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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) no está obligada a ajustar los pluses salariales de sus 1.794 empleados a las nuevas disposiciones establecidas en la reforma fiscal.
La empresa, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no es considerada estatal, por lo cual no está sujeta a las reglas de la reforma fiscal en materia salarial, concluyó la Procuraduría General de la República (PGR) en el informe C-314-2019, del pasado 24 de agosto.
Pese a afirmar la exclusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Procuraduría advirtió de que las compañías públicas deben velar por el respeto constitucional en el otorgamiento de beneficios laborales.
“(...) la CNFL debe observar los requisitos para la validez de los beneficios laborales derivados del propio orden constitucional en sus relaciones de empleo, en resguardo de los fondos públicos que componen predominantemente su capital social, como de la estabilidad financiera de la empresa y sin comprometer la prestación de los servicios públicos que brinda en términos de calidad y precio”, recalcó la PGR.
La Procuraduría se refirió a este tema luego de una consulta hecha por Víctor Solís, gerente general de la Compañía.
El jerarca pidió la asesoría legal, luego de que un informe de la Asesoría Jurídica Empresarial de la CNFL, de abril pasado, argumentó que la empresa: “no encuadra en el ámbito de la aplicación de la ley (fiscal)”. Además de que la relación laboral entre los trabajadores y la compañía, en calidad de patrono, se rige por la convención colectiva.
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A pesar de lo anterior, el pasado 4 de octubre, la PGR sostuvo que las convenciones deben adecuarse a las medidas de ahorro de la reforma fiscal.
Guillermo Sánchez, director Jurídico Empresarial de la CNFL, detalló que las conclusiones de la Procuraduría serán tomadas en cuenta en el proceso actual de negociación del acuerdo colectivo.
“La intención de la negociación será que se ajuste a la realidad económica de la Empresa y el país. Sin embargo, será hasta que finalice la negociación que se pueden conocer los términos definitivos”, dijo Sánchez, sin brindar detalles adicionales.
La empresa pública no respondió si el cálculo de los pluses de anualidad, dedicación exclusiva, prohibición se mantendrán de manera porcentual, o si serán nominalizados, tal como lo estableció la reforma fiscal.
El ICE confirmó a La Nación que el dictamen también tiene el mismo efecto sobre Racsa, pues ambas empresas tienen la misma naturaleza jurídica.
Sin embargo, Francisco Calvo, gerente de Radiográfica, confirmó que el pago de las anualidades de una parte de sus trabajadores fue normalizado a los establecido por la reforma fiscal.
Solo el 13,5% de los empleados de Radiográfica están bajo el sistema de salario base más pluses.
“Lo correspondiente a dedicación exclusiva, prohibición y carrera profesional solo aplica para ese grupo de colaboradores. Es importante destacar que el pago de este reconocimiento dependerá de la calificación obtenida por el colaborador en la Evaluación del Desempeño”, destacó Calvo.
Los restantes 86,5% de los empleados de Racsa están bajo el sistema de salario único, con lo cual no reciben pluses salariales.
ICE no obligará
La CNFL quedó excluido del capítulo sobre remuneraciones en la reforma fiscal, pese a que el ICE confirmó a este diario que para sus trabajadores sí implementó los cambios dictados por la ley desde su entrada en vigencia.
El Instituto indicó que no planea obligar a CNFL a acatar el capítulo de remuneraciones, pues la decisión la debe tomar esta empresa.
"La ley facultó a las juntas directivas de las subsidiarias a dictar las normas y las políticas que regulan las condiciones laborales; así mismo, ratificó la vigencia, la validez y la eficacia de las Convenciones Colectivas o reglamentos de trabajo vigentes”, argumentó la entidad estatal.
La CNFL gastó, el año pasado, ¢56.556 millones en pago de salarios para sus empleados, es decir un incremento del 7,5% comparado con el 2017, según la liquidación presupuestaria presentada por la entidad a la Contraloría General de la República.
En la composición de las remuneraciones, el 45% corresponde a incentivos salariales de sus funcionarios, es decir, ¢25.359 millones cancelados durante el 2018.
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Las anualidades es el plus salarial más relevante, pues el año pasado ascendió a ¢15.492 millones, según la información brindada por la CNFL al entre contralor.
Los egresos en salarios significaron el 15,6% del total del total del gasto de la empresa pública. El monto más relevante es la compra de electricidad, principalmente al ICE, que consumió el 70,8% de los ¢353.848 millones en gastos el año anterior.
En el caso de Radiográfica, las remuneraciones fueron de ¢10.826 millones, durante el 2018, lo cual equivale a un incremento de 4,5% respecto al 2017.
En el caso de Racsa, no es posible conocer cuánto del gasto de los trabajadores está bajo el sistema de salario base más pluses y cuánto por salario único, debido a que las finanzas de la empresa son confidenciales.
Sin embargo, en la información publicada por la Contraloría, con base en la liquidación de Radiográfica, se detalla que el 27,8% del gasto está vinculado con la cancelación de las remuneraciones.
El principal gasto es compra de bienes y servicios, pues consumió el 66% de los ¢39.670 millones de egreso total de la empresa.
