Luis Retana Corella, de 52 años, alquila una cancha de fútbol 5 y con esos ingresos se mantenía bien antes de la pandemia. Él tiene el préstamo de su casa con CredINVU, por el cual pagaba una cuota mensual de ¢450.000.

Con la pandemia, don Luis tuvo que cerrar la cancha y no pudo pagar más el crédito. El INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) le dio la posibilidad de no pagar 12 cuotas, sino solo el seguro de la vivienda.

No obstante, su sorpresa fue que ahora, que ya pasaron los 12 meses, le distribuyeron las 12 cuotas en los siguientes 12 meses, por lo que debe cancelar cerca de ¢800.000 al mes. Ese monto incluye la cuota original y el pago de los meses atrasados.

Don Luis recién abrió la cancha, pero apenas está comenzando a levantar sus ingresos. Él también afronta una enfermedad, está angustiado y, no entiende por qué, en su caso, no le hicieron un arreglo de pago como lo propuso el resto de entidades financieras a las personas afectadas económicamente por la pandemia.

La Nación consultó al INVU sobre el caso de don Luis y de otras personas que están en situación similar.

Marco Hidalgo, gerente general del INVU, explicó que según el Manual de Arreglos de Pago de la institución, antes de la pandemia, a los clientes que tenían problemas de pago se les daba un periodo de seis meses y para hacer un arreglo de pago tenían que cancelar el 35% del monto atrasado. Con la pandemia, flexibilizaron el manual y ampliaron el plazo a 12 meses y eliminaron el pago del 35% del monto atrasado.

A los deudores del Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU, que es la otra línea de crédito que tiene la entidad, les ampliaron el plazo del crédito, porque según Hidalgo, los plazos promedio son menores de siete años.

En CredINVU, informó Hidalgo, el plazo de cancelación es de 30 años y una tasa inicial de 8% durante los primeros cinco años y de 10% durante el plazo restante y, por lo tanto, no es posible ampliar el plazo porque quedaría muy largo.

“Los créditos de ahorro y préstamos son préstamos a corto plazo, entonces ahí lo que hicimos fueron readecuaciones y le permitimos a la gente ampliar el plazo de su deuda, pero son créditos que tienen un promedio de cancelación de siete años (…), pero cuando estamos hablando de operaciones a 30 años, no es viable”, dijo Hidalgo.

“Somos una institución que tiene operaciones financieras y necesita recuperarlas para poder generar créditos, no tenemos transferencias del Gobierno, y realmente nosotros tenemos que recuperar esos intereses, para poder prestarle a más gente”, añadió.

Sentarse a negociar

Información proporcionada por el INVU indica que la entidad tiene 1.639 operaciones con CredINVU, de las cuales a nueve se le efectuaron arreglos de pago y en el Sistema de Ahorro y Préstamo hay 7.738 operaciones, de las cuales 36 se les renegoció el pago. Al momento de la consulta no había solicitudes pendientes.

Se le consultó a Hidalgo si a las personas les explican, desde el inicio, que si no pagan en 12 meses deben hacer un arreglo de pago de 12 meses.

“Se les dice cuál es el arreglo de pago y se les explica las condiciones”, respondió.

Añadió que hay un acuerdo entre partes para proceder con el arreglo de pago.

No obstante, Retana dijo que el arreglo de pago lo tomó por sorpresa.

¿Qué hacen los deudores como don Luis, que todavía su negocio no se ha reactivado y deben retomar el pago de las cuotas y además pagar las cuotas atrasadas?

“Viene y habla con nosotros, como le digo la intención nuestra es permitirle a la gente que tenga su casa, no generarle más estrés. Estamos más que conscientes que la situación con la emergencia sanitaria realmente ha golpeado a muchas familias, que son clientes del INVU”, expresó Hidalgo.

Añadió que cada caso es distinto y es importante sentarse a negociar.

Don Luis informó de que han intentado negociar, pero hasta ahora no han encontrado una solución.

“Siéntense a negociar, cada caso es distinto, hay situaciones diversas, hay gente que ha conseguido otro trabajo, hay gente que ha diversificado su ingreso, hay gente que nos dice vean, por ejemplo, si son ¢800.000 no puedo hacerle frente a ¢800.000, pero puedo pagar la cuota original, okey, sígala pagando. Nosotros, en alguna medida, también es generar ese compromiso de pago con la gente, nosotros también valoramos ese interés del cliente por cumplir con su obligación”, añadió Hidalgo.

