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La Contraloría General de la República avaló el cumplimiento de la regla fiscal que realizó el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto del 2020, la cual se logró con una reclasificación de gastos. Así lo hizo saber en su informe técnico, publicado este martes 1.° de octubre.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público (incluye, principalmente, remuneraciones, transferencias a otras entidades e intereses), y se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Según dicha regla, conforme más endeudado esté el sector público menos puede crecer el gasto.
El presupuesto del 2020 es el primero en el cual se aplica dicha regla que, de acuerdo a las condiciones del momento, el gasto corriente no podía crecer más de 4,67% respecto al presupuesto aprobado en el 2019, según la interpretación que hizo el Ministerio de Hacienda de la Ley.
La Contraloría General de la República había criticado que el cálculo debía ser respecto al presupuesto ejecutado, lo cual haría que el ajuste hubiera sido mayor.
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En su informe, la Contraloría explica que el crecimiento del gasto corriente en el plan de gastos es de 3,9% respecto al presupuesto inicial del 2019, y 3,6% respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto del 2019, por lo que la regla fiscal se estaría cumpliendo en la etapa de formulación y aprobación presupuestaria.
“Sin embargo, se debe tener claridad que el cumplimiento de la regla es posible por el comportamiento de las transferencias corrientes, que disminuyen en ¢69.907 millones respecto al presupuesto inicial de 2019”, señala la Contraloría en su informe.
Añadió que esta disminución es posible debido a la reclasificación de algunas transferencias que históricamente han sido clasificadas como corrientes, por un monto de ¢159.557 millones, y que en ausencia de esta, el gasto corriente se incrementaría en 6%.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había explicado que una de las transferencias más importantes a las cuales se aplicó cambio fue a la que se realiza a las universidades estatales.
De la transferencia que realizará el Gobierno a las universidades públicas en el 2020, por ¢512.781 millones por medio del Fondo Especial para la Educación Superior, se les solicitó que dedicaran ¢70.000 millones a gasto de capital, es decir, a inversiones, que pueden ser construcción de obras o compra de equipo, fondos que antes se contaban como gasto corriente.
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“Es criterio del órgano contralor que la definición de los gastos como corrientes o de capital debe responder a la naturaleza económica última del uso de los recursos", señaló la Contraloría en el informe.
Además, advirtió de que se debe asegurar que el traslado que se hizo se cumpla y los recursos se dediquen, realmente, a la inversión.
