EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió declarar confidencial el resultado de la pesquisa efectuada durante el proceso de intervención sobre las millonarias compras realizadas por Coopeservidores, con un crecimiento sostenido en los últimos cinco años y que, en 2023, ascendieron a ¢4.206 millones, según sus estados financieros.
El Conassif justificó a La Nación, mediante la Oficina de Prensa, que el informe final de intervención es de acceso público, excepto el apartado dos del anexo del documento, por contener datos de orden privado de sujetos privados, pues así se acordó en la sesión 1871-2024 del 21 de junio.
“La declaratoria de confidencialidad de una parte del informe obedece a consideraciones de orden legal que el Consejo debe cumplir respecto a la protección de información privada”, confirmó el órgano colegiado por escrito a este diario ante la consulta sobre los efectos para la intervención y posterior decisión de resolución de la cooperativa, también conocida como CS Ahorro y Crédito.
El Consejo reafirmó que la decisión se tomó pese a no tener ninguna implicación adversa en el actual proceso de resolución de Coopeservidores, en el cual se busca que el Banco Popular absorba el denominado “banco bueno”, es decir, aquellos activos sin mayor deterioro y los pasivos asegurados en el Fondo de Garantía de Depósito.
“La decisión de aclarar la confidencialidad de la información, es una decisión colegiada, la cual se adoptó de manera unánime”, indicó la entidad sin detallar cuál miembro del Consejo propuso catalogar como secreta una parte de la investigación a Coopeservidores.
El hecho de que una entidad esté siendo intervenida o esté en proceso de resolución, no implica una excepción a los principios de autodeterminación informativa de las personas, afirmó Conassif.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) también corroboró, mediante su Oficina de Prensa, que la declaración del Consejo se adoptó con el voto de todos los miembros y que Hazel Valverde, gerenta del ente emisor, participó en representación de la institución.
“La Junta Directiva del BCCR es informada de temas generales y públicos sobre el caso de Coopeservidores, pero quien actúe como representante del Banco en el Conassif está impedido de comentar temas confidenciales fuera del seno del Consejo, incluso con la Directiva (del ente emisor)”, se indicó por escrito.
Laura Suárez, presidenta del órgano colegiado, también dirigió la votación porque a ella le correspondió informar el resultado de la intervención el 21 de junio en conferencia de prensa. Además de Suárez y Valverde, en la sesión participaron los directores Víctor Garita, Silvia Saborío, Humberto Grant y Javier Sancho.
El informe final del proceso de intervención de la cooperativa fue elaborado por Marco Hernández Ávila, quien fungió como interventor y luego asumió la administración del proceso de resolución.
El documento de Hernández fue utilizado por el Conassif para declarar la inviabilidad de la cooperativa a raíz de la pérdida de su patrimonio para la creación de estimaciones por créditos malos y por la imposibilidad material de los 131.000 asociados a la entidad para efectuar una capitalización de al menos ¢126.350 millones, es decir, un aporte inmediato de ¢963.000 por persona.
Fiscalía debe pedirlo
El Conassif corroboró a La Nación que la confidencialidad del anexo también aplica para el Ministerio Público, por tratarse de información privada de terceras personas. Sin embargo, agregó que dicho órgano judicial puede obtener copia del documento por canales legales.
“No existe impedimento para una autoridad judicial en el acceso a cualquier elemento de información confidencial, sea de este informe o de cualquier otra fuente, ya que para eso existen los mecanismos legales correspondientes”, explicó el Consejo.
El 21 de junio, Hernández confirmó que, como parte del proceso de intervención, se iba a presentar una denuncia penal en la Fiscalía General de la República con base en los hallazgos encontrados durante la intervención, la cual se ordenó el 13 de mayo y se extendió por poco más de un mes.
A finales de mayo, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual efectuó cuatro allanamientos en tres de las oficinas de Coopeservidores, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La Sugef denunció en dicho proceso al Consejo de Administración y la Alta Gerencia de la cooperativa.
Gasto en ascenso
Las compras de servicios externos efectuadas por Coopeservidores registraron un proceso de aumento durante los últimos cinco años, según el registro de los estados financieros de la institución actualmente en proceso de cierre.
En 2019, la entidad registró egresos por contratos a terceros por ¢1.802 millones, pero para 2023, el monto se elevó a ¢4.206 millones, es decir, un incremento de 2,3 veces, según la información financiera.
Entre los servicios contratados hay temas de asesoría jurídica, auditoría externa, administración de datos de clientes, servicios de computación, entre otros.
