Los accionistas de Desyfin tendrán que aportar al menos ¢21.968 millones para incrementar el capital social de la empresa, como primer paso para devolverle su viabilidad, informó este miércoles la Interventoría de la financiera.
La interventora, Marianne Kött, convocó para este viernes a una asamblea de accionistas para que presenten un plan de regularización de la entidad.
La propuesta que se presente en la asamblea tendría que incrementar el capital social en la suma estimada, monto que deberá depositarse en la cuenta de reserva de la financiera, en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), detalló la actual administración de Desyfin, en un comunicado de prensa.
Adicionalmente, deberán cumplir los requerimientos de liquidez y de gobierno corporativo que fundamentaron el proceso de intervención, se añadió en el documento, enviado al final de la tarde.
Según la Interventoría, el monto por capitalizar debe permitir restablecer la suficiencia patrimonial, la liquidez necesaria y sostenida para recuperar el grado de normalidad financiera de Desyfin, con el fin de garantizar la continuidad del negocio.
Una vez conocido el plan, se presentará al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para la toma de una decisión. La aceptación o rechazo se hará con base en una recomendación que dé el equipo de interventoría dirigido por Kött.
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“El proceso de intervención mantiene su curso y el equipo interventor trabaja en el diagnóstico que permitirá recomendar al Conassif la viabilidad o no de la Financiera, el cual deberá presentarse a más tardar el 13 de octubre”, se explica en el comunicado.
La asamblea de accionistas se efectuará en las oficinas centrales de Desyfin, ubicadas en Centro27, en Escazú.
Silvio Lacayo, representante Legal de Desyfin, entregó una propuesta de regularización el pasado 6 de setiembre, en la cual se afirmó que cuentan con la opción de inyectar $30 millones por parte de un nuevo socio de un grupo financiero internacional cuyo nombre no reveló.
Adicionalmente, planteó transformar $15 millones de deuda subordinada en capital común, convertir $7,3 millones de pasivos a plazo en acciones comunes y la posible venta de cartera de créditos y pasivos por $200 millones.
El Conassif ordenó, el pasado 13 de agosto, la intervención de la Financiera Desyfin, luego de analizar un informe preparado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), donde se revelaron, entre otros aspectos, deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
Según la resolución, se detectó una débil diligencia crediticia y a la forma inadecuada de gestionar los riesgos y la detección de prácticas contrarias a la normativa.
La Superintendencia también encontró que la institución intervenida prohibía a sus trabajadores la entrega inmediata de información solicitada, pues esta debía ser revisada —de manera previa— por Silvio Lacayo cuando ocupó el cargo gerente general.
De hecho, el banquero renunció al puesto en mayo, después de que Sugef lo recomendó a la Junta Directiva de la financiera.