Coopeservidores acumuló una pérdida de ¢30.586 millones en los primeros cinco meses del 2024 debido a un rápido deterioro en la cartera de crédito de la institución, según la información publicada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La desmejora en la calidad de los préstamos de la cooperativa, intervenida por el Conassif desde el 13 de mayo pasado, provocó que la estimación por operaciones crediticias en impago fuera de ¢32.231 millones a mayo pasado.
El deterioro en la cartera crediticia de la entidad va de la mano de un rápido ascenso de la morosidad, la cual, hasta abril pasado (último dato disponible de Sugef), fue del 9,15%, en comparación con el 5,79% de marzo de este mismo año. El rango de normalidad en la morosidad dictado por la Superintendencia es del 3% o menor.
Para efectuar la provisión por el incremento en el impago de créditos, la interventoría utilizó parte patrimonio de Coopeservidores cuyo saldo a mayo anterior era de ¢46.996 millones, pero en enero ascendía a ¢78.123 millones, según el reporte de la web de la Sugef.
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Este diario consultó, mediante correo electrónico a las 12:33 p.m. de este lunes, las principales razones que provocaron el resultado negativo de la cooperativa.
“Se está en la última fase del periodo ordinario del proceso de intervención, que si fuera necesario podría extenderse 30 días naturales más, por lo que a este momento nos es imposible brindarle la información requerida”, informó la interventoría de Coopeservidores por escrito.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó intervenir la entidad hasta por 30 días hábiles a raíz de irregularidades detectadas en la administración en el otorgamiento de préstamos, falta de cobro a los deudores y supuesta alteración de datos financieros, con base en dos informes de la Sugef.
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Adicionalmente, la Superintendencia denunció ante el Ministerio Público la supuesta alteración de información financiera de la cooperativa con el propósito de ocultar su verdadera situación o los riesgos de la entidad. La Fiscalía, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanó el pasado miércoles 29 de mayo y jueves 30 de ese mes, tres sedes de Coopeservidores, además de un establecimiento de gestión de documentos digitales.
La cooperativa, también conocida como CS Ahorro y Crédito, tuvo que hacer un ajuste en el resultado del 2023 por mandato de la Sugef. La entidad reflejó una pérdida de ¢26.975 millones, en vez de la ganancia de ¢3.288 millones reportada inicialmente, tal como informó La Nación, en marzo anterior.
Resultado adverso
La pérdida arrastrada por la cooperativa durante este año se explica, principalmente, por la creación de millonarias estimaciones por la desmejora en la cartera crediticia. La normativa de supervisión impone que cuando un préstamo se deteriora, debe crearse una provisión usando las ganancias de la entidad.
En el caso de Coopeservidores, el agravamiento de las operaciones crediticias empezó en marzo anterior. En ese momento, debió registrarse una provisión de ¢6.646 millones. El monto se elevó a ¢16.796 millones en abril y a ¢32.231 millones en el acumulado a mayo, según el registro financiero publicado en la web de la Sugef.
Dado que la ganancia de operación neta fue mucho menor en los primeros cinco meses del año, ascendió a ¢1.694 millones, la diferencia para cubrir la estimación se tomó contra el patrimonio de la institución.
La única manera de liberar tales recursos es mediante el pago de los préstamos en morosidad o con deterioro. A mayo, la cartera de crédito registró un saldo de ¢510.805 millones, de los cuales ¢323.129 millones estaban en buen estado de pago, ¢178.797 millones estaban con atrasos en el pago y ¢8.879 millones en cobro judicial, según los datos publicados por la Superintendencia.
Los datos más recientes de Sugef sobre la composición de la cartera de crédito de la institución intervenida muestran un incremento en los días de atrasos en los pagos. Los deudores con impagos de más de 90 días y hasta 180 días correspondían a un saldo de ¢41.829 millones en abril pasado (último periodo disponible), respecto a los ¢2.273 millones de enero anterior.
Mientras tanto, las operaciones con más de 180 días de retraso tuvieron un saldo de ¢5.668 millones en abril, respecto a los ¢534 millones en enero. El monto de dinero en cobro judicial tenía un saldo de ¢9.082 millones al cuarto mes de este año, en comparación con los ¢8.745 millones de enero.
El 75% del dinero prestado por la entidad está en operaciones de consumo, según los estados financieros de la entidad.