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El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial requiere de nuevos cambios para lograr la estabilidad y reducir el déficit actuarial, de ¢629.000 millones, pues el régimen “no está totalmente sano”.
Así lo explicó el actuario Luis Guillermo Fernández, encargado de elaborar la más reciente evaluación de la salud del sistema de jubilaciones de la Corte.
Fernández destacó, durante una conferencia de prensa, este 17 de setiembre, que el peso de las pensiones en curso de pago es muy fuerte y es la razón principal de que no se lograra el equilibrio actuarial tras la reforma legal aprobada en abril del 2018.
Actualmente, los 4.153 pensionados del régimen, es decir, el 25% de los 18.093 beneficiarios totales, representan el 40% del pasivo actuarial del sistema.
“Así como está el régimen no está totalmente sano obviamente, pero eso no impide que se puedan hacer otros esfuerzos para llevar la razón (de solvencia) al equilibrio”, explicó Fernández.
El estudio actuarial recomendó reducir el tope de pensión de ¢4,4 millones a ¢2,6 millones, incorporar los beneficios de bonificación y postergación; y actualizar el monto de las pensiones en curso de pago solo por el 50% de la inflación.
El estudio también determinó que la reserva del régimen comenzará a consumirse a partir del 2036 y se agotará en el 2049. A junio anterior, dicho fondo ascendió a ¢538.875 millones.
El documento destacó que junto a los cambios el sistema requiere una rentabilidad anual real de las inversiones de 6,75%, si no la situación del fondo se deteriorará.
A mediados de este año, la rentabilidad del portafolio de inversiones del sistema fue de 6,08%, según el boletín estadístico del régimen.
El informe no propuso ajuste en edad o cotización pues la reforma aprobada en el Congreso, en abril del 2018, estableció que para acceder a la pensión por vejez sea a partir a los 65 años; antes se permitía a los 55 años; además el aporte del trabajador se elevó del 11% de su salario al 13%.
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Para Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, corresponderá a la Junta Administradora del Fondo estudiar las propuestas del estudio actuarial y determinar cuáles se pueden implementar.
“Ojalá los cambios no requieran reforma legal. Los números muchas veces no nos dan las mejores noticias y hay que hacer un sacrificio adicional”, reconoció Cruz.
El Magistrado enfatizó que las decisiones a tomar deben respetar los derechos adquiridos de las personas que actualmente están jubiladas.
“El ajuste hay que valorarlo financiera y jurídicamente, y el tema de derechos adquiridos. Dentro de la dinámica tan complicada que es el tema de pensiones se pueden proponer algunos ajustes. En el caso de quienes están jubilados tendría un efecto mucho más atenuado que quienes están empezando en el régimen. Hay que hacerlo integral”, dijo el Presidente de la Corte.
Por su parte, Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, aceptó que no está totalmente tranquilo con el fondo de pensiones del Poder Judicial, pues mantiene un déficit actuarial importante, pero manejable frente al estudio hecho por la Universidad de Costa Rica.
Dicho análisis arrojó, en el 2017, que el sistema tenía un hueco actuarial de ¢6,3 billones.
“Ahora es una situación diferente, cerrar un hueco de ¢6 billones era imposible, ahora sí es manejable. Con ajustes normales de un fondo de pensiones se puede solucionar”, destacó Ramos.
El jerarca recordó que ahora el Poder Judicial debe someter el régimen a estudios actuariales cada año, lo cual permite seguir el pulso de la salud del sistema.
Juan Carlos Sebiani, representante de los trabajadores judiciales, reconoció que esperan un resultado mejor de la evaluación hecha al régimen.
Además, destacó la necesidad de conformar la Junta Administradora que impulse los cambios para lograr el equilibrio del sistema.
Las modificaciones propuestas en el estudio actuarial, contratado a la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S. A., comenzarán a analizarse una vez que se integre en noviembre próximo dicho órgano de administración de las pensiones judiciales.
