EscucharLos administradores de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informaron a los afiliados de ambos regímenes que las respectivas inversiones en Desyfin se efectuaron de manera correcta, cumpliendo con la normativa regulatoria de diversificación y mitigación del riesgo.
Así lo detallaron, en comunicados separados, a los trabajadores de estas dos instituciones. Este jueves, la Junta Administradora del Fondo de Pensiones Complementario del ICE detalló a los funcionarios de la empresa estatal que, al 31 de julio pasado, contaban con inversiones por un valor de ¢6.200 millones entre certificados a plazo y bonos de deuda emitidos por la financiera.
Los administradores del fondo informaron de que el 80% de los recursos invertidos vencen este año y el 20% restante, en 2025.
En el último estado financiero disponible de este régimen de pensiones, publicado en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones (Supén), se indicaba que las inversiones en Desyfin eran por ¢1.000 millones.
“La inversión en este emisor representa el 1,38% del total de activos administrados que ascienden aproximadamente a ¢442.000 millones (...) Esta inversión está en plena conformidad con la estrategia de diversificación de inversiones en títulos valores a efecto de reducir los posibles impactos ante la materialización de los riesgos financieros”, se indica en el comunicado del cual tiene copia La Nación.
Además, en el documento se precisó que todas las inversiones están expuestas a riesgos y que se sigue de cerca el proceso de intervención.
“Con el anuncio realizado por Desyfin respecto al trabajo que realiza en un plan de capitalización que permita fortalecer su situación financiera (...) se espera que esta financiera pueda volver a operar con normalidad y a partir de ello honrar las obligaciones financieras contraídas con actores del mercado financiero y bursátil”, aseguró la Administración del fondo de jubilaciones del ICE, sin dar detalle del origen de tal afirmación.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), emitió la orden de intervenir Desyfin el pasado 13 de agosto, por anomalías detectadas en el manejo de la cartera de crédito. Desde ese momento no se ha brindado ningún detalle sobre el avance del proceso de revisión de la compañía, ni sobre el posible desenlace de la diligencia, dirigida por Marianne Kött Salas.
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Por otra parte, Oslean Mora, director ejecutivo de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, detalló en un comunicado a los afiliados al régimen que la situación con la entidad financiera intervenida no solo afecta al fondo, sino a más de 900 inversionistas.
En el comunicado del pasado 21 de agosto, señaló que monitorean la situación para evaluar el impacto que este caso pueda tener sobre las inversiones del sistema.
La información financiera del régimen judicial muestra que son tenedores de cuatro títulos de Desyfin por un monto de ¢11.500 millones, es decir, el 1,5% del total del portafolio.
“En el momento de la inversión inicial, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de Desyfin, evaluando todos los riesgos asociados y la viabilidad de la inversión. Asimismo, se realizaron seguimientos periódicos para asegurar que la inversión permaneciera alineada con los criterios de calidad”, detalló Mora en el oficio.
Asimismo precisó que, desde noviembre del 2023, se dejaron de hacer nuevas inversiones en la financiera.
Mora subrayó en el comunicado que respeta el actual proceso de intervención. “Se lamenta que la metodología utilizada por el Conassif conlleve a la toma de decisiones, a nuestro juicio, tardías, en detrimento de las personas, sean físicas o jurídicas, que invierten en organizaciones a cargo de su supervisión, en una afectación a sus expectativas”, se indicó en el oficio en poder de este diario.
Además de estos dos fondos de jubilaciones, la financiera recibió recursos de Popular Pensiones, Mutual Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), BCR SAFI, asociaciones solidaristas, Popular SAFI, Oceánica de Seguros, Mapfre, entre otras entidades.
Todos los pagos a depositantes e inversionistas de Desyfin quedaron suspendidos, desde el pasado 13 de agosto, por un plazo de 30 días ―prorrogables por otros 30 días más― hasta que Kött Salas brinde una recomendación sobre si el funcionamiento de la financiera es viable o no.
