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Un total de 20 cantones recibieron, en los últimos cinco años, el 67% de los 58.163 bonos de vivienda otorgados por el Gobierno, es decir, casi 39.000 de estos subsidios.
A esa veintena de municipios, todos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), se dirigieron ¢330.983 millones, entre el 2015 y el 2019, en ayudas estatales, lo cual significó el 66% de la inversión de ¢497.625 millones para dicho periodo.
Así se detalla en la información sobre beneficios formalizados con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fusovi), por distritos y cantones del país, dados a La Nación, por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Los datos brindados por la entidad pública muestran que, en el periodo analizado, las localidades de Pérez Zeledón, San Carlos y Pococí fueron las que más beneficios recibieron.
En estos tres municipios se otorgaron casi 13.500 bonos, estos fueron por ¢102.000 millones en el último lustro, según los datos del Banhvi.
En tanto, Desamparados, Cartago y San José fueron los cantones de la región central del país que más bonos recibieron en el último lustro. En total fueron 788, 733 y 548 beneficios, respectivamente.
La concentración de bonos de vivienda en las áreas rurales ocurre pese a que, los 31 cantones del GAM tienen el 55% del déficit habitacional del país, cuyo total asciende a 802.000 viviendas, según el informe Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano 2018, hecho por Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi).
Un menor costo de la tierra, familias con terreno propio para construcción, y personas con los requisitos para ser beneficiarios son las principales razones que generan una mayor concentración de recursos y bonos fuera del GAM, coincidieron jerarcas gubernamentales, investigadores e instituciones financieras autorizadas para otorgar bonos.
Irene Campos, ministra de Vivienda, dijo que trabajan en opciones para brindar vivienda en el Gran Área Metropolitana, pero reconoció que los costos para desarrollar proyectos en esta región es abismal, comparado con las zonas rurales.
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Los recursos para financiar los programas de vivienda social provienen del Presupuesto Nacional, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Junta de Protección Social (JPS), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el impuesto a casas de lujo.
El sistema cuenta con una serie de programas especiales para personas con discapacidad, adultos mayores, hogares en pobreza extrema, familias indígenas y clase media.
Para obtener el subsidio estatal, el núcleo familiar debe contar con ingresos mensuales de entre ¢270.000 y ¢1,6 millones. En cuanto menor sea el ingreso, mayor el aporte estatal.
Hay dos tipos de bonos de vivienda el más usado es el ordinario, cuyo monto promedio es de ¢7,1 millones y se da a las personas que cuentan con un propiedad. Esta modalidad representa el 80% de subsidios otorgados cada año.
También está el beneficio conocido como bono del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Están destinados a familias de escasos recursos que carecen de propiedades.
Dichos proyectos son hechos por entidades financieras y el costo promedio en el país ¢19 millones. Pero en el GAM sube a ¢33 millones cada casa, según el Banhvi.
Razones de concentración
Para Franklin Solano, investigador de Fuprovi, la alta concentración de bonos y recursos en zonas rurales se debe a mayores facilidades de acceso a terrenos para construcción.
“El costo del terreno es lo que marca el acceso a la vivienda en Costa Rica. En las zonas rurales hay un predominio de familias que heredaron terrenos y los desarrolladores acuden a comprar propiedades porque la tierra es más barata”, explicó el especialista.
Solano es el coordinador del Informe Nacional de Vivienda y Desarrollo Humano realizado, por Fuprovi, que analiza el mercado de estos inmuebles en el país.
En tanto, Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banhvi, coincidió con el investigador en que hay una mayor disponibilidad de terreno para la construcción fuera del GAM, lo cual afianza el desarrollo en estas regiones.
También destacó que en los cantones con concentración de beneficios hay más cantidad de población que cumple con los requisitos para optar por un bono.
“Hay coincidencia entre las localidades con mayor nivel de pobreza y donde se otorgan más bonos de vivienda”, destacó el jerarca.
Hidalgo dijo que, en la política pública dictada por el Ministerio de Vivienda, hay una meta de generar un impulso de renovación urbana en el GAM, mediante edificación en vertical.
“La mejor forma de lograr este objetivo es buscar terrenos que tengan condiciones óptimas para la construcción de un edificio y de usar la infraestructura pública existente. Por ejemplo, en el sector de Sagrada Familia se desarrollan este tipo de proyectos”, enfatizó el funcionario.
