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Las operadores de pensiones complementarias (OPC) incrementaron la concentración de inversiones en bonos de deuda emitidos por el Gobierno durante el año pasado.
Al cierre del 2020, las seis OPC tenían invertidos ¢4,79 billones en emisiones de valores emitidas por el Ministerio de Hacienda, es decir el 57% del total de recursos administrados, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
En tanto, en el 2019, las operadoras tenían invertidos en deuda pública gubernamental ¢4,29 billones, o sea el 55% de los recursos.
La concentración de las inversiones incluye información de todos los fondos administrados desde el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y los fondos voluntarios.
El aumento del saldo en títulos valores de Hacienda, durante el año pasado, ocurrió en un momento de deterioro significativo de las finanzas públicas, acentuado por la pandemia de la covid-19.
El incremento de la concentración en bonos del Gobierno se explica por las operadoras de capital público. BN Vital, BCR Pensiones y CCSS OPC fueron las que más elevaron su concentración de inversiones en el Gobierno.
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La excepción fue Popular Pensiones que redujo su exposición en términos porcentuales e incluso en monto absoluto.
Vida Plena y BAC Pensiones mantuvieron una posición similar en sus inversiones en emisiones de Hacienda, según los datos publicados por la Supén.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, explicó que la normativa actual dispone a cada entidad establecer un proceso de planificación y asignación estratégica de las inversiones, y que se realice un análisis integral de los riesgos que pueden afectar las inversiones de los fondos.
“El riesgo país es uno de los tantos aspectos considerados en ese proceso de diseño del portafolio de inversiones, y las decisiones que se tomen en esa formulación van directamente enfocadas a la consecución de un determinado objetivo de rentabilidad”, destacó la funcionaria.
La mayor concentración en bonos del gobierno se inició, desde finales del 2018, cuando Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) abrió la posibilidad de elevar las inversiones en instrumentos públicos del 50% del total de recursos administrados, hasta el 80%.
Con dicha medida se eliminó la orden dictada por el mismo Consejo, en octubre del 2014, de reducir la alta concentración de fondos invertidos en bonos de entidades estatales.
Aguilar confirmó que la Superintendencia no desarrolla ninguna iniciativa para modificar los límites previstos en la normativa vigente.
Las operadoras de pensiones administraban, a diciembre del 2020, un total de ¢8,42 billones.
Después de las emisiones del Gobierno Central, el 22,4% del total de los recurso administrados por las operadoras estaba invertido en bancos, públicos y privados; fondos de inversión y empresas.
Además el 20,6% en bonos emitidos en el mercado internacional, principalmente, en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Los recursos que invierten las OPC pertenece a más de 2,7 millones de trabajadores.
Poca oferta
Entre el argumento principal de las operadoras, para elevar la concentración de sus inversiones Gobierno, están la poca oferta de nuevas emisiones de valor en el país.
“La poca oferta de instrumentos del sector privado y la oportunidad de atractivos rendimientos en el sector público nos permitió incrementar este porcentaje”, explicó Hermes Alvarado, gerente de BN Vital.
El vocero destacó que, pese al incremento, están dentro de los parámetros de topes dictados por el Reglamento de Gestión de Activos.
BN Vital finalizó el 2020 con el 62,6% del total de recursos administrados invertidos en Hacienda. En tanto que, en el 2019, era el 57%, según la información publica en el portal de Supén.
En números absolutos, la operadora mantenía un saldo de ¢1,1 billones, a diciembre pasado.
En el caso de BCR Pensiones, el 56% del total de recursos administrados, al cierre del año pasado, estaba en bonos de deuda del Gobierno. Mientras que, en el 2019, era el 51,2%.
El saldo de recursos, en diciembre anterior, fue de ¢730.000 millones, es decir ¢133.000 millones más frente la mismo periodo del año previo, muestran los datos de Supén.
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“Principalmente obedece a la necesidad de colocar los recursos de acuerdo a la planificación y apetito de riesgo que se presente en su momento”, destacó Mauricio Rojas, gerente de la entidad.
Rojas enfatizó que los ingresos constantes de recursos son destinados a alternativa de inversión analizadas de manera responsable.
La OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue la que más elevó, en puntos porcentuales (p.p.), la concentración en emisiones de Hacienda.
A diciembre pasado, el 38,5% del total e recursos administrados por la operadora estaba invertido en bonos de deuda del Gobierno. Mientras que, en el 2019, era el 24,4% es decir un alza de 14,1 p.p.
En monto absoluto, el saldo a diciembre pasado fue de ¢158.000 millones, es decir ¢70.000 adicionales, frente al mismo mes del 2019, según el registro de Supén.
Aguilar explicó que, pese al aumento reportado por la operadora, de las seis OPC es la que ha mantenido un menor porcentaje invertido en Hacienda.
Popular Pensiones fue la única operadora que la reducción de las inversiones fue tanto porcentual como en números absolutos.
Al cierre del 2020, el 55,1% del portafolio de la OPC estaba en emisiones del Gobierno, frente al 59,2%.
En números absolutos, el salido invertido en Hacienda fue de ¢1,64 billones, es decir ¢40.000 millones menos, comparado con el cierre del año del 2019.
“Una apropiada diversificación por medio de la distribución de los activos, tomando en cuenta su clase, los mercados donde se negocian, su ubicación geográfica y los diferentes sectores económicos, son uno de los componentes más relevantes de la estrategia de inversión utilizada”, explicó Roger Porras, gerente de Popular Pensiones.
Porras destacó que, así logran mitigar la incertidumbre al no concentrar la inversión en un solo instrumento o mercado.
