Cinco proyectos con préstamos por $716 millones tienen un desempeño crítico

Los recursos fueron otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el EximBank, de China, con el objetivo de realizar mejoras viales y de abastecimiento de agua. Sin embargo, en el documento de evaluación, publicado en febrero pasado, se detalla que estos cinco planes presentan los mayores problemas de ejecución de un total de 23 proyectos.

Cuatro de los programas corresponden al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y se enfocan en alcantarillado, saneamiento y abastecimiento de agua potable en distintas zonas del país. La otra iniciativa corresponde a la rehabilitación y ampliación de 107 kilómetros de la ruta 32, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Adicionalmente, había un sexto programa en la lista a cargo del AyA para financiar el tratamiento de aguas residuales en Palmares, Jacó, Quepos y Golfito. Sin embargo, el gobierno decidió renunciar a ese crédito por su baja ejecución en setiembre del 2023.

Para catalogar una iniciativa como crítica o roja, Hacienda considera un promedio del desempeño de diversos indicadores distribuidos en cuatro dimensiones: financiera (equivale al 30% del ponderado), de seguimiento (30%), tiempo (30%) y la valoración de un profesional experto (10%). Aquellos con un resultado por debajo de 60% global entran en esta categoría roja o crítica, en una metodología de semáforo donde las de buen resultado se establecen en verde (de 80% a 100%) y en amarillo las que están por encima del 60% y hasta el 79,99%.

Algunos otros programas que se encuentran en categoría de “alerta” (amarillo) y cuentan con créditos externos son Hacienda Digital, que tiene un desempeño del 72,22% o el Proyecto Geotérmico Borinquen I, a cargo del ICE, con una nota del 77,63%.

Otros con buen desempeño (verde) son la Ampliación Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del Conavi (82,47%) o el de Infraestructura de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con un 82,83%.

A diciembre del 2023, la cartera vigente estaba compuesta por 24 créditos externos que financian 23 programas o proyectos de inversión. El financiamiento aprobado asciende a un equivalente de $4.100 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR)

El pasado miércoles 10 de julio, La Nación envió consultas al AyA y a Conavi sobre el avance en las obras rezagadas y si han pagado comisiones de compromiso por el bajo progreso. Ese mismo día también se le preguntó a Hacienda sobre los riesgos de los proyectos en esa condición y de perder los desembolsos del dinero. Empero, hasta el momento de esta publicación, no se recibió respuesta de ninguna institución.

AyA presenta ‘pobre desempeño’

En algunos de los proyectos con desempeño crítico que administra el AyA, la Dirección de Crédito Público (DCP) de Hacienda, destaca el “pobre desempeño” en el avance de las obras.

Por ejemplo, el programa de Agua y Saneamiento de Zonas Costeras mostró una evolución del 3,14% sobre los $111,13 millones del financiamiento firmado con el BCIE. Según Hacienda, uno de los desafíos para este año es “comprometer mayores recursos del préstamo” que se firmó en mayo del 2019.

La Contraloría General de la República informó de que el AyA ha solicitado prórrogas en tres de los seis créditos que ejecuta y tiene dos de los tres financiamientos con mayor plazo de ejecución y mayor desfase respecto al contrato, según se reseña en el informe Comportamiento de los créditos externos que financian proyectos de inversión a diciembre 2023.

En tanto, el exjerarca de Hacienda Elian Villegas recalcó que el AyA ha tenido “serias deficiencias” en la ejecución de empréstitos para infraestructura, algo reconocido por organismos internacionales.

En 2023, el ente rector del agua dejó perder un crédito por $399 millones con el BCIE para desarrollar el megaproyecto Orosi II. Unos meses después, en setiembre, el Ministerio de Hacienda renunció a un crédito por hasta $88 millones para financiar el tratamiento de aguas residuales en Palmares, Jacó, Quepos y Golfito por la “pésima ejecución” de los recursos.

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El Programa de Abastecimiento de Agua Potable del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón es el más longevo de los 23 programas de inversión financiados mediante endeudamiento externo. Iniciado en el 2008, ampliado en el 2013 y replanteado en el 2018. Esto, además de que ha generado mayores pagos por comisiones de compromiso.

“La gestión de proyectos que el AyA refleja es preocupante y reafirma los resultados del reciente informe de la CGR, en el cual se identificó que el diseño y la gestión del portafolio de proyectos de inversión que realiza la institución no permite priorizar ni garantizar la atención de problemáticas actuales y futuras”, destacó el órgano contralor.

Ampliación de ruta 32

Hacienda destacó que, a diciembre pasado, la rehabilitación y ampliación de la ruta 32 también tenía un desempeño crítico, con una valoración general del 44,4%.

Según la entidad pública, las obras con más rezagos fueron los retornos y los intercambios de la carretera, aunque la construcción también reportó avances por debajo de lo programado.

Un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), que tiene a su cargo la supervisión de los trabajos de la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC), señala que, al 31 de marzo de este año, el plan tenía un avance del 88,2% y presentaba un progreso de 0,8% al mes.

Este año, el Conavi otorgó una quinta prórroga a la constructora para entregar las obras, trasladando la fecha prevista para la finalización del 15 de marzo del 2024 al 28 de mayo del 2025. Tanto la UNOPS como Hacienda señalan que los plazos se han extendido por atrasos en la liberación de propiedades en proceso de expropiación.

El EximBank, acreedor del préstamo por $296 millones con el que se concluye la carretera, exigió a Conavi presentar un cronograma de expropiaciones y relocalización de servicios, así como el cronograma de construcción de los trabajos pendientes y un borrador de acuerdo comercial entre CHEC y la Administración con respecto a la finalización. El pasado 11 de julio, el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) explicó en una conferencia de prensa que se reunirían con el Ministerio de Hacienda para revisar el documento y posteriormente remitirlo al EximBank.

Falencias continuas

Elian Villegas explicó que la construcción pública presenta problemas típicos de rediseño de obras, cambios en contratos e inconvenientes de planificación que pueden retrasar los procesos y afectar el desempeño de los programas.

“El ordenamiento jurídico permite ampliar temas en obras que no se consideran inicialmente e incrementan plazos. En Costa Rica hay problemas de preinversión, y es necesario pensar en cómo impulsar una cartera de proyectos a largo plazo independiente del gobierno en turno”, opinó.

Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, coincidió y señaló que en muchas ocasiones las instituciones piden créditos para desarrollar proyectos que aún no tienen un diseño bien definido, lo que rezaga el inicio de las obras e incluso puede implicar cambios en el camino.

Según el informe Comportamiento de los créditos externos que financian proyectos de inversión a diciembre 2023, de la Contraloría General de la República (CGR), la mayor parte de los empréstitos al cierre del año anterior contabilizan seis años de proceso de ejecución.

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Tanto Villegas como Rodríguez dijeron que la baja ejecución y el mal desempeño “hacen al país perder credibilidad” frente a los bancos de desarrollo, lo que afecta las condiciones para acceder a financiamiento en el futuro y puede obligar a tener condiciones más estrictas antes de acceder a un préstamo.

Villegas recordó que estos endeudamientos, además de tener que pagar tasas de interés, pueden incluir cobros de comisiones de desembolso y de compromiso, en caso de que no se utilice la línea de crédito en el período determinado.