EscucharLa Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reprendió a la Gerencia de Pensiones por los más de 15 meses acumulados de atraso para la conformación de un grupo técnico para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El informe AFINPE-116-2022, del pasado 14 de diciembre, catalogó de preocupante el poco avance en las gestiones de la institución, pese a que la Junta Directiva de la Caja ordenó realizar la convocatoria a diversos sectores sociales el 12 de agosto del 2021, para lo cual se dio un plazo de seis meses.
“Los resultados de la evaluación permitieron evidenciar que la Gerencia de Pensiones no ha iniciado con las actividades que faciliten una discusión a nivel país, donde compete a todos los sectores sociales desarrollar estrategias de financiamiento del costo asociado al envejecimiento poblacional y el fortalecimiento del IVM dentro del contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, se destacó en el documento.
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La Auditoría consideró que la actuación de la Caja no ha sido oportuna y señaló carece de un cronograma de plazos y metas.
Adicionalmente, la fiscalización encontró una falta de seguimiento a seis recomendaciones para fortalecer el IVM hechas por la mesa de diálogo nacional, en el 2017.
La Auditoría Interna consideró que no cumplir con el desarrollo total de las acciones encomendadas “también repercute de forma negativa en el funcionamiento del sistema de control interno y en el fortalecimiento del fondo”.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, reconoció los atrasos en la creación del grupo técnico para proponer reformas estructurales. Detalló que aún falta nombrar a los representantes de los trabajadores y patronos.
En ese sentido, el funcionario confirmó que el Gobierno, la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya designaron sus delegados.
“Para finales de marzo prevemos la primera reunión de trabajo y ahí entraría el inicio de la discusión país sobre el fortalecimiento del sistema de pensiones nacional”, afirmó Barrantes.
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El jerarca añadió que la discusión tendría como eje principal los modelos de financiamiento para la vejez, en especial, para los adultos mayores que no cuentan con una pensión de ningún régimen básico.
“El grupo pondrá sobre la mesa ajustes más de estructura entre cargas sociales, impuestos, el Régimen No Contributivo y el destino de los recursos de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional conforme vaya cayendo (el número de beneficios)”, agregó.
Sobre las recomendaciones dadas en la mesa de diálogo del 2017, Barrantes afirmó que la mayoría con impacto en los ingresos al IVM fueron ejecutadas y que solo quedó pendiente el proyecto de ley para trasladar al régimen el aporte de 0,25% de los trabajadores al Banco Popular. Esta propuesta sigue en la corriente legislativa, pues se requiere una reforma legal.
Sin embargo, sí se archivó la propuesta de redirigir al fondo de pensiones ¢60.000 millones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), destinados para viviendas sociales.
