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La carga de la deuda pública de Costa Rica rebasó, por segundo año consecutivo, un umbral peligroso de endeudamiento.
Dicho peso, que es el monto de la deuda comparado con la producción interna, superó en el Gobierno Central el 45% de la producción, en el 2016 y, si se trata de todo el sector público, alcanzó el 62%. En el primero de estos casos se ubicó entre las más altas de América Latina.
Lo que esta relación muestra es que el país debe poco más de 60% de todos los ingresos que produce en un año. Si se tratara de una familia sería como confrontar su débito con los ingresos que puede generar para pagar.
De acuerdo con el exministro de Hacienda, Édgar Ayales, las investigaciones del Fondo Monetario Internacional indican que un nivel de deuda del 40% de la producción para el Gobierno Central y de 60% para el sector público, deberían ser los máximos.
Por su parte, la exviceministra de Hacienda, Edna Camacho, comentó que un nivel de alrededor de 50% para el Gobierno Central se considera insostenible ya que pone a la economía en una situación vulnerable frente a choques internos o externos y eleva sensiblemente el riesgo crediticio.
Camacho añadió que en el caso de Costa Rica, la vulnerabilidad se ha reducido con algunas estrategias como cambiar el perfil de vencimiento de la deuda y la colocación de bonos en instituciones públicas.
El mayor riesgo crediticio se refleja en las calificaciones que realizan las agencias internacionales. El 19 de enero pasado, Fitch Ratings redujo la calificación para la deuda soberana (del Gobierno) y una de las razones fue el incremento en la carga de la deuda.
“La carga de la deuda seguirá aumentando en ausencia de medidas fiscales significativas, y se espera que la deuda alcance más del 60% del PIB dentro de la próxima década”, enfatizó la agencia en un comunicado.
El economista Oswald Céspedes, manifestó que la deuda de las instituciones públicas es diferente a la del Gobierno Central:“En el caso de las entidades autónomas, su endeudamiento (a pesar de ser considerado público también) tiene una connotación un poco diferente pues, en principio, ellas tienen ingresos propios por venta de servicios (o por transferencias) que debieron haber sido tomados en cuenta de previo al proceso de endeudamiento por parte de sus autoridades.
Condición positiva. Céspedes añadió que cuando el endeudamiento es para invertir en obras, como por ejemplo, mejorar la infraestructura, eso aumenta la capacidad productiva del país, con los cual se ayuda a mejorar también la recaudación de impuestos, pero cuando es para pagar gastos corrientes, no se genera ese efecto.
Para Camacho, ya la población comenzó a sentir algunos de los efectos de este fuerte endeudamiento público.
Por ejemplo, los préstamos externos que se hicieron por $4.000 millones, en los años 2012-2015, significaron una entrada de dólares muy elevada, que empujó el tipo de cambio hacia abajo y afectó el nivel de competitividad de las exportaciones (y productos que compiten con importaciones) en relación con lo que hubiera sido en ausencia del endeudamiento externo.
Además, las tasas de interés en términos reales (tasas nominales ajustadas por la inflación) son más altas actualmente que en los cuatro años previos ya que si bien han disminuido las tasas nominales, la inflación se ha reducido en mayor magnitud. “En otras palabras, si el Gobierno no hubiera tenido tan elevadas necesidades de financiamiento, las tasas de interés pudieron haber sido menores”, comentó Camacho.
