La decisión de retirar la propuesta del FMI, para negociar un plan equilibrado, implica un retraso en la opción del Gobierno para obtener un financiamiento por $1.750 millones con este organismo y lo obliga a buscar con urgencia opciones de financiamiento para el 2021.

El eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo implica una nueva fuente de recursos para el Poder Ejecutivo, sino también una carta de compromiso del país, ante los tenedores de deuda e inversionistas, de la aplicación de reformas.

Elian Villegas, jerarca de Hacienda, recalcó que para lograr dichos objetivos primero se requiere el espacio de diálogo con sectores sociales para buscar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la consolidación fiscal.

“En este momento, lo más importante, más que concentrarnos en un crédito determinado, es enfocarnos en la posibilidad de ver el país como un todo y generar las condiciones para lograr el acuerdo nacional para seguir adelante mediante el diálogo”, afirmó el funcionario.

Para el economista Vidal Villalobos, de no aclararse pronto la actual situación del futuro del acuerdo con el FMI, el país enfrentará complicaciones para encontrar el financiamiento de sus necesidades, el próximo año y los subsiguientes.

“Si se retrasa el alcanzar una solución se deterioraría, aún más, la imagen financiera del Gobierno y con ello el cierre de fuentes alternativas de financiamiento”, afirmó Villalobos.

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Freddy Quesada, gerente general de INS Valores, destacó que, si no hay acuerdo con el FMI, la consecuencia será que el mercado podría exigir mayores tasas de interés a Hacienda.

Para el próximo año, el Ministerio de Hacienda requiere colocar deuda por ¢6,2 billones, es decir, el 54% de los ¢11,4 billones de gasto previsto en el Presupuesto Nacional. Los restantes ¢5,2 billones saldrán de recaudación tributaria, según las previsiones de la entidad.

Posibles opciones

Villegas reconoció que, desde la semana anterior, están en conversaciones con tenedores de deuda interna para buscar, mediante mecanismos del mercado de valores, opciones que logren reducir la presión en el Presupuesto Nacional del 2021.

El pago del servicio de la deuda pública, amortización e intereses, está entre los compromisos más fuertes del Poder Ejecutivo, pues debe cancelar ¢4,8 billones el próximo año. De dicho monto ¢2,7 billones son intereses y ¢2,1 billones vencimientos, según datos de Hacienda.

Del lado de los vencimientos, el 60% del pago previsto se concentra durante el segundo semestre del 2021.

El jerarca de Hacienda confirmó que una de las opciones, tal como este 2020, es el uso de la figura de los canjes de deuda que permitan al Gobierno obtener mejores condiciones en tasa de interés y plazo.

Durante el último megacanje, en setiembre pasado, la Tesorería Nacional logró refinanciar ¢215.000 millones y $103 millones.

Otra de las opciones es que el Ministerio de Hacienda realice una renegociación de deuda interna con inversionistas institucionales como fondos de pensiones, bancos y entidades públicas no financieras.

Dicha medida, en caso de darse, implicaría una posible afectación para tenedores de bonos que puedan verse afectados por la negociación.

“Tiene que tratarse con mucho cuidado, tendría que ser voluntario y bien estructurado de forma que no se afecte a los inversionistas, en ese sentido debería estar al alcance del mercado y que sea cada inversionista el que analice y decida su participación”, afirmó Freddy Quesada, gerente general de INS Valores.

El mismo jerarca de Hacienda considera poco probable acudir a la herramienta de la renegociación, para la mejora del flujo de caja y los plazos de la deuda pública.

“No podemos como Estado ir a imponer condiciones a los tenedores de deuda porque podría provoca un default selectivo. Eso es algo que el Estado no quiere y que a Costa Rica no le conviene”, enfatizó Villegas.

El impago selectivo es cuando se decide reestructurar solo una parte de la deuda del país, y se afecta a una porción de los tenedores de bonos.

Otra opción para el Gobierno es solicitar una nueva autorización al Congreso para la colocación de deuda externa.

Dicha opción permite evitar una presión al alza de tasas de interés en el mercado local. Pero implica que el Ejecutivo solicite una autorización a los diputados.

“Dado que los eurobonos deben de ser aprobados por la Asamblea Legislativa, su aprobación sin ajuste fiscal, ya sea en el marco de las negociaciones con el FMI o no, es poco viable. Además, el ajuste es necesario para que en caso de hacer esta colocación los intereses que se vayan a pagar sean más bajos”, aseguró Agatha Gutiérrez, analista de Mercado de Valores de Costa Rica.

Los préstamos con organismos multilaterales, como los utilizados durante este año, son otra herramienta de financiamiento público.

Sin embargo, para el economista Alberto Franco son una opción que podría frenarse, por el clima de crispación de días recientes.