EscucharLa Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual confirmó este martes 14 de mayo que investiga a Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito, por supuestas irregularidades administrativas.
En concreto, el Ministerio Público indicó, ante consulta de La Nación, que el caso se tramita por la presunta infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La causa se tramita bajo el expediente 24-000017-0621-PE y se encuentra en la fase inicial de investigación.
Dicha norma establece que se impondrá pena de tres a seis años a quien registre, altere, permita o consienta la alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados de una entidad.
También menciona que se impondrá la misma pena a quien proporcione a los órganos supervisores auxiliares datos o informes falsos o inexactos con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
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El lunes 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la cooperativa porque la administración actual de esta entidad financiera “pone en peligro su seguridad y solvencia”. Esta decisión se tomó luego de una recomendación hecha por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Entre los fundamentos para tomar el acuerdo, el Conassif indicó que la información reportada por la entidad sobre las operaciones de crédito mostró deficiencias graves en su precisión, consistencia e integridad, lo cual impidió reflejar de forma veraz la situación de la calidad de crédito de la cartera.
Además, el Consejo agregó que la cooperativa aplicó de forma masiva moratorias de pago, evitando la reclasificación de las operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo y sin realizar ninguna gestión de cobro. Esto provocó un deterioro de la cartera de crédito de la cooperativa.
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Durante ese periodo de intervención, los miembros de la alta gerencia y la junta directiva dejan de tener control inmediatamente, ya que la administración pasa a manos de un interventor. En este caso, se asignó a Marco Hernández Ávila en ese puesto, junto a Lillieth Brenes Zúñiga como interventora adjunta.
Este martes 14 de mayo, Hernández Ávila confirmó que tomaron control de la cooperativa y que, por ahora, todas las cuentas de los depositantes están congeladas hasta terminar el diagnóstico. Sin embargo, se autorizó el pago de todas las planillas depositadas este lunes y que corresponde a dinero de clientes que reciben su salario en esta entidad financiera.
El pago de salarios de la personas que recibieron este lunes su remuneración a través de la entidad ya fue aprobado y se concretará entre martes y miércoles.
En horas de la mañana, un grupo de clientes que se acercó a la sucursal de Coopeservidores en Barrio México, en San José, comentó a este medio que estaban imposibilitados de retirar sus ahorros en la entidad, tanto en la plataforma virtual como por medio de los cajeros y otros métodos físicos.
