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El Gobierno amasa un endeudamiento millonario con la atención básica de salud del país y grupos de especial cobertura (menores de edad, personas en pobreza, indigentes y trabajadoes independientes); así como con el financiamiento del IVM, principal régimen de pensiones de Costa Rica.
La deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó un saldo de ¢1,67 billones para el 2019, es decir, aumentó casi el doble en términos reales, en los últimos tres años, muestra la información brindada por la institución autónoma a La Nación.
El principal pendiente de pago es con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), pues representa el 85% del monto total adeudado, es decir, ¢1,42 billones.
En el caso del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el saldo adeudado fue de ¢258.630 millones, detalla la información de la Caja.
Luis Diego Calderón, gerente Financiero interino de la Caja, detalló que la entidad está en una proceso de negociación de la deuda estatal con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aún no hay un acuerdo entre ambas instituciones.
El funcionario destacó que, el pasado 31 de enero, recibieron una serie de observaciones del Gobierno, pero no ahondó en el tema, pues aún está en análisis.
“Una vez conciliados estos conceptos (observaciones) se procederá a discutir los términos de pago de la deuda por parte del Estado”, explicó Calderón.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda, el pasado 3 de febrero, sobre el proceso de negociación con la Caja. Pero al cierre de esta información (lunes 17 de febrero), no se había recibido respuesta.
La existencia de las obligaciones estatales pendientes con el SEM y el IVM, implica que los patronos y trabajadores asumen con sus cuotas parte del peso que corresponde financiar al Estado.
El seguro de salud cubre la atención médica de casi tres millones de cotizantes, mientras que el fondo de jubilaciones paga la pensión a 289.000 personas, de las cuales poco más de la mitad son adultos mayores.
En abril del 2016, se firmó el último arreglo de pago entre el Gobierno y la CCSS por un monto de $420 millones, recursos que fueron financiados mediante un crédito que el Gobierno suscribió con el Banco Mundial.
¿Por qué crece tanto?
El Gerente Financiero de la Caja a. i. enfatizó que todas las instituciones públicas cumplen con sus aportes como patronos a la seguridad social.
El problema se genera con las contribuciones especiales que se atribuyen al Estado en la Constitución Política y en leyes especiales.
Calderón explicó que cuando se dio el arreglo de pago del 2016, el saldo adeudado con el seguro de salud se redujo.
En el 2015, el impago era de ¢1,06 millones, pero al año siguiente bajó a ¢800.360 millones, luego del convenio firmado con Hacienda.
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No obstante, a partir del 2016, el monto acumulado siguió creciendo a un promedio anual del 26%, pues el convenio establecido fue por una mínima parte de la deuda total.
“El saldo (adeudado) continúa incrementándose debido a que los pagos que realiza el Ministerio de Hacienda normalmente son menores a los montos facturados, lo que ocasiona que la deuda se acumule”, explicó Calderón.
Al cierre del 2019, el acuerdo de pago entre la Caja y Hacienda era por un saldo de ¢84.500 millones, es decir, solo el 5% del total adeudado.
Precisamente, la Auditoría Interna de la CCSS señaló en el informe ASF-168-2019, de diciembre anterior, reseñó el crecimiento tan relevante de la deuda estatal e instó a la entidad autónoma a tener “negociaciones activas y persistentes” con Hacienda.
Detalle de las deudas
En el caso del SEM, la suma que el Estado reportó es un saldo de ¢1,42 billones, en el 2019, que incluye monto principal e intereses, según la información brindada por la entidad autónoma.
El saldo más relevante es por el traspaso del servicio de primer nivel de atención de salud –hoy conocido como Ebáis–, que el Ministerio de Salud trasladó a la Caja a finales de la década de los 90.
Los recursos adeudados por dicho traspaso cerraron con un saldo de ¢468.471 millones, el año pasado, y representan el 33% de la deuda estatal con el seguro de salud.
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En relevancia, sigue el saldo de ¢344.974 millones (24% de la deuda total del SEM) por la atención médica que el Estado debe brindar a los menores de edad, principalmente por concepto de vacunación, tal como lo dicta el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Dicho monto creció, en términos reales, 46% durante el último año, cuando se compara con los ¢236.315 millones del 2018, incluso la deuda principal y sus intereses.
Los otros rubros adeudados, en ese orden derelevancia, es la población asegurada por cuenta del Estado que incluye a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, indigentes, privados de libertad.
El saldo adeudado fue de ¢162.115 millones a diciembre anterior, según el detalle brindado por la CCSS.
En el caso del fondo de pensiones, el pasivo fue por ¢258.629 millones, es decir, 65 veces más comparado con los casi ¢4.000 millones del 2015.
El saldo incluye la cuota estatal al IVM y la contribución solidaria para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
El incremento tan relevante ocurrió luego de que la Junta Directiva de la CCSS acordara, en el 2016, elevar la contribución estatal al régimen, del 0,58% al 1,24%.
Hacienda se opuso al ajuste desde el inicio, pues implicó subir su contribución tanto al fondo de pensiones del Magisterio Nacional como al del Poder Judicial.
Auditoría exige persistencia con arreglos de pago
La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) instó a la institución a mantener “negociaciones activas y persistentes” con el Ministerio de Hacienda, para llegar a un arreglo de pago de la deuda estatal con los servicios de salud pública y el IVM.
En el informe ASF-168-2019, de diciembre anterior, se destaca que el pendiente del Estado se ha incrementado de manera considerable con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La Auditoría destacó, con datos a junio del 2019, que la mayoría del dinero adeudado por el Estado estaba fuera de los convenios firmados entre la CCSS y Hacienda.
El saldo estatal adeudado a la seguridad social, a diciembre del 2019, ascendió a ¢1,67 billones y casi se duplicó durante los últimos tres años.
Del saldo total, los convenios firmados entre ambas instituciones públicas apenas cubren el 5% del monto total.
“(Es) una deuda considerable que se ha venido incrementado con el paso de los años, razón por la cual la institución debe continuar efectuando los esfuerzos que sean necesarios para mantener reuniones, así como negociaciones activas y persistentes con el Ministerio de Hacienda, a efectos de buscar una solución integral”, se detalla en el informe de Auditoría.
En el documento, se insta a la CCSS a documentar bien la deuda pendiente con el fin de agilizar los procesos de conciliación del saldo y llegar pronto a arreglos.
Asimismo, recordó a la entidad autónoma que las contribuciones por concepto de aporte obrero-patronal, principal ingreso del SEM y el IVM, mostraron una tendencia a la desaceleración, durante los últimos años, y que el déficit del Gobierno se ha incrementado.
“Este panorama no es conveniente, por cuanto en los últimos años la deuda del Estado viene creciendo y los procesos de negociación han sido lentos para negociar y conciliar la deuda con el fin de formalizar nuevos convenios”, destacó la Auditoría Interna.
Luis Diego Calderón, gerente financiero interino de la Caja, confirmó que analizan, desde pasado 31 de enero, una serie de observaciones de Hacienda sobre el proceso de conciliación de la deuda.
Calderón espera que una vez resueltas las discrepancias se pueda discutir los términos de pago de la deuda Estatal.
Al cierre de este artículo, Hacienda no respondió las consultas enviadas por La Nación desde el pasado 3 de febrero.