Predominio de mutuales
La concentración de bonos de vivienda fuera del GAM también tiene el componente de mayor presencia de entidades autorizadas ubicadas en estos lugares, destacó el jerarca del Banhvi.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) y Grupo Mutual son las que más influyen en dicho fenómeno.
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Por ejemplo, el año pasado ambas instituciones colocaron la mitad de los casi 13.000 subsidios de vivienda.
Eugenia Meza, gerente general de Mucap, destacó que las mutuales son instituciones especializadas en vivienda y con lo cual la atención de familias se da de “manera natural”.
Meza destacó que cantones como Pérez Zeledón, San Carlos y Pococí han generado un desarrollo económico, en los últimos años, con lo cual se estimula el empleo y la vivienda de interés social.
En tanto, Guiselle Villalobos, directora de Colocación de Grupo Mutual, comentó que en las zonas rurales hay una mayor concentración de población que cumple con los requisitos para obtener un beneficio. Mientras que el precio más elevado de la tierra en el GAM sube el valor de los inmuebles.
Entrevista con Irene Campos
Ministra de Vivienda: ‘La diferencia (en costos) del GAM es abismal’
Irene Campos, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, contó que trabajan con municipios del Gran Área Metropolitana (GAM) en busca de soluciones innovadoras que buscan resolver la carencia de vivienda en esta región del país.
La jerarca reconoció que el alto costo de la tierra en la región central del país impide un mayor uso de los subsidios individuales, los cuales representan el 80% de todos los otorgados al año.
- Tanto en el GAM como en las zonas rurales hay muchas familias en pobreza, pero los bonos de vivienda se concentran fuera del Gran Área Metropolitana. ¿Hay forma de hacer la repartición de bonos equitativa por región?
- Los fondos para los bonos de vivienda vienen de Fodesaf y la ley indica que el 60% de los recursos se otorgan por bonos ordinarios y el 40% se pueden otorgar a través de proyectos.
"La ley marca una tendencia porque en la Gran Área Metropolitana, en primer lugar, el suelo no está disponible y con ¢7,1 millones (de bono ordinario) es muy difícil tener una vivienda. De bonos ordinarios se otorgan en promedio 9.000 al año, entonces ya ahí hay una tendencia, pues es para las familias que tengan lote o la posibilidad de un crédito para comprar lote.
“El costo promedio de cada vivienda desarrollada en un proyecto, en el Área Metropolitana, anda entre los ¢29 y ¢33 millones de cada unidad habitacional. La diferencia (en costos) del GAM es abismal".
- Ante este panorama y teniendo en cuenta que el GAM tiene el mayor déficit habitacional, ¿cuáles son las opciones para dar una respuesta a las necesidades?
- Trabajamos desde la política pública lo que denominamos instrumentos de gestión de suelo. Entonces eso permite habilitar suelo en el Área Metropolitana.
"También hemos firmado convenios con municipalidades de todo el país, pero particularmente donde hay asentamientos informales en la GAM. Con los municipios iniciamos la ubicación de esos lugares, en qué tipo de terreno está, si es estatal, privado o de riesgo, y diseñamos con el gobierno local la solución para estos asentamientos.
“Por otra parte, desarrollamos un tipo de proyecto denominado 4 en 1, porque es un edificio con cuatro pisos. Pretendemos buscar terrenos en el GAM donde solo cabe un edificio y diseñamos, en un plan piloto, un par de edificios de este tipo, para tener un prototipo de bajo costo y asequible para clase media baja”.
- ¿Esta es una iniciativa para hogares de ingreso medios?
- Esta dirigida a familias con ingresos de ¢500.000 en adelante (...) trabajamos con estas familias para que logren el acceso a la vivienda. Si el bono individual lo combino con crédito le logro llegar al Área Metropolitana y las familias pueden tener acceso a un costo adecuado.
- Por las características de costos por región, ¿han analizado diferenciar el subsidio estatal por región, donde el monto del bono sea mayor en las zonas donde la tierra es más cara?
- Le voy ser sincera, no. No hemos analizado una diferenciación de los subsidios de un lugar a otro. Si en el subsidio de extrema necesidad, en el Área Metropolitana, la vivienda cuesta ¢30 millones y estamos claros de dicho costo, se da el subsidio de ¢30 millones.
“Pero si el proyecto está en Sarapiquí, donde conocemos los precios, no vamos a dar un subsidio de ¢30 millones. Se da uno de ¢20 millones, cuando es un proyecto habitacional. En bono ordinario eso no ocurre, dado que le monto es menor”.
