EscucharLa decisión unilateral de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de elevar el aporte estatal al IVM de 0,58% a 1,24% provocó un incremento de la morosidad del Gobierno con el fondo, en vez de una mayor la recaudación, como lo tenía previsto la institución autónoma.
El pendiente de pago del Estado con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) reportó un saldo de ¢462.146 millones, es decir, el equivalente al 14,7% de la reserva del sistema, al cierre del 2021, que ascendió a ¢3.129.375 millones. Mientras que en el 2015, previo al acuerdo de los directivos, la mora era de ¢12.228 millones, o sea, el 0,7% del patrimonio del sistema de jubilaciones que en ese momento era de ¢2.035.815 millones, según el informe Deuda del Estado con IVM 2015-2021, elaborado por la Dirección Financiero Administrativa del a Gerencia de Pensiones, del cual tiene copia La Nación.
“Esta deuda se empezó a acumular, y ser importante, a partir del incremento de la cuota del Estado de 0,66 puntos (de O,58% a 1,24%) que se aprobó para el financiamiento entre la diferencia que aporta la persona y la pensión mínima. La contribución es para las personas cuya cotización queda muy cerca del monto de la pensión mínima, o quienes quedan muy largo”, reconoció Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
El acuerdo de elevar la cotización estatal se aprobó la Junta Directiva de la CCSS, en julio del 2016, y empezó a regir en setiembre del mismo año. La aprobación se dio en medio de un fuerte rechazo con el Gobierno Central porque se hizo sin que mediara una negociación y sin consultar al Poder Ejecutivo.
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El IVM se financia por una contribución tripartita de trabajadores, patronos y el Estado. El Ministerio de Hacienda se encarga de hacer el aporte estatal al fondo de pensiones. El monto trasladado cada año es un porcentaje de los salarios reportados a la Caja. El dinero se obtiene del pago de impuestos y la colocación de deuda.
Actualmente, el aporte estatal es del 1,41% y subirá a 1,57% a partir del próximo año. El porcentaje alcanzará un máximo de 1,91%, en el 2029, tal como se acordó en la reforma al régimen en el 2005.
Medidas inconscientes
Tres exjerarcas de Hacienda, consultados por La Nación, coincidieron en que la Caja toma decisiones arbitrarias, poco transparentes en los cobros que implican una fuerte presión para las finanzas del Gobierno Central. Así lo expresaron por separado Helio Fallas, Rocío Aguilar y Elian Villegas.
“Las finanzas públicas no estaban en capacidad de financiar el aporte dictado. Sabíamos que el dinero era para favorecer a la gente más pobre, pero son decisiones que deben tomarse en conjunto. Al final, el acuerdo (de la Caja) lo que hizo fue generar un aumento en la deuda”, sostuvo Fallas.
Además, el exfuncionario recordó que, parte de los problemas con la entidad autónoma, son la poca claridad en los cobros, pues la Tesorería Nacional encontró, en el periodo 2014 y 2018, montos duplicados en una revisión en la deuda histórica.
Rocío Aguilar, quien asumió la dirección de Hacienda al finalizar el gobierno de Luis Guillermo Solís, recordó que ella fue a la Caja a proponer un arreglo de pago por el aumento unilateral de la contribución estatal, pero le rechazaron la oferta. La Administración previa no había incluído, en el Presupuesto Nacional del 2017 y 2018, los recursos.
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“Siendo ministra de Hacienda, me fui a la Junta Directiva de la Caja porque sí incorporé los recursos para el 2019. Pero había que incorporar los montos de los años precedentes, un pago escalonado para que la obligación quedara cubierta. Llevé una planificación para hacer el pago por varios años, pero la propuesta no fue aprobada. No aceptaron el pago como lo propuso Hacienda”, sostuvo Aguilar.
La exministra, quien actualmente dirige la Superintendencias de Pensiones (Supén), recalcó que las decisiones de la la CCSS implican contingencias al Estado. “El riesgo fiscal más alto que tiene el Estado es precisamente el de pensiones. La Caja en vez de hacer otros ajustes paramétricos, se decantó por el aumento de las cuotas. Incluso mantuvo por muchos años las jubilaciones anticipadas”, recalcó.
Por su parte, el exjerarca Elian Villegas sostuvo que la Caja presupuesta anualmente un determinado monto de ingreso estatal y, si al cierre del periodo el dinero no ingresa, lo catalogan como morosidad. “La institución factura, pero las facturas deben revisarse. Entonces eso fue lo que se hizo, se pagó hasta revisar con exactitud el cobro”, recalcó.
Villegas criticó a la Contraloría General de la República porque le permite a la CCSS convertir un presupuesto en un pasivo. “Los incrementos unilaterales en momentos de situación fiscal complicada, como en los últimos años, se deben negociar con el Estado. La Caja debe tener presente que es parte del Estado costarricense, no puede asumir que la autonomía le da para hacer lo que quiera”, subrayó.
¿Por qué sube tan rápido?
El informe de la Gerencia de Pensiones muestra que el pendiente de pago estatal crece, de manera acelerada, porque se da una combinación de aportes no efectuados y de multas de intereses atrasados.
El componente más relevante en el impago, muestra el documento, es la cuota de Estado como tal. También hay un incremento en aportes anuales del Gobierno por trabajadores independientes, aseguradores voluntarios y contribuciones estatales de instituciones como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Defensoría de los Habitantes.
“La deuda total del Estado con el Régimen IVM inició, en el 2015, con una cifra de ¢12.228,2 millones, sin embargo; para el 2021, la deuda finalizó en ¢462.146 millones (...) Es otras palabras, en un periodo de seis años la deuda se incrementó en más de 38 veces de lo que inicialmente se tenía en el 2015″, se detalla en el estudio de la CCSS.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la entidad, subrayó que la situación fiscal de las finanzas públicas, a raíz de la pandemia de la covid-19, influyó en que el monto se incrementara en los últimos dos años.
Por ejemplo, la contribución del Estado como tal, sin realizar en el 2020, fue de ¢136.172 millones y, para el 2021, subió a ¢151.556 millones. En el caso de los trabajadores independientes fue de ¢34.000 millones y ¢71.000 millones, respectivamente.
