El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia contra dos exfuncionarios del Banco de Costa Rica (BCR), que fueron denunciados por supuestamente sustraer información de sus computadores y destruir los discos duros de los aparatos, sin la autorización administrativa de la entidad financiera.
Los exfuncionarios en cuestión son Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Negocios de Banca Corporativa del BCR, y Álvaro Camacho de la O, exsubgerente de Banca Corporativa del banco. Ambos renunciaron a sus puestos en la entidad financiera, la semana pasada.
La oficina de prensa del OIJ confirmó, por medio de un correo electrónico, que la denuncia se presentó el viernes 23 de junio y se remitió a la sección correspondiente para su investigación. Debido a que el caso se encuentra en la etapa preliminar, no brindaron más detalles.
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La denuncia fue presentada por Giovanni Umaña Zamora, jefe de Seguridad e Investigaciones del BCR. El caso está siendo tramitado bajo el expediente N.° 23-017883-0042-PE, según documentación de la cual La Nación tiene copia.
Según los hechos denunciados, en apariencia, Camacho de la O y Bolaños Azofeifa sacaron información del sistema de sus computadoras de trabajo, propiedad del BCR, en una fecha no determinada por la entidad financiera, y autorizaron la destrucción de discos duros de las computadoras personales sin la debida autorización de la administración.
En el pasado, Camacho de la O también ocupó el cargo de gerente general de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) y fue miembro del Comité de Inversiones, del cual Bolaños Azofeifa también formó parte.
La Nación solicitó una reacción por parte del BCR para determinar si el hecho denunciado guarda relación con el caso de la compra del Parque Empresarial Pacífico por parte de uno de los fondos de BCR SAFI.
Sobre esta consulta, el Banco señaló que no pueden hacer comentarios debido a que, de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones en el proceso penal durante la etapa de investigación preliminar son confidenciales.
“Sin perjuicio de lo anterior, en el Conglomerado Financiero BCR somos respetuosos del ordenamiento jurídico, razón por la cual colaboramos activamente con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos investigados”, dijo la entidad, por medio de su departamento de prensa.
Polémica compra
BCR SAFI y un grupo de inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado están enfrentados, desde el año pasado, a raíz de la compra, en 2020, del edificio Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Puntarenas, por un monto de $70,8 millones.
La semana anterior, un avalúo externo hecho por la empresa Constructora Costarricense S. A. (Cocosa) y contratado por los inversionistas valoró ese mismo inmueble en $27,4 millones, es decir, 2,6 veces menos del costo pagado. El inmueble de 540.000 metros cuadrados está ubicado en Caldera, en Esparza de Puntarenas.
Tras darse a conocer el avalúo solicitado por los inversionistas, el BCR SAFI rechazó el resultado, argumentando que el estudio contratado no cumple con la metodología de valoración dictada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la cual investiga esta operación desde setiembre de 2022.
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Además, la subsidiaria del BCR indicó que los clientes de la entidad no siguieron la recomendación de elegir la empresa valuadora entre una terna de peritos externos e independientes escogida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Por estas razones, el BCR SAFI decidió no modificar el valor contable de $69,4 millones con el que se registró este inmueble propiedad del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por la sociedad, según consta en un hecho relevante publicado la semana pasada.
Este miércoles 28 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, también confirmó la existencia de un informe de auditoría interna del BCR en el que se señalan indicios de un posible sobreprecio en la compra del Parque Empresarial del Pacífico. Sin embargo, el documento fue declarado confidencial por el banco.
BCR toma medidas
El presidente de la Junta Directiva del BCR, Fernando Víquez, confirmó este miércoles, durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, que recibieron tres denuncias en relación con la compra del PEP en el 2021; la primera en marzo, otra a mediados de ese año, y la última en noviembre.
Víquez mencionó que desde la primera denuncia, han proporcionado las herramientas necesarias para que la auditoría interna tome las acciones legales correspondientes, incluyendo la elaboración de un avalúo, contrataciones externas y la incorporación de imágenes certificadas
“Ante los hechos que arrojó la investigación de auditoría interna, el pasado viernes 23 de junio, se tomaron una serie de acciones administrativas, se continúa con las acciones que exige la ley general de control interno, y se continuará con las acciones necesarias en coordinación con la Fiscalía General de la República”, aseguró Víquez.
En total, cuatro personas están siendo investigadas en este caso, según un comunicado de Casa Presidencial, aunque no se revelaron sus nombres. El jerarca del BCR afirmó que, basándose en las investigaciones, también ordenaron tomar acciones contra cualquier funcionario al que se le determine alguna responsabilidad en el caso.