Gobierno estruja más la inversión en obras en el 2023 para cumplir con la regla fiscal

Esta cifra es apenas un 1,8% más respecto al presupuesto del 2022 y con una inflación prevista de 4,9% para el próximo año, esta erogación caería en términos reales. Representa además 4,3% de todo el plan de gasto que alcanza los ¢12,3 millones de millones y comparada con la producción prevista para el próximo año representa un 1,1%.

Desde el 2011, que comenzó a crecer el endeudamiento del Gobierno, el gasto de capital ejecutado de la administración central (incluye principalmente ministerios) se ha mantenido por debajo del 2% de la producción. El monto programado para este año representa un 1,2% de la producción. No obstante, no todo lo programado se ejecuta, por ello los datos no son comparables.

Los gastos de capital incluyen construcción de edificios, compra de terrenos, de activos, vías de comunicación, maquinaria, equipo, intangibles como licencias de software, por ejemplo, entre otros. En el caso del Gobierno también hace transferncias de capital a otras entidades para que inviertan en obras.

La regla fiscal, por su parte, es un límite al crecimiento del gasto que se incorporó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018, para contribuir al saneamiento de las cuentas. El límite está en función de la deuda del Gobierno y el crecimiento de la producción.

Para el 2023 el país debe aplicar el escenario más fuerte de la regla, que surge cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario del año anterior sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, lo cual arroja un crecimiento máximo para el gasto total (corriente y de capital) en el 2023 de 2,56%.

El economista y exviceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, estima que tal y como está contemplado el panorama fiscal en la actualidad todo supondría que por esta década se tendría esta misma dinámica en cuanto al gasto de capital, es decir, continuaría estrujado. Es por ello que el consultor internacional, Jorge Cornick, considera que el país debe valorar otras vías para incrementar la inversión pública.

Según las estimaciones que incluyó el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, para el 2027 la deuda del Gobierno Central representaría un 64,91% de la producción si se mantiene el programa de consolidación fiscal y si se realiza la colocación de eurobonos por $6.000 millones entre el 2023 y el 2026.

En el texto Después de la pandemia: una visión de largo plazo, en el cual el economista Eduardo Lizano lanza el reto de que Costa Rica llegue a ser un país de renta alta en el 2050, indica que para lograr dicho obejtivo se requiere asegurar, entre otros, el financiamiento de rubros tales como el programa de inversiones en infraestructura pública.

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Pacheco añadió que el panorama es más sombrío si se considera que usualmente solo un 50% a 65% de este gasto de capital se termina ejecutando.

“Esto eventualmente va a comenzar a abrir el debate sobre hasta dónde podamos seguir teniendo una regla fiscal de gasto. Posiblemente el Gobierno el próximo año verá todavía más complicado el asunto y es posible que el tercer año sea más complicado”, comentó Pacheco.

El economista explicó que desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal es posible que la regla funcione bien, pero en cuánto al impacto del gasto público en el desarrollo del país va a haber presiones.

“Yo pensaría que la regla podría estar teniendo una vida futura tal vez de unos dos o tres años antes de que empecemos a plantear la posibilidad de tener una regla de balance que permita tener un crecimiento del gasto asociado al incremento de los ingresos, pero ingresos sanos, no de deuda”, comentó Pacheco.

Otra discusión, añadió, es cuánta libertad darle a las instituciones que generan sus propios ingresos y que podrían estar haciendo inversiones más activas a partir de recursos generadas por ellas mismas.

Jorge Cornick, consultor internacional, considera que ante este panorama el país debe pensar en otras vías para hacer obras e indicó algunas ideas. Por ejemplo, titularizar activos del estado ya construidos, contratando al mismo tiempo su mantenimiento como la ruta 1 y la ruta 32; vender activos del Estado, pero solo si antes se han equilibrado el gasto y el ingreso corrientes, pues de lo contrario la situación de apuro fiscal se volvería a presentar en el corto tiempo y finalmente, opina que el Estado debe tener la obligación explícita de utilizar los modelos de prestación de servicios de más bajo costo, dado un determinado estándar de calidad.

“En muchos casos, las alianzas público-privadas y la contratación de servicios a terceros pueden resultar en un ahorro considerable de recursos públicos, al mismo tiempo que se incrementa la calidad de los servicios, como se ha puesto en evidencia al comparar los costos de la administración directa de Ebáis (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud) por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social versus la contratación de esos servicios a proveedores externos”, indicó Cornick.

¿Qué obras se podrán hacer en el 2023?

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En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2023 se indican algunas de las obras que se planean hacer en el 2023. Por ejemplo, infraestructura y equipamiento del sistema educativo, al cual se le destinan ¢635,7 millones más en relación con el 2022; para el proceso de construcción mediante modalidad llave en mano de las instalaciones educativas. Se intentó obtener más detalle en el Ministerio de Educación.

En el Ministerio de Seguridad Pública, contempla ¢321,7 millones del impuesto a las personas jurídicas para realizar la construcción de la II etapa del complejo policial antidrogas en Puntarenas, la cual incluye la construcción de la edificación operativa y el hangar, así como obras complementarias.

Además, proyecta la construcción de obras complementarias, para adaptar las instalaciones a lo que indica la Ley de Salud Ocupacional.

En una respuesta escrita, el Ministerio de Seguridad Pública explicó que esta es una obra para completar el complejo policial antidrogas en Puntarenas y corresponde al módulo de oficinas y obras complementarias. La primera etapa todavía se encuentra en fase de construcción.

Añadió que este proyecto permite mantener más oficiales que trabajen contra el tráfico local e internacional de drogas, impactando de manera directa en los índices de seguridad en la provincia. También mejora las condiciones de los oficiales que permanecen en combate constante contra la delincuencia organizada.

En el Ministerio de Hacienda se incluyen ¢878,8 millones para atender la compra software, licencias y actualizaciones, como es el caso de certificaciones digitales, actualización del antivirus corporativo para protección de los equipos informáticos, compras de licencia de software para certificados digitales para proporcionar las medidas de seguridad en los sistemas web en Internet, así como atender el servicio de licencias vigentes de productos Microsoft, entre otros. Este ministerio sufrió un ataque cibernético en abril del 2022. También se intentó obtener más detalle en el Ministerio.

Se incluye también un proyecto de remodelación de los cuartos en donde se hospedan los oficiales de seguridad que se encuentran en Casa Presidencial y deben permanecer por una semana mientras realizan sus labores.

En el Ministerio de Agricultura se incluyen construcciones llave en mano para estructuras de viveros para los proyectos desarrollados para un programa de inserción de grupo de mujeres y jóvenes de la zona rural al sector agro.

En el Ministerio de Salud se incluyen recursos para la mejora de las condiciones de infraestructura de los Comité del CEN CINAI (Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral) de todo el país, entre los que se destacan los localizados en San Isidro del General, Paso Ancho, San José, San Juan de Dios de Desamparados, Guápiles de Pococí, La Rita de Pococí, Veinticinco de Julio, Barrio La Cruz de Ciudad Quesada, Alajuela, Corredores, Golfito, La Fortuna, San Carlos, San Miguel de Desamparados, Cóbano de Puntarenas.