EscucharCinco compañías estatales reportaron, a diciembre del 2021, una deuda acumulada de ¢45.246 millones de ganancias no entregadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el pago de jubilaciones de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.
La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, informó a La Nación de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el principal moroso con el 60% del saldo total, es decir ¢27.134 millones. La compañía estatal fue enviada a cobro judicial, confirmó José Alberto Acuña, director Financiero Administrativo de Pensiones.
Las otras compañías estatales con montos pendientes son el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco Nacional y Correos de Costa Rica las cuales en conjunto adeudan ¢18.112 millones.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) estaba entre las entidades en mora con un monto pendiente de ¢1.563 millones, por utilidades no distribuidas del 2013 y 2014. Sin embargo, llegó a un arreglo de pago en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial, en abril del 2020, y canceló el pendiente, detallaron la Caja y la Refinadora por separado.
La discrepancia entre la Caja y las empresas públicas acumula varios años. El conflicto se inició por la forma en que la Caja calculaba el aporte. El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador estableció, desde 2012, la contribución del 15% sobre las utilidades por parte de las empresas públicas del Estado, y la Caja empezó a efectuar los cobros un año después.
La falta de precisión de la norma hizo que la Gerencia de Pensiones dictara el monto por pagar con base en la utilidad bruta, es decir, antes del pago de impuestos porque así lo recomendó la Dirección Jurídica, dijo Acuña.
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En el 2018, se reformó la legislación para precisar las compañías que deben efectuar la transferencia de recursos y se estableció que era sobre ganancia neta, o sea, después del pago de tributos. Las empresas que deben hacer la contribución son Recope, INS, BCR, ICE, Banco Nacional, Correos de Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
“Antes de esa ley (del 2018), la Dirección Jurídica sostuvo que al no especificar la norma que el tipo de ganancia, se debía cobrar sobre utilidades brutas y así se hizo. La Caja registró y cobró sobre utilidades brutas, pero algunas empresas pagaron por ganancias netas y por eso se acumula la deuda hasta el 2018″, explicó el director Financiero.
Acuña corroboró que, posterior al 2018, la mayoría de las empresas públicas transfieren el porcentaje de sus utilidades netas al fondo de pensiones monto que asciende a ¢140.000 millones. La única excepción es el ICE.
Cobro millonario
La Gerencia de Pensiones de la Caja confirmó que el ICE es la única empresa estatal que desde el primer momento se opuso a efectuar aportes al IVM. Precisamente dicha negativa hizo que, en el 2017, presentaran una demanda contra la institución ante el Juzgado Especializado de Cobro Judicial.
El monto reclamado en dicha vía es por ¢7.450 millones que incluye ¢1.690 millones de principal, más ¢5.760 millones en intereses y multas, según los estados financieros del IVM. Sin embargo, Acuña confirmó que presentarán otro proceso judicial por el monto pendiente de pago, es decir, ¢19.684 millones.
“El ICE no ha pagado desde el principio, se negó a pagar cualquier cantidad. Ya hubo sentencia en el cobro judicial a favor de la Caja y ahora va de nuevo a cobro judicial y hemos pedido que se le inmovilice el presupuesto (...) y que se incluyan las partidas que debe, dentro del presupuesto, para que pueda pagar”, aseguró el funcionario.
La Dirección Jurídica del ICE confirmó, por escrito, que no ha realizado la transferencia de recursos porque existe una contraposición entre lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador y las normas legales por las cuales se rige la entidad, es decir Ley de creación del ICE y Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
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“Este aporte al IVM debe hacerse sobre las utilidades netas. Sin embargo, el ICE es una Institución que no genera utilidades, sino excedentes que (...) deben ser capitalizados como reservas de desarrollo y utilizados para atender sus necesidades. El ICE procedió en varias ocasiones a indicar la situación jurídica que se presentaba. Sin embargo, la CCSS instauró un proceso de cobro judicial (...) sin antes resolver los aspectos de fondo asociados a la contraposición legal explicada”, argumentó el Instituto.
La empresa pública detalló que interpuso un incidente de nulidad de competencia contra la Caja, para que el proceso sea resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
“A la fecha se espera la resolución de la apelación por parte del Tribunal Civil como superior del Juzgado Especializado de Cobro”, afirmó la compañía.
Adicionalmente, el Instituto objeta que en el cobro efectuado por la CCSS se incluyen las empresas subsidiarias del ICE, lo cual es improcedente, se indica en sus estados financieros.
Por su parte Acuña insistió en que ya hubo una sentencia a favor de la CCSS por parte de los tribunales de justicia en un primer proceso de cobro judicial, por lo que la obligación se tiene por reconocida desde el punto de vista jurídico.
Resto de deudas
La Gerencia de Pensiones confirmó que la deuda del BCR, por utilidades no repartidas, era de ¢9.241 millones a diciembre anterior, monto correspondiente a cobros previos al 2018. Además se incluyen pendientes de pago Bancrédito, entidad absorbida por la entidad.
Rossy Durán, gerenta Corporativa de Finanzas del Banco de Costa Rica, aseguró que la Caja no ha efectuado ningún cobro administrativo. “La discrepancia (con la deuda) es en la forma de cálculo del aporte”, aseguró la funcionaria.
La entidad financiera sí efectúa, a partir del 2018, la transferencia del 15% sobre las utilidades netas. También confirmó que, este mes de marzo, trasladará ¢11.481 millones al IVM de las ganancias del 2021.
En el caso del INS, la deuda pendiente de pago ascendió, a diciembre pasado, a ¢3.716 millones, según la Caja.
Luis Fernando Monge, gerente de la aseguradora pública, comentó que desconocen el monto adeudado. “El INS siempre ha sido responsable de pagar todos sus compromisos y obligaciones”, subrayó.
La Dirección Jurídica del Instituto estableció, en el 2019, que la entidad no debía efectuar la transferencia de parte de sus utilidades al IVM previo a la reforma del 2018, para no incurrir en el vicio de retroactividad.
Además, la Procuraduría General de la República sostuvo, en el criterio vinculante C-200-2020, que cálculo de la contribución debe hacerse sobre las utilidades netas generadas a partir del ejercicio económico del 2019.
La Dirección de Relaciones Institucionales del Banco Nacional informó, este lunes 7 de marzo que, entre 2013 y 2019, mantuvieron sobre la fórmula de cálculo de esta contribución parafiscal. “No obstante, el BNCR siempre efectuó, bajo protesta, el pago reclamado por la CCSS”, argumentó la entidad.
Además, subrayó que la entidad no tiene registro de ninguna deuda o pago pendiente por realizar al IVM.
* Nota del redactor. Este artículo se actualizó, a las 4:20 p.m. del 7 de marzo, para incluir la posición del Banco Nacional.
