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Los principales jerarcas vinculados con los temas de pensiones en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prevén que la reforma planteada al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) quede aprobada este mismo año.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, espera que en el seno de la Junta Directiva de la institución se consigan los votos necesarios para tomar la decisión destinada a garantizar el pago de las pensiones actuales y de futuros jubilados.
En tanto que Jaime Barrantes, gerente de Pensiones; Ubaldo Carrillo, director de Pensiones; y Guillermo López, director de la Dirección Actuarial; explicaron las razones técnicas de la urgencia de avalar los cambios propuestos para alargar la vida, hasta el 2053, del principal sistema de jubilación de Costa Rica.
Los altos funcionarios de la institución autónoma se refirieron al tema, este 2 de junio, durante una sesión técnica sobre pensiones en la cual explicaron las principales características de la reforma enviada a consulta pública el pasado 20 de mayo.
“Patear la bola sería lo más fácil y lo más irresponsable. Nosotros tenemos que garantizar las pensiones de los actuales pensionados y de las futuras generaciones”, destacó Macaya.
El Presidente de la entidad dijo que estudiarán y cualificarán las propuestas enviadas durante este proceso de socialización el cual finaliza en julio.
“En lo que está en la cancha de la Junta Directiva tenemos que actuar con disciplina y responsabilidad (…) Prevería que se llegue a un voto en la Junta para tomar la decisión este mismo año”, recalcó Macaya.
La Directiva de la CCSS está integrada por nueve miembros en representación del Gobierno, empresarios y el sector social.
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El plan en consulta establece eliminar la pensión anticipada para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas.
Actualmente, las mujeres se pueden retirar a los 60 años, con 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.
También se promueve modificar la fórmula de cálculo de la pensión para que se tomen como base los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años, en vez de un promedio a valor real de 20 años de cotización.
Además de modificar la postergación, para que el porcentaje adicional del 1%, por cada año cotizado sea después de 25 años de pertenecer al régimen, en vez de los actuales 20 años.
Si se aprueban los cambios, la sostenibilidad del fondo del IVM se garantiza al menos hasta el 2053, en vez del 2037, año previsto en que se acabe la reserva del régimen en las actuales condiciones.
Cambios necesarios
El Gerente de Pensiones de la CCSS explicó que cuando se creó la pensión anticipada, en la década de 1970, no se estableció un financiamiento para dicho beneficios, lo cual tiene un impacto en la sostenibilidad del régimen.
Además, no se previó el aumento de la esperanza de vida en el país, con lo cual cuando una persona se retira a los 60 años o 62 años, puede recibir una pensión hasta por más de 20 años.
“La eliminación gradual del retiro anticipado permite que las personas cerca de jubilarse no sean afectadas. Entonces la idea es que a partir del 2025 se aumentaría la edad anticipada de retiro, para hombres y mujeres, en un año. Así seguiría hasta que, en el 2030, todos se pensionen a los 65 años”, aseguró Barrantes.
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Para Ubaldo Carrillo, director de Pensiones, la reforma busca evitar tocar la reserva del IVM, lo cual implica una solidaridad intergeneracional, pues garantiza una pensión a los retirados actuales y quienes se jubilen en el futuro.
A diciembre del 2020, el saldo de la reserva ascendió a ¢2,38 billones.
Los funcionarios de la institución autónoma confirmaron que, desde el 2012, se hace uso de los intereses generados de las inversiones para pagar las pensiones mensuales.
Sin embargo, la pandemia de la covid-19 provocó que, el año pasado, se utilizaran la totalidad de las ganancias de las inversiones, es decir, ¢200.000 millones. Para el 2021, la proyección es utilizar un monto similar.
“El sistema es (hoy) capaz de cumplir solo con el 48% de las promesas de pago de pensiones, o sea, que no tiene la solvencia para garantizar el beneficio a todo la población en un periodo de proyección de 100 años”, recalcó Guillermo López, director Actuarial de la CCSS.
López añadió que la reforma será gradual y se inicia hasta en enero del 2025, por lo cual las medidas no serán de aplicación inmediata.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A febrero, contaba con 305.835 beneficiarios de una pensión.
