El límite a las deducciones salariales de 35.000 empleados públicos sobreendeudados, para garantizarles recibir, al menos, ¢190.377 por mes, no se aplicará a inicios del 2020, tal como tenía previsto el Gobierno.

La decisión se aplazó luego de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtiera al Poder Ejecutivo, el pasado 4 de noviembre, del efecto negativo que la medida tendría en los bancos, confirmó Pilar Garrido, jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

“La recomendación de Sugef pesó en la decisión de revaluar el límite de las deducciones a las operaciones de los créditos vigentes”, confirmó Garrido a La Nación.

La restricción a las deducciones sí será de efecto inmediato, una vez publicado el decreto ejecutivo, para las nuevas operaciones de crédito que los funcionarios públicos formalicen con una entidad financiera, a partir del próximo año.

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La medida será de acatamiento obligatorio para las instituciones que conforman el Gobierno Central, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

Actualmente, hay 35.205 funcionarios que enfrentan problemas de endeudamiento y reciben menos del salario mínimo por mes.

Cada mes se realizan, en promedio, deducciones por ¢40.131 millones a empleados públicos, monto que incluye deudas, ahorros y cuotas de socios a sindicatos, según el Ministerio de Hacienda.

El 46,5% de los recursos se les deduce, principalmente, a docentes afiliados a Caja de ANDE; mientras que el 32,9% son funcionarios afiliados a cooperativas.

El límite a las deducciones automáticas se impulsa para cumplir con dos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), de abril anterior, los cuales aclaran que ningún patrono puede hacer rebajas a sus empleados que comprendan la parte inembargable del salario.

Además, es parte de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno, para enfrentar el alto endeudamiento de los costarricenses, como el programa de créditos de salvamento.

Aplicación gradual

La opción que analiza el Ejecutivo es aplicar el límite a las deducciones de forma progresiva, pero aún no está definido ni el plazo, ni el monto, ni el momento para iniciarse.

“Para los compromisos financieros existentes, aún no hay una decisión final, dado que estamos corriendo los modelos financieros para calibrar el riesgo que representa y poder determinar el momento idóneo para su implementación”, informó la Ministra de Planificación.

Bernardo Alfaro, jerarca de la Sugef, confirmó que advirtieron al Gobierno de que la aplicación de la medida debería ser gradual.

Es decir, que la deducción salarial al empleado, por deudas, se haga cada mes, en un plazo de dos años, para que al final del periodo se garantice al funcionario recibir el equivalente al salario mínimo.

“De no hacerse así (gradual), el impacto financiero sería inmediato (entidad financiera) y eso los obligaría a realizar una gestión de cobro muy agresiva. Es difícil pronosticar cuál sería el efecto final, dependería de esos cobros y de la voluntad de la gente por acercarse a realizar sus pagos”, destacó Alfaro.

Desde el sector cooperativo, la propuesta al Gobierno fue de que la medida se aplique a los préstamos vigentes en un plazo de al menos tres años, dijo Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

“Sugerimos al Gobierno que exista la posibilidad que algún deudor, dependiendo de sus circunstancias, pueda pedir que la medida sea opcional, es decir, que no le bloqueen el monto mínimo, sino solo una parte”, destacó Rodríguez.

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El representante cooperativista resaltó que si el límite a la deducción se aplica de forma inmediata, a las operaciones en ejecución, el efecto sería caótico y provocaría un aumento en la morosidad

“Cuando la gente deja de pagar por la vía de la deducción de planilla y, se le obliga a ir a ventanilla, la morosidad aumenta considerablemente”, destacó el vocero.

Para Maurilio Aguilar, director de Riesgo Corporativo del Banco Popular, lo más conveniente es no ejecutar el límite a deducciones, a las operaciones existentes.

“En vez de ayudar a esos funcionarios con baja liquidez, podría más bien afectarlos. Lo anterior en virtud de que el compromiso de atender la obligación se mantiene, y las entidades financieras gestionaríamos la recuperación de esos créditos por medio de los mecanismos de cobro”, destacó Aguilar.

La entidad pública confirmó que el 20% de los empleados estatales que reciben menos del salario mínimo tienen préstamos en el banco, y el saldo adeudado asciende a ¢74.000 millones.

Banca tendrá más cautela en nuevos créditos a empleados públicos

El cambio en las reglas para limitar las deducciones automáticas al salario de un empleado público generarán que las entidades financieras sean más prudentes al momento de otorgar una nueva operación de crédito.

Así coincidieron representantes de entidades financieras, consultadas por La Nación, sobre los efectos esperados de la medida anunciada por el Gobierno para inicios del próximo año.

El Poder Ejecutivo está en el proceso de publicar un decreto para garantizarle a todo funcionario recibir al menos el salario mínimo cada mes, el cual se ubica en ¢190.377.

Dicha medida implicará modificaciones en el análisis de riesgo que efectúan los bancos, pues reduce el sueldo disponible sobre el cual se puede realizar la deducción automática.

“Existe la posibilidad de que la entidad sea más prudente en la colocación de créditos, ya que sabe que no tiene segura su recuperación, como cuando podía aplicar la deducción de planilla, y eso al final se traduce en que deudores con limitada capacidad de pago tendrían menos acceso a crédito”, destacó Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Alfaro añadió que las entidades deberán valorar si el ingreso de la persona queda por debajo del mínimo al deducirse la cuota de un eventual crédito.

“La recuperación del préstamo podría ser un tanto más compleja”, dijo el funcionario.

Maurilio Aguilar, gerente de Riesgo Corporativo del Banco Popular, confirmó que habrá una mayor fiscalización al cliente, en los procesos de análisis de riesgo.

“Se revisarán los montos máximos a prestar, los niveles mínimos de capacidad de pago, los plazos del crédito y las garantías requeridas. Asimismo, se revisarán los niveles de endeudamiento por perfil y segmento, con el fin de validar que, ante esa situación, se hayan modificado los topes de endeudamiento”, explicó Aguilar.

Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, coincidió en que habrá modificaciones en las condiciones crediticias.

“En enero (del 2020), habrá un cambio porque suben (con el límite a deducciones) los niveles de requisitos tanto para salario bruto como para salario líquido (luego de cargas sociales). La institución que hace deducción de planilla sube el requisito, eso va pasar”, afirmó Rodríguez.

El representante del sector cooperativo consideró que debe darse una respuesta a las personas con salarios más bajos, pues la propuesta del Poder Ejecutivo limitará el acceso al crédito.

Sin embargo, Pilar Garrido, ministra de Planificación, consideró que la iniciativa impulsada por el Gobierno, más bien tendrá efectos positivos.

“Esta medida permitirá que las personas tomen decisiones más responsables sobre su endeudamiento vis a vis sus ingresos personales, tengan mayor liquidez y aumenten sus posibilidades de consumo e inversión futuro”, argumentó la funcionaria.

El Ejecutivo prevé que las nuevas reglas para deducciones automáticas de planilla en el sector público comiencen a implementarse a inicios del próximo año.