El cobro de fiscalización que la Superintendencia de Pensiones (Supén) hace a los fondos de jubilación comenzará a elevarse de manera gradual a partir del próximo año y hasta el 2027, para pasar de representar el 20% del presupuesto anual de la entidad al 50%.
Cuando se alcance dicha meta, la otra mitad del plan de gastos de la Superintendencia lo pondrá el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que actualmente aporta el 80%.
La Superintendencia informó este lunes, mediante un comunicado de prensa, que la modificación se estableció en una ley aprobada en el Congreso en el 2019 como parte del proceso de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De hecho, el transitorio de dicha legislación estableció que a partir del 2024, el porcentaje de aporte de las entidades supervisadas al presupuesto de Supén sube en 7,5% de manera anual, hasta alcanzar el 50% en el 2027.
Este año, a la Superintendencia se le aprobó un plan de gastos anual de ¢5.724 millones, de los cuales los fondos de pensiones contribuyen en su conjunto con ¢1.144 millones, es decir el 20%, porque se usa la fórmula anterior.
Sin alza en comisiones
Adrián Pacheco, intendente de Supén, explicó que los cobros a las entidades fiscalizadas no representarán un incremento en las comisiones que las operadoras de pensiones complementarias (OPC) realizan a sus afiliados por la administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
La reacción de Supén se emitió después de que la Junta Administradora de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) catalogara como abusivo, lesivo y desproporcionado el incremento en el cobro de por la supervisión.
“Este es un golpe que no sólo afecta a Jupema, sino también a todos los entes administradores de los fondos de pensiones”, aseguró Seidy Álvarez, presidenta de la Junta.
Álvarez detalló que el pago hecho a Supén pasará de los ¢132 millones, para este año, a ¢369 millones en el 2024.
Según los cálculos de Jupema, la contribución pasará a ¢740 millones en el 2027 por concepto del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).
La Junta también se opuso al cobro que la Superintendencia hace al Régimen Transitorio de Reparto (RTR), cerrado en 1992, pues es un sistema a cargo del Presupuesto Nacional.
Álvarez confirmó que enviaron una nota de protesta a la Supén.
¿Cómo se calcula?
La legislación aprobada en la Asamblea Legislativa en el 2019 también modificó la metodología de cobro a las entidades supervisadas.
La base imponible para la contribución, hasta este 2023, es equivalente al 2% de sus ingresos brutos anuales.
Sin embargo, la legislación estableció que cada entidad supervisada contribuirá hasta con un máximo de un 0,02% del total de los activos administrados o de un 0,002% del monto calculado por beneficios pagados para los casos en que no se administren activos, detalló el Intendente de Pensiones.
La presidenta de Jupema insistió que la fórmula de cálculo del cobro de supervisión afectará al RCC porque es el fondo de pensiones más grande del país —administra ¢3 billones— y aún está en crecimiento, con lo cual la contribución podría ser mucho mayor.
Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), recordó que la gradualidad del cobro se discutió hace varios años.
Añadió que las operadoras deberán ajustar su estructura de costos para cancelar el servicio de regulación y supervisión; para los afiliados no habrá impacto alguno, afirmó.