La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual efectúa en estos momentos cuatro allanamientos en tres de las oficinas de Coopeservidores, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La información fue confirmada la mañana de este miércoles 29 de mayo por la oficina de prensa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y posteriormente por la Fiscalía. Los allanamientos se iniciaron a las 8:00 a.m. y están relacionados con la causa 24-000017-0621-PE. En dicho expediente se investiga una infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) relacionado con la alteración de información financiera.
A las 6:30 p. m., mediante la Oficina de Prensa del Ministerio Público, se informó de que las acciones de investigación en las sucursales continuarán este jueves 30 de mayo.
Las diligencias se efectúan en tres oficinas de la entidad, ubicadas en Rohrmoser y San José, y en ADN Data Center, en Alajuela, según confirmó la Fiscalía cuya acción la ejecuta en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los allanamientos desplegados este miércoles buscan decomisar pruebas documentales y electrónicas para incluir en la causa en la que se investiga el presunto delito de reducción de la pena.
Esta infracción establece que se impondrá una pena de tres a seis años a quien registre, altere, permita o consienta la alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de una entidad. También menciona que se impondrá la misma pena a quien proporcione a los órganos supervisores auxiliares datos o informes falsos o inexactos con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera.
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La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos indicó que no hay personas imputadas ni detenidas por este caso, ya que el expediente se tramita contra ignorado, es decir, que aún no está identificado el o los imputados.
El 14 de mayo anterior, un día después de que se ordenara la intervención de la cooperativa, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos confirmó que investiga a Coopeservidores por supuestas irregularidades administrativas
La acción del Ministerio Público ocurre dos semanas después de que el Conassif ordenara, el 13 de mayo, la intervención de Coopeservidores a raíz del manejo irregular y riesgoso de los órganos de dirección y de alta administración.
La medida se acordó después de que la Sugef emitiera dos informes en los cuales reveló que las autoridades de Coopeservidores permitieron el ocultamiento de sus problemas al conceder, “en gran volumen”, una moratoria de pagos a deudores de créditos malos, “a los cuales no se les ejecutó ninguna gestión de cobro”.
La intervención se decretó hasta por 30 días naturales e implicó la suspensión del cargo de los miembros del Consejo de Administración de la entidad y la gerencia general. Marco Hernández Ávila, interventor de Coopeservidores, confirmó a La Nación este miércoles que el pasado 15 de mayo se despidió sin responsabilidad patronal a Óscar Hidalgo Chaves, quien era gerente general de la entidad desde 2006.