monto bruto de la pensión, lo que se redujo a 50% según criterio de la Sala IV. Estos cambios limitaron el impacto recaudatorio del aporte solidario en las pensiones de estos montos”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de Supén.
En el estudio de flujos actuariales se prevé que la última cotización solidaria se recibirá en el 2087, año en que se prevé se otorgue el último beneficio.
