El saldo total de la deuda morosa con entidades no reguladas como tiendas de electrodomésticos, supermercados, ferreterías y prestamistas aumentó 29,3% hasta junio pasado, comparado con el mismo periodo del 2020, según se desprende del segundo estudio Deuda morosa del sector crediticio no regulado en Costa Rica, elaborado por el TEC y Equifax.
El informe solo brindó la variación interanual del impago de los ticos con empresas, pero no el dato absoluto del atraso. El estudio sí detalló el monto promedio de impago por persona, que alcanzó los ¢390.000, al primer semestre del 2021, y que implicó un aumento de ¢28.000 respecto a los ¢362.000 reportados al mismo plazo del año anterior. Además se detectó que los problemas de morosidad fueron mayores entre personas menores de 27 años, cuyo saldo crediticio pendiente de pago se elevó 21%, mientras que entre adultos mayores creció 18%, en dicho periodo.
En las personas menores de 27 años, el monto promedio de mora fue de ¢307.735 al primer semestre de este año, respecto a los ¢254.649 al mismo periodo del 2020. En los mayores de 73 años, el promedio fue de ¢191.578 a junio pasado, en comparación con los ¢162.557 al mismo periodo del año anterior, se desprende en el estudio.
“Los datos son para prestarles mucha atención, pues no hay elementos suficientes para pensar que los niveles de endeudamiento podrían bajar, ya que la tendencia de estos últimos dos semestres ha sido al alza”, explicó Gustavo Cubillo-Salas, investigador de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Cubillo-Salas agregó que el crecimiento de la mora se dio a medida que las entidades no reguladas finalizaron los arreglos de pago en operaciones de crédito. Un préstamo es catalogado como moroso a partir de un mes de atraso en el pago. La investigación solo cuenta con información de las cuentas suministradas por Equifax.
El estudio tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, préstamos y ventas a crédito en el sector comercio; así como de tiendas de electrodomésticos y de empresas de telecomunicaciones como en el caso de teléfonos celulares.
Las empresas no fiscalizadas son aquellas que no requieren la autorización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para operar, pues no efectúan captación de recursos del público, ni ofrecen cuentas de ahorro o cuentas corrientes.
Deuda por sector
El informe efectuó una revisión de la mora de las personas por tipo de acreedores. El monto promedio creció de manera más significativa en las entidades financieras no reguladas (casas de préstamos). Para los primeros seis meses de este año fue de ¢1.151.603, mientras que al mismo periodo de 2020, fue de ¢1.053.571.
En el sector comercio y empresas de telecomunicaciones el nivel se mantuvo similar este año en comparación con el anterior, el impago promedio fue de ¢314.294 y ¢64.519, respectivamente.
“La buena conducta de pago en telecomunicaciones podría explicarse porque la conectividad ha sido fundamental para el teletrabajo y para quienes estudian desde la casa. De ahí que las personas prefieren mantenerse al día en sus deudas de cuentas telefónicas, servicios de electricidad, cable e Internet, y atrasarse con los pagos de otros servicios”, explicó Cubillo.
El investigador destacó que en el sector financiero no regulado el crédito se solicita para consumo. Mientras que en el comercial está vinculado para la compra de bienes de uso diario.
La investigación también efectuó un análisis de los perfiles de los deudores por género y encontró que, porcentualmente, la mora se incrementó más en mujeres. Al primer semestre de este año, el impago promedio femenino fue de ¢319.578, es decir, 9,5% más respecto a los ¢291.733 del 2020.
En el caso de los hombres, el monto fue de ¢447.674, en los primeros seis meses del 2021, lo que implicó un aumento de 6,4%, si se compara con los ¢420.698, el año anterior.
Para César Calomino, gerente general de Equifax para México y Centroamérica, el estudio muestra de manera científica una realidad social en Costa Rica y puede utilizarse para tomar medidas correctivas de acceso a un crédito sano.