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La Contraloría General de la República (CGR) no aprobó el presupuesto del 2019, por ¢322.704 millones, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) porque una parte está “desfinanciada”.
La previsión de gastos de la empresa pública tiene un hueco de ¢34.736 millones para compra de electricidad, pues obtener dichos recursos depende de un incremento tarifario solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), según consta en el oficio DFOE-AE-0485 del pasado 6 de noviembre.
El monto que no cuenta, hasta el momento, con los ingresos garantizados representa el 10,76% del gasto previsto por la empresa pública.
Es la primera vez, desde 2006, que la Contraloría rechaza en su totalidad la estimación de ingresos y gastos de la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
“Parte de los gastos que requiere la Compañía relacionados con la compra de energía eléctrica no están incluidos en el presupuesto (...) Esta situación implica que las actividades y acciones para lograr las metas y los objetivos institucionales relacionados con esta actividad, se encuentran desfinanciados”, argumentó la CGR en su oficio.
La institución confirmó a La Nación que la CNFL presentó, el 30 de noviembre anterior, el presupuesto del 2019 con ajustes para iniciar operaciones este año.
“La Contraloría General, por principio de legalidad, no puede aprobar un presupuesto que no cuente con las tarifas aprobadas y publicadas por la Aresep ya que contraviene los principios de equilibrio presupuestario”, argumentó por correo electrónico el Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR.
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La CNFL presentó, en setiembre del 2018, una solicitud de aumento tarifario de 24% para sus 563.000 abonados de la Gran Área Metropolitana (GAM). El 85% son clientes residenciales.
La empresa pública enfrenta, desde hace varios años, un desequilibrio financiero debido al sobreendeudamiento para construir las plantas Balsa Inferior, ubicada en Florencia de San Carlos; y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana.
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones.
Rechazan desfinanciamiento
Juan Manuel Casasola, jefe de la Unidad Financiero Contable de la CNFL, descartó que la institución haya presentado un presupuesto sin financiamiento.
Casasola insistió en que la improbación no tiene un efecto negativo sobre los servicios brindados a los clientes.
“En el momento que la Aresep autorice la tarifa 2019 a CNFL se normalizarán los recursos de la partida compras de energía. Importante explicar que los recursos incluidos en el presupuesto inicial cubrían 11 meses, a la espera del ajuste tarifario 2019”, explicó el funcionario.
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Según la interpretación de la empresa pública, el desfinanciamiento señalado por la Contraloría ocurre por un tema meramente de normativa presupuestaria.
“CNFL no incorporó gastos no financiados, lo que pasó es que no presupuestó en su totalidad los recursos para atender la compra de energía al ICE, por cuanto CNFL está a la espera de la resolución de la Aresep”, insistió el jerarca.
Detalló que el desajuste ocurre por los ciclos tarifarios establecidos en la metodología de la Autoridad Regulatoria.
“Cada año la tarifa regresa al estado anterior, por lo que la CNFL debe justificar los gastos, inversiones y deudas para que la Aresep autorice la nueva tarifa por un ciclo de un año únicamente. De esta manera se compensan los desfases que conlleva esta metodología”, detalló Casasola.
Peso relevante
La adquisición de energía es, cada año, el principal egreso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
La empresa produce parte de su propia electricidad. Sin embargo, es insuficiente para abastecer la demanda de sus abonados.
En el presupuesto rechazado a la empresa, ¢185.938 millones, casi un 60% del gasto, está destinado a la compra de energía al ICE. Dicho monto incluye los ¢35.000 millones sin financiamiento señalados por la Contraloría.
El Instituto es el principal proveedor de energía de la CNFL.
Durante los últimos años, el Compañía suscribió hasta cinco convenios de financiamiento con su casa matriz por sus desequilibrios financieros.
Hasta setiembre pasado, reportó obligaciones por pagar al Instituto por ¢31.305 millones, según sus estados financieros.
El siguiente rubro de gastos relevante es salarios y cargas sociales que para este año ascenderán a ¢60.778 millones.
Por amortización de su deuda, la entidad pagará ¢27.922 millones; y en intereses y comisiones de sus créditos y bonos ¢19.616 millones.
