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Jackeline Alvarez tiene 44 años y dos hijas. Ella vive en Matina de Limón, en la parte trasera de un lote que su madre tomó en precario hace 15 años. Como no tiene el título de propiedad del terreno, no puede solicitar un bono de vivienda, pero ella tampoco conoce los trámites que debería hacer.
Su principal ingreso son ¢40.000 de una beca de estudio de su hija, pero la última vez que recibió la ayuda fue en diciembre del año pasado, porque al terminar el curso lectivo le dieron para octubre de este año la cita para renovar los documentos.
Mariana Alfaro Navarro vive con ¢40.000 quincenales, tiene 25 años y es vecina de Liberia. Una beca escolar le permitió estudiar y ser técnica en Farmacia, aunque todavía no consigue trabajo en su carrera.
Ella no ha logrado obtener un bono de vivienda porque aparece en el núcleo familiar de la mamá, aunque asegura que ya no es así. Ha viajado a San José con sus hijos para hacer los trámites, pero no lo ha logrado.
Las barreras que perciben Jackeline y Mariana ante las ayudas estatales las comparten muchos ciudadanos del país.
Así quedó plasmado en la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos que realizó la Contraloría General de la República y que publicó el pasado 3 de mayo.
Según dicha encuesta, en el caso de las becas educativas, casi la mitad de los ciudadanos las desconocen, y un porcentaje parecido percibe que es difícil conseguir una. En el caso de becas, se entrevistaron a 1.099 personas.
En el caso de los bonos, Daniel Sáenz, gerente de la Secretaría Técnica de la Contraloría, explicó que se entrevistaron a 1.090 personas, de las cuales un 48% indicó que ellos o algún familiar cercano realizaron la solicitud de vivienda o bono de vivienda.
De las personas que indicaron que ellos o algún familiar realizaron el trámite, un 41% informó de que pagó para que le hicieran los trámites y el 74% consideró que es difícil obtener un bono.
Sobre la encuesta
La encuesta la coordinaron profesionales en estadística de la Contraloría y se aplicó del 12 al 23 de febrero del 2018, vía telefónica, a la ciudadanía de todo el país.
Sáenz explicó que se utilizó un muestreo simple al azar y que la mayoría de preguntas son de carácter dicotómicas (excluyentes entre sí. El nivel de confianza es del 95%, con un margen de error de tres puntos porcentuales.
Para la selección de la muestra de la ciudadanía, se contó con tres tipos de marcos muestrales: teléfonos residenciales, teléfonos celulares pospago y teléfonos celulares prepago.
¿Qué enseñanazas deja?
Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, y Franklin Solano, investigador de la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi), hicieron algunas observaciones a los resultados. Señalaron que este tipo de estudios son un llamado para que las instituciones mejoren la comunicación y los trámites.
“Me parecen muy reveladores (los resultados) y una fuerte llamada de atención para que las instituciones mejoren sus estrategias de comunicación en un tema relevante, siendo que en los últimos años la inversión en este tema se ha duplicado y es un importante esfuerzo que se está haciendo para atender necesidades reales”, comentó Román.
Añadió que en los últimos 15 años, el presupuesto para becas se ha expandido 5,3 veces.
En la educación general básica, las principales becas son las que otorga el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) para primaria y las de Avancemos, para secundaria.
Román añadió que según la Encuesta Nacional de Hogares del 2016, cerca de 284.000 estudiantes recibieron el beneficio (29% del total) . Estas ayudas se aplican más en regiones periféricas y rurales, en la Brunca y la Chorotega, con énfasis en la población pobre (82%).
También se pidió el criterio del Ministerio de Educación, pero al cierre de edición de esta información no se había pronunciado.
En el caso de los bonos, Solano explicó que es necesario ser riguroso en otorgarlos, pues se trata de mucho dinero. Añadió que quien ha tramitado un crédito para vivienda sabe que hay un proceso y requerimientos, y en el caso de los bonos, con más razón, porque el dinero no se devuelve.
Detalló que al año en el país se entregan unos 10.000 bonos, lo que representa unos ¢75.000 millones.
Solano comentó que para tramitar un bono para vivienda se debe incurrir en algunos gastos, como fotocopias. Sin embargo, eso no implica pagarle a una persona para que realice los trámites, aunque hay personas que ofrecen el servicio.
La pregunta que realizó la Contraloría en la encuesta fue: ¿pagó para le hicieran los trámites?
Para Solano, sí hay una tarea que hacer en facilitarle el trámite a las personas. Señaló, como ejemplo, que quienes tramitan los bonos son generalmente mutuales y cooperativas que tienen una infraestructura menor que la de los bancos estatales.
Añadió que para una familia de Talamanca, por ejemplo, no es fácil ni barato desplazarse a Limón centro para realizar el proceso.
También se consultó al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), quien otorga los bonos de vivienda por medio de las mutuales y otras entidades, pero al cierre de edición no se había obtenido respuesta.
Muchos pobres no conocen
Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, comentó que la encuesta de la Contralaría confirma lo que han dicho en sus análisis: que mucha de la población más pobre ni siquiera conoce la oferta de programas sociales a los que podrían acceder para mejorar su condición.
Agregó que la encuesta de la Contraloría da una percepción de la población, pero se desconoce cuánta de la muestra es potencial para ser beneficiaria de la ayuda social del Estado.
Morales comentó, además, que el perfil de la población en pobreza es muy desfavorable: bajo nivel educativo, poco acceso a tecnologías de información y comunicación, desempleados o en empleos informales, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, adultos mayores sin pensión, hogares numerosos, con muchos niños.
“La tramitología de muchas instituciones públicas dificulta el acceso a los beneficios para muchas de esas personas de baja escolaridad”, señaló Morales.
Colaboraron con esta información los corresponsales Rodolfo Martín, en Limón, y Rebeca Álvarez, en Guanacaste.
