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El Poder Ejecutivo aún no cuenta con el dinero necesario que garantice, en el 2019, mantener el monto de la pensión a personas pobres en ¢78.000 al mes, y otorgar 3.750 nuevos beneficios anuales a esta población.
En estos momentos, el Gobierno explora la posible fuente de los ¢10.518 millones requeridos para ampliar la cobertura del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) y mantener el aporte mensual.
Este sistema, destinado a personas en situación vulnerable, es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, advirtió al Ministerio de Trabajo de la carencia de recursos para el próximo año, según se detalla en el oficio GP-4256-2018, del 28 de junio anterior, del cual tiene copia La Nación.
"En relación con el presupuesto del 2019 (...) el monto asignado será insuficiente, con lo cual si se desea mantener el monto actual de pensión y la continuidad de la estrategia de incremento de la cobertura, se requiere que el monto original se incremente en al menos ¢10.518 millones", detalló Barrantes en la misiva.
Steven Núñez, ministro de Trabajo y Seguridad Social, afirmó que los recursos solicitados se aportarán; pero aceptó que aún no tienen el dinero.
Asimismo, garantizó que el monto del beneficio se mantendrá en ¢78.000, no habrá disminución.
"El Gobierno se encuentra en el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional (del 2019). Se avanza en la ubicación de la fuente de los recursos para brindar el contenido presupuestario a las pensiones del Régimen No Contributivo", manifestó Núñez.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, no respondió las consultas enviadas, este 10 de julio, sobre el financiamiento adicional requerido para el fondo no contributivo.
Estructura de ingresos
El año pasado, el régimen de jubilaciones tuvo ingresos de ¢153.409 millones, en su mayoría por transferencias de instituciones públicas, muestran los estados financieros de la Caja.
El 45% fue trasladado por Hacienda para garantizar el monto mínimo de pensión, según lo establece la Ley de Protección al Trabajador.
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) aportó el 40% correspondiente a una parte de la contribución de los patronos (privados y públicos), y de la recaudación del impuesto sobre las ventas.
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Para este año, el presupuesto asciende a ¢155.932 millones y se prevé que crezca a ¢163.000 millones, sin incluir los recursos adicionales solicitados por la CCSS.
Este sistema es de reparto, lo cual significa que todos sus ingresos se utilizan para pagar sus gastos. Solo cuenta con una pequeña reserva de ¢4.000 millones para atender contingencias.
El RNC fue creado en 1974 para atender a los adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por ningún sistema de jubilación. En el 2009, la cobertura se amplió a personas que padecen parálisis cerebral profunda.
Hasta abril anterior, el régimen brindaba una pensión mensual de ¢78.000 a 114.350 ancianos y 4.091 beneficios de ¢274.569 a personas con parálisis, según los estados financieros de la CCSS.
Obstáculo fiscal
El jerarca de Trabajo confirmó que la administración de Carlos Alvarado mantiene el compromiso de cumplir con la meta de ampliar la cobertura de beneficiarios, con el otorgamiento de 3.750 nuevas pensiones al año, acordado en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Sin embargo, el objetivo comenzó a enfrentar dificultades –desde este año– por la débil situación de las finanzas públicas provocada por delicada situación fiscal del Gobierno, así lo expresó Martha Cubillo, tesorera Nacional, en marzo anterior.
"Debido al déficit fiscal por el que atraviesa la economía del país, lo que ha propiciado la adopción de medidas de contención del gasto y afrontar mayores dificultades para atender las necesidades existentes, el Ministerio de Hacienda no puede asignar recursos adicionales (al RNC)", explicó Cubillo en el oficio DVME-0016-2018.
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La salida del Ejecutivo para garantizar el pago de pensiones en el 2018 fue utilizar el superávit de programas financiados por el Fodesaf.
La misma opción se estudia para garantizar el pago de la totalidad de beneficiarios el próximo año, confirmó el Ministerio de Trabajo, órgano rector de los programas sociales gubernamentales.
"Es una de las posibilidades que existen y se están valorando en conjunto con las autoridades del Ministerio de Hacienda. En 2018 esta fue la solución y no se descarta", explicó Núñez.
El Ministro insistió en que, hasta el momento, todos los gobiernos han cumplido con la disposición legal de trasladar el 10,35% de los ingresos de Fodesaf al Régimen No Contributivo. Para este año dicho monto asciende a ¢63.155 millones.
