EscucharLaura Suárez, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), informó, en conferencia de prensa las razones que fundamentaron la intervención de Financiera Desyfin, ordenada de manera inmediata este martes 13 de agosto por un periodo inicial de 30 días.
La medida se tomó después de que el Consejo recibiera un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en el cual se detalló que la entidad tenía estimaciones crediticias de operaciones subvaluadas y la creación de estas provisiones implicó el consumo del 50% de su patrimonio, el cual era de ¢11.701 millones, a junio.
Durante la fiscalización, la Superintendencia determinó que Desyfin calculó incorrectamente el valor del riesgo de los préstamos otorgados. La revisión de la cartera crediticia abarcó el 20%. A junio, la entidad intervenida tenía un saldo total prestado por ¢125.341 millones.
Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, explicó que la creación de las estimaciones implicó la caída de la suficiencia patrimonial de Desyfin a 8%, lo cual es otra razón de intervención porque entra en irregularidad financiera de grado 3.
El indicador de suficiencia es vital al evaluar la solidez del capital de las entidades y revela su capacidad para hacer frente a los riesgos inherentes a su actividad.
La normativa establece tres niveles de irregularidad: un resultado de suficiencia menor al 10%, pero mayor o igual al 9%, se clasifica como irregularidad 1; entre el 8% y el 9%, es irregularidad 2; y por debajo del 8%, se categoriza como irregularidad 3.
“Las estimaciones crediticias no reflejaban realmente el riesgo. Al aplicar el ajuste se hizo contra el patrimonio (de la financiera) y generó una insuficiencia de la suficiencia patrimonial y la pérdida de más del 50% del capital”, explicó Aguilar.
José Luis Arce, economista y expresidente de Conassif, explicó que las estimaciones por posibles pérdidas crediticias son “colchones” para absorber pérdidas de crédito basadas en la calidad de los préstamos vigentes. De haber un déficit, esto quiere decir que las reservas que Desyfin tenía calculadas eran menores a las que en realidad necesitaban para hacer frente a esos riesgos.
Aguilar explicó que, desde enero pasado, se hizo una revisión exhaustiva de la cartera de crédito de la financiera, pero en el proceso se reportó la obstrucción del proceso de supervisión por parte de la administración de la entidad, así como ocultamiento de información.
Según la jerarca, la financiera tuvo renuencia a presentar información para la correcta supervisión durante todo el proceso. Incluso, señaló que por varios meses la entidad interpuso apelaciones ante Conassif e incluso solicitó medidas cautelares para impedir que algunas acciones de estas se pudieran desplegar.
“La denuncia respectiva ya fue planteada a las autoridades correspondientes”, manifestó Aguilar ante la consulta de si se presentó una denuncia penal.
La entidad tiene cuenta con 4.200 acreedores, entre personas físicas y jurídicas, con las cuales mantenía compromisos totales por ¢199.367 millones, a junio pasado, según datos de Sugef.
Sobre las emisiones de títulos de deuda de Desyfin, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) suspendió las negociaciones por un periodo de 15 días, dijo Tomás Soley, jerarca de la entidad. Sin embargo, añadió que conforme avance la intervención se puede modificar la medida.
El Conassif nombró a como encargada del proceso de intervención a Marianne Kött Salas. Ella deberá entregar un informe en el cual debe precisar su recomendación del futuro de Desyfin, ya sea si la institución entra a un proceso de resolución o si debe enviarse a un proceso concursal para determinar la quiebra de la financiera.
