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La Gerencia de Pensiones y el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) urgieron la pronta aprobación de la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La previsión era que la Junta Directiva de la Caja decidiera, en marzo anterior, las condiciones futuras de edad de retiro, el porcentaje de aporte y el monto de pensión de 1,5 millones de trabajadores.
Sin embargo, el tema aún no ha sido convocado para la discusión final y aprobación, pese a que la propuesta se envió el mes anterior.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, confirmó que están a la espera de una fecha para exponer el alcance de la iniciativa.
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Ratificó, además, que la recomendación principal, entre los tres planes de reforma, es eliminar la pensión anticipada que permite a las mujeres retirarse a los 59 años y 11 meses, con 462 cuotas; y a los hombres a los 61 años y 11 meses, con 462 cuotas.
De avalarse, todos los trabajadores tendrían derecho al retiro al cumplir los 65 años.
Los otros cambios son modificar el cálculo de la pensión, lo cual reduciría el monto mensual entre 15,6% y hasta 23,2%, frente a las reglas vigentes de jubilación.
Otras propuestas son elevar la cotización tripartita al fondo del 10,66% actual hasta 15,16%; y unificar el monto de la jubilación para que sea equivalente al 45% del salario para todos los nuevos pensionados, actualmente es del 52%.
Los ajustes comenzarían a regir 18 meses después de que sean avalados en firme por los directivos de la Caja.
La Gerencia de Pensiones presentó, en agosto del año pasado, tres alternativas para fortalecer el IVM, que es el principal fondo de jubilaciones del país con 305.000 jubilados.
Desde ese momento, la institución comenzó un proceso de socialización de las propuestas entre trabajadores, sindicato, empresarios, cooperativistas y el Gobierno.
Barrantes explicó que, una vez recibidas las diferentes recomendaciones de los sectores, se incorporaron en el informe enviado a la Junta.
Sin embargo, declinó detallarlas, pues aún no han sido conocidas por los directores de la institución autónoma.
El objetivo de la reforma es alargar la vida del fondo de jubilaciones a una fecha entre el 2050 y 2053.
El último estudio actuarial del IVM, de julio del 2019, previó que la reserva del sistema se agotará en el 2037.
Sin embargo, los supuestos del estudio se hicieron previo a la pandemia de la covid-19.
La crisis sanitaria generó un fuerte descalce entre los ingresos y gastos del IVM.
Antes los ingresos por cotizaciones ascendían, en promedio, a ¢95.000 millones por mes. Pero a partir de abril del 2020, se redujo a ¢75.000 millones, en promedio.
Sin embargo, los egresos del sistema se mantuvieron en los ¢100.000 millones en promedio al mes. Un total de ¢80.000 millones corresponden al pago de pensiones y los restantes ¢20.000 millones a la contribución del IVM al seguro de salud, para la atención de los jubilados, y a gastos administrativos.
José Luis Loría, representante del sector cooperativo, es uno de los nueve directivos más críticos de la reforma planteada.
Loría reprochó que los cambios propuestos al régimen siempre giran en la edad de retiro, cotización y el monto de pensión.
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“Hace mucho tiempo vengo planteando, ante la Junta Directiva, que se busquen recursos alternativos para el IVM, así como elevar la cantidad de cotizantes. Mi punto es que las medidas siempre son contra los cotizantes, eso es como estarle dando palo a los mismos todo el tiempo”, declaró.
Entre las opciones están un impuesto al uso de datos a Internet, u otorgar los ingresos de peajes de la nueva carretera a Limón al fondo de jubilaciones.
“En un contexto donde el 49% de los jubilados reciben una pensión mínima, es decir ¢140.000, y hay otro grupo con un monto mensual de ¢250.000, y entre ambos suman el 90% de los pensionados, seguir estrechando los beneficios, a mí no me parece”, destacó Loría.
Christian Steinvorth, representante del sector empresarial en la Directiva, también respaldó la opción de elevar la formalización de la economía para llevar recursos sanos al régimen.
“Hay que hacer estudios actuariales que demuestran la ventaja de la formalización (para el IVM). Me preocupa que en todas las discusiones sobre el tema todo queda en el aire porque no tenemos datos claros”, agregó Steinvorth, según el acta de la sesión de Junta 9163, del pasado 11 de marzo.
Él insistió que el cálculo debe efectuarse para promover la medida.
