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Las entidades financieras, las operadoras de pensiones complementarias (OPC), los puestos de bolsa y los fondos de inversión comenzarían a contribuir en un porcentaje mayor en el financiamiento de Sugef, Supén y Sugeval, respectivamente, a partir del 2024.
En tanto que las aseguradoras empezarían a efectuar aportes para financiar los gastos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), del 2022 en adelante.
Así se detalla en una reforma normativa propuesta por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que se envió a consulta por un plazo de 10 días hábiles, el pasado 25 de setiembre.
La norma prevé un incremento gradual en el pago de la tarifa que efectúan las instituciones financieras, de pensiones y bursátiles a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Actualmente, estas entidades aportan, en conjunto, el 20% del presupuesto anual de cada superintendencia que los fiscaliza. Mientras que el Banco Central traslada el restante 80%.
Sin embargo, la reforma al Reglamento para regular la participación de los sujetos fiscalizados en el financiamiento del presupuesto de las superintendencias plantea llevar la contribución al 50%, en el 2027.
En el caso de Sugese, el plan dispone que las entidades supervisadas empiecen a contribuir el 10% del presupuesto de esta superintendencia, en el 2022, y se eleve cada año, hasta alcanzar el 50%, en el 2027.
El objetivo de la medida es que, al final del periodo de gradualidad, las entidades supervisadas y el Banco Central sufraguen, cada parte, la mitad del presupuesto anual de las superintendencias y el Conassif.
La decisión se fundamentó como una medida para brindar equidad en el financiamiento de las superintendencias y para reducir las pérdidas del Banco Central.
“Es importante destacar que, en la experiencia internacional, el modelo predominante es uno en que los regulados financian el 100% de los costos de la supervisión”, dijeron las cuatro superintendencias por escrito.
Alberto Dent, presidente del Consejo, explicó que el incremento en la contribución de las superintendencias se estableció en la reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, en octubre del 2019.
Esta legislación se modificó como parte del proceso de integración de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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“La tarifa es fijada por ley y va a subir del 20% al 50% en un periodo de cuatro año. La ley se varió precisamente para garantizar el financiamiento”, explicó Dent.
El jerarca detalló que cuando la ley se reformó no había pandemia; pero esperaría que cuando la normativa entre en vigencia no estén los efectos de la crisis sanitaria.
Sin embargo, María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), criticó que las legislaciones y regulaciones aprobadas, en los últimos años, han hecho del sistema bancario de Costa Rica uno de los menos rentables de América Latina.
“Sin lugar a dudas, el incremento en la contribución para dar contenido presupuestario a la Sugef y el Conassif suma a una realidad ya complicada”, afirmó Cortés.
Rocío Aguilar, jerarca de Sugef y Supén, destacó que la transferencia de costos a los clientes, por el alza en la contribución, es una decisión que compete a cada entidad fiscalizada.
“No debe perderse de vista el valor público que representa para el Sistema Financiero, la supervisión”, expresó Aguilar.
Costos y ahorro
Para determinar el aporte a las entidades fiscalizadas, a la superintendencia respectiva se estableció como máximo el 2% de los ingreso brutos anuales de cada entidad supervisada, o el 0,1% sobre el monto de la emisión, en el caso de emisores no financieros.
El presupuesto de las cuatro superintendencia y Conassif asciende este año a ¢30.987 millones, de los cuales el cobro del 20% ascendió a ¢5.269 millones, según datos del Banco Central.
La Sugef es la entidad con el mayor presupuesto, pues este es de ¢13.561 millones.
En Sugeval el gasto previsto para este 2020 es de ¢5.828 millones; en Supén, de ¢5.645 millones; en Sugese, de ¢4.410 millones; y en Conassif; de ¢1.543 millones.
Por otra parte, el Presidente del Consejo destacó que continúan con el proceso de revisión de los costos de la operación de las superintendencias.
“Estamos estudiando la posibilidad de integrar servicios comunes, con la intención de bajar costos”, afirmó Dent.
Además, destacó que nombrar a Rocío Aguilar como jerarca de Sugef y Supén es otra medida en la dirección de la búsqueda de eficiencia.
