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San José.
Las instituciones del sector público pagaron por aumentos innecesarios en los alquileres de propiedades y contrataron espacios más caros y más amplios de lo que definen estándares del mercado y la normativa.
Así lo evidenció la Contraloría General de la República (CGR) en el informe de fiscalización DFOE-SAF-IF-19-2016, publicado en enero de este año. El documento recopila los contratos vigentes a mayo del 2015.
Ese año, se pagaron ¢77.000 millones en alquileres de edificios, locales y terrenos de 148 instituciones del sector público. Esa cifra, en el 2010, era de ¢44.000 millones.
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El 76% de las entidades pagan al menos un alquiler. En total, la CGR contabilizó 1.713 contratos, donde la mitad son oficinas.
El órgano contralor cuestionó los términos de los aumentos anuales en colones y dólares, el precio por metro cuadrado y el alquiler de espacios grandes para pocos funcionarios.
La administración permitió aumentos anuales de los contratos en dólares de hasta 10%, lo que va en contra de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, referida en el artículo 159 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que regula las contrataciones del Estado, afirma el ente contralor.
"Cuando el precio del arrendamiento de una vivienda sea en moneda extranjera, se mantendrá la suma convenida por todo el plazo del contrato, sin derecho a reajuste", indica dicha ley que regula los alquileres en el artículo 67 que no varió con una reforma que se aprobó en el 2016.
Los acuerdos en colones también aumentaron de manera importante, sin que la administración negociara mejores términos.
Las instituciones públicas acordaron aumentos de hasta 15% por año en la moneda local, siendo esta cifra el tope legal que estaba dispuesto por Ley, sin embargo, la Contraloría criticó a la administración por no negociar ajustes menos costosos, lo cual es legalmente viable.
Las condiciones de estos alquileres no han variado significativamente, reconoció el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, pues muchos de los contratos no se han finalizado, aunque en este 2017 se renegociarán contratos importantes, según dijo.
De acuerdo con el jerarca, la nueva ley de arrendamiento define ajustes anuales que van de la mano del costo de la vida, por lo que esas condiciones variarán en los nuevos términos.
Más caro, más grande
Además de los ajustes, la CGR cuestionó el precio mensual por metro cuadrado de los edificios de oficinas que es hasta tres veces más costoso, según el informe.
Los estudios de mercado utilizados en el análisis indican que el valor oscila entre $20 y $23, mientras que la administración pagó entre $5 y hasta $60.
Según la estimación de la Contraloría, si el precio que se paga se ajustara a los precios de mercado, se podrían generar ahorros por ¢4 mil millones por año.
Pacheco enfatizó en la necesidad de regular los contratos de alquileres, una tarea pendiente del Gobierno, ante la duda sobre la competencia de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa para establecer los lineamientos, aunque la Contraloría lo considera viable.
Sobre la referencia del precio, el viceministro indicó que debe ser analizada, pues algunas instituciones atribuyen el alto costo a las condiciones que se requiere tengan los inmuebles oficiales como ubicación estratégica, espacios aptos para personas con discapacidad o zonas de atención al público.
Sin embargo, el espacio es el menor de los problemas en varias edificaciones, pues en algunos casos se desaprovechan. Mientras un funcionario puede acomodarse en espacios entre dos y 31 metros cuadrados, un funcionario público podría tener hasta 81 metros cuadrados.
El Ministerio de Hacienda renta uno de los edificios con más espacios ociosos, como un edificio en Barrio Don Bosco, donde hay 82 metros cuadrados por funcionario, según información de la Contraloría.
Según el viceministro, se está trabajando en la reubicación de funcionarios para aprovechar mejor la infraestructura arrendada.
Transición cara.
Una gran cantidad de contratos se firmaron entre el 2010 y 2011; el 45% de los vigentes a mayo de 2015 fueron suscritos a partir en mayo de 2010, durante la transición entre gobiernos.
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Mientras el incremento anual promedio de los alquileres fue de 12,2% del 2010 al 2015, el Gobierno Central, las instituciones descentralizadas no empresariales y los órganos desconcentrados tuvieron aumentos entre 23% y 30% en el gasto anual de alquileres, del 2010 al 2011.
Otros aumentos importantes se dieron en las instituciones del Gobierno Central entre el 2013 y 2014 (24,6%) y en los órganos desconcentrados en el mismo periodo (20,8%).
La CGR evidenció que el 65% de los alquileres se contrataron vía directa, es decir, que no salieron a competir en una licitación pública o abreviada.
Del total de instituciones, 12 pagan más de ¢1.000 millones por año en renta de edificios o locales. La lista es encabezada por la Caja Costarricense de Seguro Social con ¢7.988 millones anuales, seguida del Ministerio de Hacienda que pagó en 2015 ¢7.721 millones, y en tercer lugar el Banco Nacional de Costa Rica con ¢6.515 millones.
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En el Gobierno Central, las instituciones que más pagan por alquileres son Ministerio de Hacienda, Poder Judicial, Ministerio y Ministerio de Seguridad Pública (MSP) que absorbieron ¢18.000 millones de los ¢25.000 que se gastaron en 2015.
A inicios de esta administración, se anunció la construcción de Ciudad Gobierno, un proyecto para albergar al menos 10 instituciones del sector público, sin embargo, el proyecto se está valorando en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, contó Pacheco.
