Las instituciones públicas no financieras redujeron su superávit (exceso de ingresos totales sobre gastos totales) en los primeros meses del 2020 debido al golpe que la pandemia asestó a sus ingresos. Esto agrava el problema de las finanzas del Gobierno Central.
En su Informe Mensual de Coyuntura a noviembre, el Banco Central explica que el superávit del resto del sector público no financiero bajó de un monto equivalente al 1,8% de la producción en los primeros nueve meses del 2019, a 1,1% de la producción entre enero y setiembre del 2020.
En la clasificación de “resto del sector público no financiero” se incluyen entidades que proveen bienes y servicios definidos por el Gobierno y empresas que realizan las actividades comerciales y productivas pertenecientes al Estado o controladas por éste.
Para medir el superávit del resto del sector público no financiero se considera una muestra de seis entidades: la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El resultado del resto del sector público, más el del Gobierno Central y el del Banco Central generan el resultado del sector público global reducido, el cual en los primeros nueve meses del año fue de 5,8% de la producción interna, mayor al 3,1% del mismo periodo del año anterior.
¿Por qué es importante la reducción del superávit?
La reducción en el superávit de este conjunto de entidades complica el problema que ya tiene el país en las finanzas públicas, y que se manifiesta en el fuerte déficit del Gobierno Central.
“Tenemos es un superávit que se achica y no sabemos si va a continuar así en el transcurso de los años, o si en ese periodo hay entidades que ganan, pero hay otras que pierden. Las entidades que puedan ser eventualmente deficitarias por cualquier motivo, terminan solicitando siempre al Ministerio de Hacienda algún tipo de rescate, de apoyo, de financiamiento para llenar un vacío, sobre todo si es momentáneo”, explicó José Francisco Pacheco, economista y exviceministro de Hacienda.
“En segundo lugar, una reducción del superávit también podría significar menos recursos disponibles por parte del sector público para financiar el mismo déficit (del Gobierno Central)”, añadió Pacheco.
Las entidades que tienen superávit generalmente lo invierten en bonos del Gobierno, por lo tanto, si hay menos superávit hay menos recursos para invertir en estos valores.
Si esas entidades pueden invertir menos en bonos del Gobierno, el Ministerio de Hacienda tendría que buscar recursos del sector privado, lo cual le resta recursos para la producción y repercute en la reactivación de la economía.
¿Por qué las entidades tienen menos ingresos?
A las entidades consideradas las ha afectado la pandemia, como le ha sucedido a las empresas privadas.
El Banco Central indica en su informe que todas las entidades públicas de la muestra han tenido caída en los ingresos, pero especialmente la CCSS, Recope y la JPS. El Banco no da cifras por entidad; sin embargo, en conjunto los ingresos de las instituciones consideradas disminuyeron de ¢5,3 millones de millones a ¢4,8 millones de millones, una reducción de 9,4%.
De acuerdo con información suministrada por la gerencia financiera de la CCSS, en el caso de esta entidad, si se unen el Seguro de Salud y el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) los ingresos globales al 30 de de setiembre del 2019 y 2020 aumentaron un 2%. Pero hay algunos renglones con caídas como el de cuotas particulares, el cual bajó un 2%, unos ¢36.000 millones en el periodo señalado.
“Dentro de los factores que han influido a la reducción de los ingresos, de acuerdo a los estados de resultados del Seguro de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte a setiembre 2020, sería las reducciones efectuadas a las bases mínimas contributivas aprobadas por la junta directiva, como disposiciones adoptadas por la institución ante la crisis que vive el país debido a la pandemia de la covid-19. Lo anterior tiene su efecto en el concepto de cuotas particulares las cuales corresponden a las cuotas de las instituciones del sector público y privado, y cuotas de trabajador independiente y asegurado voluntario, donde se aprecia una reducción en comparación con setiembre del 2019″, indicó la gerencia en una respuesta escrita.
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En el caso de Recope, también las acciones tomadas por la pandemia, golpearon sus ingresos.
La empresa informó que los ingresos por ventas, principal fuente de financiamiento, bajaron 31% si se comparan los primeros nueve meses del 2020 (¢819.369 millones), con respecto al mismo periodo del 2019 (¢1.192.927 millones).
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Por medio de una respuesta escrita, el área técnica explicó que la reducción en los ingresos obedece a dos factores: por un lado la disminución en el volumen de las ventas y por otro la reducción en los precios.
En volumen la disminución fue de 540.562 miles de litros (20,8%) en el periodo señalado debido a la baja en la demanda en el consumo de combustible por la pandemia que obligó al Gobierno Central a implementar medidas especiales, con un impacto importante en el comportamiento de compra de los usuarios, entre ellas: restricción vehicular sanitaria a nivel nacional, cierre de fronteras, regulación del transporte público, aplicación de la modalidad de teletrabajo en el sector público y privado, ajuste de operaciones de líneas aéreas, medidas sanitarias aplicadas al sector turismo, especialmente en las playas y confinamiento de la población.
Respecto a los precios, el precio de venta promedio bajó ¢38,62, al pasar de ¢448,24 precio promedio por litro a setiembre del 2019 a ¢409,62 a setiembre del 2020.
“En el tema precios debe tomarse en cuenta que mediante la aprobación de la Ley 9.840 se congelaron los precios de la gasolina por tres meses de este año, autorizando a la empresa a realizar una trasferencia de fondos a Hacienda, por el diferencial de precios establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)”, añadió Recope.
Por otro lado la suspensión de los sorteos de la lotería debido a la pandemia también redujeron los ingresos de la JPS.
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En setiembre pasado, la entidad informó que las utilidades presupuestadas para el 2020, sin el efecto de la covid-19, ascendían a ¢38.000 millones. Con covid-19, se calcula que descenderán a ¢26.000 millones. Se consultó de nuevo a esta entidad para actualizar su situación pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
Recientemente (el 15 de diciembre) el ICE también informó que registró una pérdida de ¢81.000 millones al tercer trimestre de este año respecto al mismo período del 2019 por el impacto de la pandemia y la devaluación del colón frente al dólar.
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Según la entidad, producto de los efectos de la pandemia en el consumo de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, el nivel de ingresos del ICE muestra una disminución de ¢55.000 millones en comparación con el mismo período de 2019.