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Eliminar la pensión anticipada y modificar la fórmula de cálculo de las jubilaciones futuras son los ejes principales de la propuesta elaborada por la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La iniciativa, presentada a la Junta Directiva de la institución este martes 11 de mayo, no incorpora un aumento en el aporte obrero-patronal y del Estado, confirmaron a La Nación los directivos José Luis Loría y Marielos Alfaro. También lo ratificó el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes.
En el plan de fortalecimiento expuesto a los directivos se recomienda aprobar un artículo transitorio que otorgue un periodo mayor para la aplicación de los cambios.
En la propuesta se señala que las nuevas reglas de jubilación se comienzan a aplicar a partir del 2025. La Sala IV establece como periodo mínimo, después de una reforma en pensiones, un plazo de 18 meses.
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Las modificaciones, aún en discusión, tienen el objetivo de fortalecer el fondo de pensiones y brindarle al país un periodo, de al menos 15 años, para efectuar una discusión nacional con el objetivo de incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento del IVM.
Con los cambios, el momento en que la reserva del régimen se agota se trasladará al 2052, en lugar del 2037, tal como se estableció en el último estudio actuarial de julio del 2019.
La Directiva de la Caja solicitó a la Gerencia de Pensiones ejemplos prácticos de cómo los cambios afectarán el monto de la jubilación a futuro de más de 1,5 millones de trabajadores, previo a tomar cualquier decisión sobre cambios.
“Se pidió información extra porque necesitamos saber de cuánto será el impacto de las medidas en la pensión del trabajador (al momento del retiro). Es decir, no lo tenemos claro porque el estudio se hizo con salarios promedios y no casos individuales”, explicó Loría.
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Alfaro destacó que el informe presentado incorpora las observaciones de diversos sectores sociales, como trabajadores y empresarios.
“Tenemos toda la fundamentación y estudios técnicos, pero no ejemplos concretos del impacto para un trabajador del segmento de ingreso medio, otro de menos ingreso y de ingreso más alto. Y cómo influye en cada medida en lo que recibirá la persona al final de su vida laboral”, enfatizó la representante del sector empresarial.
Por su parte, Barrantes confirmó que la Junta no terminó el análisis y se continuará en próximas sesiones, con la inclusión de la petición de los directivos.
Este sistema es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan más de 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A febrero, contaba con 305.835 beneficiarios de una pensión.
La propuesta
La recomendación de la Gerencia de Pensiones hecha a la Directiva de la CCSS propone suprimir la pensión anticipada y establecer la edad de retiro a los 65 años, con un mínimo de 300 cuotas, para todos los trabajadores.
Actualmente, las mujeres pueden adelantar su jubilación a los 59 años y 11 meses, con 450 cuotas; y los hombres a los 61 años y 11 meses, con 462 cuotas.
La idea es que la modificación sea gradual, es decir, que a partir del 2025, la edad de retiro anticipada se incremente en un año cada 12 meses, hasta llegar a los 65 años con lo cual el beneficio se extingue.
José Luis Loría, representante del sector cooperativo en la Directiva, dijo que se analiza un tema de género en esta medida, pues actualmente la mayoría de las mujeres se jubilan a los 65 años, y son pocas las que efectúan adelanto de pensión.
En el caso de la fórmula de cálculo del beneficio, el plan contempla modificar el salario de referencia para la pensión para que se estime con los últimos 25 años de sueldos reportados, en vez de los últimos 20 años como se hace con las reglas vigentes.
La Gerencia de Pensiones también pidió modificar el salario de ubicación. Este es un indicador que permite a la institución determinar si el monto de jubilación será equivalente al 52,5% o el 43% de los últimos cinco años de sueldos reportados.
La reforma mantiene la distribución porcentual de los rangos de pensión, pero propone que la cuantía de la jubilación sea equivalente al promedio de los salarios reportados en 25 años, traídos a valor presente.
Por último, la Gerencia de Pensiones no recomendó elevar la cotización obrero-patronal y estatal al IVM, sino que se mantenga la escala actual de gradualidad que llevará el aporte tripartito del 10,66% actual, hasta el 12,16%, en el 2029.
Barrantes confirmó que en la propuesta final no se incluyó un aumento en la contribución, pero la decisión final será de los directivos.
En el plan inicial de fortalecimiento al IVM, presentado en agosto del 2020, la Gerencia sí había incorporado dos escenarios en los que el aporte al régimen llegaba al 15,16%, en el 2047.
Estaba previsto que la reforma al sistema de jubilaciones se aprobara en el primer semestre del 2021. Sin embargo, la atención de la pandemia de la covid-19 atrasó la discusión en la Junta Directiva.
Los cambios se hacen más urgentes dada la caída reportada, en el último año, en los ingresos al fondo y la necesidad de usar la totalidad de los intereses de las inversiones para pagar el beneficio mensual a los actuales jubilados.
Dicha situación generó que, en el 2020, se reportara el nivel más bajo de crecimiento de la reserva de los últimos nueve años. A diciembre anterior, el saldo ascendió a ¢2,38 billones, es decir, tuvo un incremento de apenas 3,83%, comparado con el mismo periodo del 2019.
Cada mes, la Gerencia de Pensiones toma ¢25.000 millones mensuales de la reserva para hacerle frente a los gastos del IVM.
