EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) instruyó al interventor de Coopeservidores, Marco Hernández, a determinar antes del próximo 25 de junio si la entidad puede continuar operando o si es necesaria su liquidación.
Así se indica en el acuerdo tomado en la sesión 1868-2024, del pasado lunes 11 de junio, en el cual se acordó ampliar la intervención de la institución, también conocida como CS Ahorro y Crédito, para contar con la información financiera al cierre de mayo, pues cuando se tomó el control de la entidad, el pasado 13 de mayo, los datos disponibles eran a abril.
“Se instruye al interventor titular (Marco Hernández) y al adjunto designado (Lilieth Brenes), para que, previo a la fecha hasta la que se extendió este proceso de intervención, informe a este Consejo sobre la situación financiera de la entidad intervenida y recomiende el plan de regularización, si considera su viabilidad o el mecanismo de resolución a utilizar o su liquidación, en caso de inviabilidad”, señala el acuerdo publicado en el diario oficial La Gaceta este jueves 13 de junio.
LEA MÁS: Coopeservidores pierde ¢30.000 millones a mayo y la morosidad crece con rapidez
El Consejo precisó que contar con la información más reciente le permitirá tomar la decisión más precisa sobre el futuro de Coopeservidores. “También permite proteger de mejor manera los intereses de los depositantes e inversionistas, así como del Fondo de Garantía de Depósitos, el cual solo se puede llegar a utilizar en caso de demostrarse que procede su uso bajo la regla de menor costo”, agrega.
A mayo anterior, la institución intervenida registró una pérdida acumulada de ¢30.586 millones, lo cual significó un empeoramiento de su situación financiera porque, a abril pasado, el resultado negativo fue de ¢15.038 millones, según la información publicada en la página de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La disposición también mantiene la imposibilidad de los depositantes a retirar su dinero, formalizar nuevos créditos o efectuar el pago a acreedores hasta que se tome la resolución final sobre el futuro de Coopeservidores.
Al momento en que se tomó control de la entidad, se congelaron ¢510.000 millones de ahorros del público, así como el pago por parte de la cooperativa de ¢142.000 millones a bancos e instituciones, principalmente del sector público.
La ampliación del proceso incluye la posibilidad de que el interventor Marco Hernández tome las decisiones administrativas necesarias en la entidad. Por ejemplo, él decidió despedir sin responsabilidad patronal al exgerente Óscar Hidalgo dos días después de que tomó el control de la entidad. Adicionalmente, este lunes fueron cesados 147 trabajadores de la cooperativa.
El Consejo ordenó intervenir a la cooperativa a raíz de irregularidades detectadas en la administración con respecto al otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros, según señalaron dos informes de la Sugef.
En dichas fiscalizaciones la Superintendencia reveló que las autoridades de Coopeservidores permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.
Decisión cuidadosa
En su decisión del pasado 11 de junio, el Consejo argumentó que el fin de un proceso de intervención es determinar si una entidad resulta viable, para lo cual se debe adoptar un plan de regulación. Sin embargo, indicó que cuando se concluye que es inviable, se debe acordar el posible mecanismo de resolución.
Para tomar la resolución en el caso de Coopeservidores resultará fundamental el informe que debe elaborar la interventoría, por lo cual se requiere de la información más actualizada posible, se precisa en el acuerdo.
“El impacto y complejidad de las decisiones que corresponde adoptar dentro de este proceso, requieren de un análisis muy cuidadoso, y en ese sentido, la precisión, calidad y actualidad de la información resulta un valor fundamental”, se explica en el acuerdo del Conassif.
El pasado 11 de junio, expuso el Consejo, los datos financieros al cierre de mayo estaban siendo desarrollados en ese momento, por lo cual se consideró necesaria la ampliación de la intervención.
