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El Gobierno cumplió, en el 2018, el quinto año consecutivo de reducir el porcentaje de ejecución de los fondos para inversión en infraestructura.
En la liquidación presupuestaria del Poder Ejecutivo se detalla que, en el 2013, se utilizó el 95,4% de los ¢390.441 millones destinados para gasto de capital, según datos del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el año pasado, el porcentaje de uso de dinero para obras cayó al 80,7%, es decir, se subejecutó el 19,3%. El presupuesto para obras ascendió a ¢570.893 millones, en el 2018.
El gasto de capital del sector público está constituido por la construcción de nueva infraestructura, adquisición de equipo y maquinaria; y transferencias de recursos para obras a entidades públicas y privadas.
Los datos de Hacienda incluyen la información de todas las entidades que se financian vía presupuesto nacional, es decir, se incluyen todos los ministerios, y otras entidades como el Poder Judicial o la Asamblea Legislativa.
La menor ejecución de recursos se acrecentó debido a los problemas fiscales del país, que en el último año fueron más evidentes debido a la crisis de liquidez que afectó al Gobierno, según Hacienda.
La Contraloría General de la República (CGR) y Hacienda también enfatizaron en que hay fallas en la planificación de proyectos de infraestructura desde las etapas de preinversión, y cuando se está en la etapa de construcción.
Baja en la ejecución de infraestructura
Los problemas fiscales del Gobierno y fallas en planificación provocaron una reducción sostenida en la ejecución en obras en los últimos cinco años.
Dificultades fiscales
Rocío Aguilar, jerarca de Hacienda, confirmó que el año anterior, con las dificultades de financiamiento, debieron priorizar gastos, lo cual generó que no pudieran trasladar dinero para algunos proyectos de infraestructura hasta comienzos del 2019.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Educación (MEP) confirmaron que, en el 2018, hubo proyectos que no se hicieron pues no se giraron los recursos a tiempo.
Ambas instituciones poseen la cartera de inversión más grande del Gobierno. El MOPT las efectúa, principalmente, mediante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“La ejecución nunca es muy alta tampoco. Pero eso tiene que cambiar. Los recursos quedan en superávit, principalmente, cuando se trata de órganos desconcentrados”, destacó Aguilar.
La jerarca recordó que el 2018 fue un “año muy crítico” para las finanzas del Gobierno.
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Reynaldo Ruiz, director de Planificación Institucional del MEP, confirmó que las transferencias de recursos para Juntas de Educación fueron del 66,5% en el 2018, es decir, hasta 10 puntos porcentuales menos respecto a los años previos.
“No se lograron transferir todos los recursos destinados a Juntas de Educación, quedando ejecutadas las transferencia en un 66.56% para dicho año, esto principalmente a la falta de liquidez que presenta el Gobierno”, destacó Ruiz.
La Dirección Financiera del MOPT destacó que la falta de recursos generó en Conavi un déficit de ¢26.398 millones, lo cual impidió tener una mayor ejecución.
En dicho Ministerio y órganos adscritos, el gasto de capital fue del 80% de los recursos presupuestados en 2018, mientras que en los dos años previos superó el 95%, se detalla en la estadísticas de Hacienda.
Para la Contraloría la estrechez fiscal del Gobierno ha complicado la posibilidad de incrementar los presupuestos para obra pública, lo cual agrava el rezago existente en infraestructura.
“En la evolución del gasto de capital en el Gobierno Central se observa un estancamiento (en los últimos años), así como una disminución en el porcentaje de ejecución”, destacó la entidad en el Informe de presupuestos públicos 2019.
El ente contralor también subrayó que la situación fiscal reduce el monto absoluto de dinero destinado a obras.
Para este año el presupuesto asciende a ¢506.406 millones, es decir 20% menos comparado con el 2018.
“Una situación fiscal complicada provoca recortes en este rubro y centra las prioridades en el gasto corriente, como el pago de remuneraciones, transferencias e intereses de la deuda”, destacó la entidad.
Fallas en proyectos
Por otra parte, Hacienda y la CGR destacaron una serie de fallas y deficiencias en proyectos de infraestructura, principalmente los financiados con créditos externos cuyo monto asciende a $4.068 millones.
Estos son los que cuentan con la mayor cantidad de dinero para inversión de obras.
La CGR recalcó que hay problemas desde la obtención de permisos, estudios de inversión desactualizados e incumplimientos de contratistas que afectan la ejecución de obras.
“Las limitaciones son reiteradas y, en general, están asociadas a la planificación y pre inversión de los proyectos (diseño, permisos, expropiaciones, contratación administrativa), o bien a la limitada supervisión de los proyectos”, destacó la entidad.
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La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda subrayó, en un estudio de noviembre pasado, que los proyectos de obras presentan problemas producto de errónea formulación desde su inicio.
Para Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, los problemas en la ejecución son por las deficiencias en la ejecución de las instituciones públicas.
“Las transferencias financieras se hacen (desde Hacienda) pero cuando llegan a la entidad, no necesariamente se ejecutan”, recalcó Rodríguez.
Concentración de dinero
Durante el año pasado, el 88,5% del dinero para obras de infraestructura se concentró en el MOPT, MEP, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia. Estas entidades contaron con un presupuesto de ¢505.713 millones en conjunto, según los datos de Hacienda.
El Minae tuvo el mayor uso de recursos, pues ejecutó el 97,8% de los ¢18.861 millones presupuestados.
José Rafael Marín, director ejecutivo de la entidad, destacó que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal tuvo una ejecución casi perfecta en obras, lo cual permitió elevar el porcentaje de utilización de dinero.
Por su parte, el MOPT cuenta con el mayor presupuesto para obras, el cual se ejecuta mediante el Conavi, principalmente.
De los ¢375.354 millones presupuestados, el año anterior, se utilizó el 81,2%, se detalla en la liquidación presupuestaria
La entidad destacó que rinden cuentas a la Contraloría y a Hacienda del uso del dinero, cuyo origen son leyes con destino específico.
En el MEP explicaron que el gasto de capital se destina al pago para la adquisición de terrenos, infraestructura física, compra de equipo de cómputo, y compra y mejoramiento de equipo para comedores escolares.
