EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reanudó la discusión para reducir el monto de las pensiones más bajas otorgadas por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La institución debatió este tema entre el 2017 y el 2018, pero nunca tomó una decisión.
Ahora, desde la institución administradora del principal sistema de retiro de Costa Rica se insiste en que el piso de las pensiones mínimas sea equivalente al 45% del salario mínimo y no del 50% que rige actualmente.
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La iniciativa fue presentada por la Dirección Actuarial de la Caja, el pasado 26 de agosto, como una opción para reducir el gasto en pago de pensiones este año y en 2022. Esto porque la pensión más baja, hoy en ¢136.865, se calcula en referencia a la base mínima contributiva (BMC) la cual se incrementará en los próximos años hasta alcanzar el salario mínimo legal.
“Dada la afectación que han experimentado los ingresos, como producto de la pandemia, ese incremento en el gasto resulta totalmente inconveniente por cuanto en el corto plazo ejerce una mayor presión sobre el flujo de efectivo, mientras que en el largo plazo afecta la sostenibilidad financiera”, se argumenta en el estudio de la Dirección Actuarial, expuesto a la Junta Directiva de la Caja, del cual tiene copia La Nación.
En la evaluación se estimó el egreso adicional en ¢4.000 millones y ¢15.000 millones, en el 2021 y el próximo año, respectivamente, al mantener la pensión mínima en el 50%.
Sin embargo, no se efectuó ningún análisis del impacto para 127.815 jubilados y para quienes se retiren en el futuro, al bajar en cinco puntos porcentuales la pensión mínima, es decir llevarla al 45% de la BMC.
Si la medida se aprobara hoy, el beneficio mínimo del IVM sería de ¢125.113, es decir ¢11.752 menos, respecto al monto actual. Esto implicaría también disminuir el beneficio a los jubilados actuales.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, reconoció que no hay claridad en las repercusiones de la iniciativa para el asegurado, por lo cual la Junta Directiva solicitó más análisis antes de tomar una decisión.
“Ese es un tema ligado a la base mínima contributiva que irá subiendo a futuro. Entonces la Dirección Actuarial presentó una valoración para que, en lugar del 50% sea de un 45%, para que a futuro la pensión mínima no suba tan rápido. Pero está en proceso de análisis y no hay nada aprobado”, dijo Barrantes.
El jerarca añadió que la Directiva también pidió evaluar si la pensión mínima requiere un ajuste, pues actualmente representa el 49,2% de la BMC.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) declinó brindar una explicación del efecto de la iniciativa, al tratarse de una propuesta aún en construcción.
Mientras que para el exsuperintendente Édgar Robles, la modificación del piso de la pensión mínima sí tendrá un efecto en las personas que reciben la cuantía más baja.
“Lo que están queriendo hacer, es que las pensiones más bajas no se ajusten en el mismo porcentaje del salario mínimo contributivo, es una forma de afectar a los menos favorecidos”, dijo Robles.
Propuesta polémica
El cambio planteado en específico modifica el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. En ese apartado se establecen la cuantía mínima y máxima del sistema de retiro. Sin embargo, el plan solo se refiere a las jubilaciones más bajas que recibe el 44% de los 314.484 beneficiarios.
La cuantía más alta de ¢1,6 millones, donde está menos del 1% del total de pensionados, no se modifica.
La iniciativa resultó controversial en el mismo seno de la Directiva de la Caja, máximo porque ese órgano aprobó, el pasado 12 de agosto, modificar la fórmula de cálculo de las pensiones futuras que implicará una reducción de entre un 5% y un 7% del monto de jubilación. Además de eliminar la pensión anticipada para los hombres y subir la de las mujeres a partir de los 63 años, en vez de los 60 años.
Luis Guillermo López, director de la Dirección Actuarial de la CCSS, explicó durante la sesión de Junta que el problema con las pensiones mínimas es que, conforme la base mínima de cotización crezca, se elevará el monto de las jubilaciones más bajas.
“Lo que estamos haciendo es bajando un piso para que no nos amarre el comportamiento del salario mínimo legal y la base mínima contributiva a tener que hacer ajustes mucho mayores, de los que el régimen no está en posibilidad de hacer. Los ajustes se continuarán haciendo reconociendo inflación, siempre que las condiciones lo permitan. (...) La lógica del ajuste es que las pensiones mínimas no se disparen”, dijo López.
Una vez realizada la propuesta, el director José Luis Loría criticó la propuesta de la Dirección Actuarial, porque en los últimos años y por la pandemia no hubo un ajuste en la pensión mínima.
“Los estudios técnicos-actuariales, que son muy matemáticos, presentan una situación del régimen al día de hoy. Pero uno quisiera saber cuáles son las consecuencias de esa reforma para quienes estén con la pensión mínima. Hablamos de que bajar del 50% al 45% significará un congelamiento de las pensiones por muchos años, porque los aumentos (por inflación) son pequeños. Pero si se baja la base, el efecto será congelar pensiones”, afirmó Loría durante la discusión.
La directora Martha Elena Rodríguez, representante del sector sindical en la Directiva, dijo que era el peor momento para presentar el tema, dado la reciente reforma aprobada por la entidad.
“No tengo claro lo que la administración quiere con esta propuesta. No hemos pasado todavía la situación con la reforma al régimen de pensiones de la Caja; hay un malestar generalizado en la población por ese tema y ahora vamos a decirle a la gente, a los trabajadores más vulnerables, que les vamos a disminuir (la pensión). Con esa propuesta de pensión mínima se está precarizando”, dijo Martha Elena Rodríguez, representante del sector sindical en la Junta, según consta en el acta 9.002.
Jorge Luis Araya, representante del sector patronal en la Directiva, pidió que se evalúe cuál sería el impacto para la sostenibilidad del IVM de no reducir la pensión mínima.
“¿Será un impacto mínimo, adelanta algún momento crítico de manera particular o si hay algún ejercicio más allá del 2022? No tengo un criterio claro con relación a este tema. Me gustaría saber si es urgente o si puede esperar”, comentó Araya en la sesión.
El IVM es el sistema de jubilación más grande de Costa Rica. A julio pasado contaba con 314.484 beneficiarios los cuales generaron un egreso por ¢764.872 millones, en el pago de pensiones y por la atención médica. Al sistema cotizan 1,5 millones de trabajadores y 88.000 patronos.
El sistema contaba con una reserva de ¢2,95 billones a mitad de este año, según los estados financieros del fondo.
Actualmente la contribución al régimen es equivalente al 10,66% del salario de cada trabajador. El patrono aporta 5,25%, la persona 4,17% y el Estado 1,41%.
