Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) estarán de visita en Costa Rica, entre el 8 y el 12 de abril, para reunirse con distintos sectores, evaluar la situación económica y supervisar el progreso en los compromisos que el país adquirió dentro de los programas de apoyo presupuestario con el organismo.
De cumplir con los criterios cuantitativos y avances en medidas estructurales, y tras una revisión del Directorio Ejecutivo del organismo multilateral, Costa Rica accedería a un total de $521 millones de dos líneas de financiamiento: $275 millones del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y $246 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.
Ambos montos serían las últimas transferencias que el organismo ejecuta a Costa Rica en el marco de estos dos acuerdos.
El primer préstamo, el SAF, fue suscrito por un total de $1.778 millones (1.237 millones de Derechos Especiales de Giro). Este fue aprobado el 1.° de marzo del 2021, por un periodo inicial de tres años, y luego se extendió por cinco meses más, en marzo del 2022. El segundo es el crédito del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) por un total de $739 millones (554,1 millones de DEG). Este fue aprobado por la Asamblea Legislativa, en octubre del 2023.
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Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó a La Nación que las reuniones entre la misión del FMI y el Gobierno se iniciaron la semana anterior de forma virtual, y esta semana se desarrollan de forma presencial, hasta el 12 de abril. El equipo del organismo multilateral está liderado por el economista chino Ding Ding, quien también encabezó las últimas dos misiones en Costa Rica.
Sujeto a cumplimientos
Desde que se suscribió el acuerdo, los distintos desembolsos han estado sujetos al cumplimiento de diferentes metas. Ese es el motivo por el que, tras la visita de las misiones, el Directorio Ejecutivo debe aprobar las transferencias.
Para esta ocasión, en lo relacionado con el SAF, se analiza el lanzamiento de una ventanilla única para los programas sociales bajo la autoridad del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), así como una propuesta de reforma a la Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros.
Así consta en el informe Costa Rica: Consulta del Artículo IV del 2023, quinta revisión del Servicio Ampliado del FMI, y segunda revisión del Fondo del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, publicado el 22 de diciembre del año anterior.
Para el caso del SRS, el FMI verificará el desarrollo de lineamientos por parte del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y el Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (Minae) para incluir análisis de cambio climático en los planes reguladores, así como la revisión que debe hacer el Gobierno sobre los incentivos fiscales existentes con un efecto negativo sobre el medio ambiente para “apoyar los esfuerzos de descarbonización”.
Nogui Acosta confirmó este lunes que el Gobierno cuenta con todos los avances listos que se revisan en esta visita.
Anteriormente, por ejemplo, el desembolso del SAF estuvo condicionado a la aprobación de la Ley de Empleo Público, con la implementación del salario único en el Estado. Además, la obtención de un superávit primario para que el endeudamiento del Gobierno sea equivalente al 55,1% del producto interno bruto (PIB) en el 2028.
Por otra parte, el SRS también establece metas en cuanto a la implementación de políticas y acciones relacionadas con la transición a una economía baja en carbono y la adaptación al cambio climático.
Seguimiento a la economía
En caso de que el FMI apruebe y gire los fondos al Gobierno de Costa Rica, será la última ocasión en la que el FMI haga un desembolso en el marco de estos préstamos. Sin embargo, el Gobierno deberá pagar las deudas con el organismo, y este seguirá de cerca la economía costarricense, según explicó Santiago Acosta, representante del FMI en Costa Rica, en febrero anterior.
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También existe la posibilidad de que Costa Rica se someta a una evaluación posterior al financiamiento, lo cual se debe pactar entre ambas partes.
A partir de 2026, el Gobierno deberá iniciar el pago de $2.516 millones por estos dos créditos. El préstamo del Servicio Ampliado se cancelará en su totalidad en 2034, mientras que el del SRS culminará en el 2045.