Versión de abogada

La abogada Adriana Rojas, especialista en consumo bancario, explicó que no existe un contrato en nuestro sistema financiero que establezca una cláusula de arreglo de pago, lo que existen son reglamentos internos, lo que llaman el reglamento del crédito y ahí establecen los arreglos de pago, en caso de mora cuando esta es ajena al control del deudor.

“Cuando el deudor se apersona y cuenta su historia (…), todo ese tipo de circunstancias, el deudor se acerca y lo manifiesta, ese es el caso que ellos incluyen dentro del arreglo de pago porque hay una buena voluntad del deudor de hacer pago pese a que no puede, humildemente pide ayuda, entonces a esos se les aplica la política del reglamento de crédito interno”, detalló.

No obstante, esos reglamentos internos no se aplican a la pandemia, se aplican a condiciones normales, cuando no todos tienen problemas al mismo tiempo.

Entonces lo que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, fue emitir la directriz 075-H. en el cual señala que en la pandemia, en donde las personas dejaron de recibir sus ingresos, la primer medida es la disminución de la tasa, la segunda es la extensión del plazo, la tercera es la prórroga en el pago del principal o los intereses por el tiempo que resulte necesario y la cuarta pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad.

En esta directriz, el presidente promueve a los bancos comerciales del Estado para que la implementen y se invita al Banco Popular y a las otras entidades financieras.

La abogada enfatizó que esta directriz señala que es “por el tiempo que resulte necesario” y “a solicitud de cada uno de los deudores”.

¿Por qué el INVU no se acogió a dicha directriz en el caso de CredINVU? La entidad argumentó que no pertenece al sistema financiero regulado.

“Es importante recordar que el INVU no pertenece al Sistema Bancario Nacional, por lo que la misma tiene objetivo a los bancos, mismos que manejan varios canales de ingreso y no únicamente créditos hipotecarios. Se invita a otras entidades financieras (cooperativas, financieras, etc.) para que evalúen la directriz. El artículo 1 de la directriz indica al final del mismo: Sin exponer el funcionamiento óptimo de la institución bancaria”, respondió Hidalgo.

Se le consultó si se podría exponer el funcionamiento óptimo de INVU si hubiera optado por hacer un arreglo como los del Sistema de Ahorro y Préstamo a los clientes de CredINVU (los nueve que solicitaron arreglos de pago).

“La institución valoró la conveniencia de las medidas que se indican en la directriz, por lo que las medidas adoptadas son el resultado del respectivo análisis. Recordar que en el Sistema de Ahorro y Préstamo se realizó una readecuación de la deuda, debido a que el plazo de los créditos no superan los 13 años, cosa que no sucede con CredINVU”, indicó.

Se le preguntó también a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, si la directriz aplica solo para el sistema financiero y se espera respuesta.

¿Qué han hecho otras entidades?

En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que tampoco es intermediario, si no que presta para créditos con recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Erick Alberto Solano, jefe del Área de Crédito, explicó que se aplicó el plan de postergación.

De acuerdo con este plan, se dio la posibilidad de no pagar las cuotas, pero luego las cuotas atrasadas se suman el saldo adeudado.

“De este modo, para regularizar la operación, se recalcula la cuota mensual a cancelar a partir de enero 2021, de forma tal que manteniendo la tasa establecida y el plazo inicialmente pactado, dicha cuota se incrementa de forma tal que la fecha de cancelación se mantiene. Este proceso de recálculo de las cuotas se realizó en el mes de enero 2021”, indicó Solano.

Al cierre del mes de diciembre, la CCSS mantenía 250 operaciones como beneficiaras de este plan de postergación, lo que representa aproximadamente 5,2% del total de operaciones crediticias.

Según informó la superintendenta general de entidades financieras, Rocío Aguilar, el sistema financiero readecuó casi la mitad de la cartera durante la pandemia.

Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, indicó que todas las entidades bancarias y financieras aplicaron prórrogas, readecuaciones y arreglos de pago a sus clientes afectados por el coronavirus.

“Tanto en atención a la directriz del Gobierno como a las medidas de flexibilización aprobadas por el Conassif (Consejo Nacional de Supervición del Sistema Financiero), las cuales les permitieron extender y ampliar las medidas de alivio a los clientes”, explicó Ortega.