A inicios del próximo año, ninguna institución pública podrá realizar rebajos por deudas a sus empleados que les impidan recibir, al menos, ¢190.377 por mes.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el Ministerio de Hacienda confirmaron que, a partir del 2020, garantizarán que todos los funcionarios del Gobierno Central, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes tengan acceso al salario mínimo.

Actualmente, hay 35.205 funcionarios que enfrentan problemas de sobreendeudamiento y reciben menos del salario mínimo por mes.

Pilar Garrido, jerarca de Mideplán, confirmó que están en el proceso final para publicar la directriz con la cual se limitarán las deducciones automáticas al salario.

El límite a las deducciones automáticas no solo incluye la deudas con entidades bancarias, sino también los financiamientos dados por empresas comerciales, compañías de teléfono, firmas de tarjetas de crédito no supervisadas, entre otros.

Del decreto quedarán excluidos, por contar con autonomía, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas, el Poder Judicial y las municipalidades.

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El límite a los rebajos salariales tendrá su principal efecto en Caja de Ande, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y el Banco Popular, pues tienen la mayoría de funcionarios que reciben menos del salario mínimo cada mes, confirmó el Ministerio de Hacienda y el banco público. *

Hacienda indicó que, en promedio, efectúa deducciones por ¢40.131 millones a empleados públicos, monto que incluye deudas, ahorros y cuotas de socios.

El 46,5% de los recursos se les deduce principalmente a docentes afiliados a Caja de Ande; mientras que el 32,9% son funcionarios afiliados a cooperativas.

El límite a las deducciones automáticas es parte de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno, para enfrentar el alto endeudamiento de los costarricenses, como el programa de créditos de salvamento.

Fundamento

La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, se armonizará con dos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), de abril anterior, los cuales aclaran que ningún patrono puede hacer rebajas a sus empleados que comprendan la parte inembargable del salario.

“Por ningún motivo es posible hacer deducciones del salario del trabajador que afecten el ‘salario mínimo intocable’ al que se refiere el Código de Trabajo”, sostuvo la Procuraduría en el oficio C-113-2019, en respuesta a una consulta hecha por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

La PGR brindó prácticamente la misma respuesta ante una consulta de la Municipalidad de San José, según consta en el pronunciamiento C-104-2019.

Mauricio Arroyo, subtesorero Nacional, confirmó que los pronunciamiento de la Procuraduría son de acatamiento obligatorio para la entidad.

“El Ministerio de Hacienda no cobra por el servicio (de cobro de deudas) brindado a las entidades financieras”, reconoció Arroyo.

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Efectos en clientes y entidades

La decisión del Gobierno de limitar las deducciones automáticas a empleados con problemas de deudas podría significar una afectación en la morosidad tanto para la persona como para las entidades financieras.

“En el caso del cliente, este canal de pago (rebajo automático) le permite no estar pendiente del pago (…). Para el Banco, el mecanismo de deducción no afecta ese perfil de riesgo, aunque sí facilita el cobro”, comentó Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular.

Aguilar reconoció que la medida podría deteriorar el historial de crédito del cliente si se atrasa en el pago.

El Banco Popular confirmó que el 20% de los funcionarios que reciben menos del salario mínimo, es decir 7.163 personas, tienen préstamos en la entidad. Estas personas tienen un saldo adeudado con el Popular por ¢74.000 millones.

Aguilar enfatizó que están en el proceso de diseño de una estrategia para ayudar a estas personas con sus problemas de sobreendeudamiento.

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José Eduardo Alvarado, gerente general de Coopenae, confirmó que están en contra de la aplicación retroactiva de la medida, pues los créditos se colocaron a las personas considerando la deducción de planilla.

“Impacta en la mora de la entidad que le facilitó el financiamiento y esto, provoca un contagio a nivel de sistema financiero nacional (…). Eliminar la deducción tendría una afectación sobre el deudor, la entidad y el sistema financiero”, advirtió Alvarado.

Pese a las criticas de las entidades, Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, destacó que han detectado prácticas que no son saludables a la hora de prestar a funcionarios públicos por encima de sus capacidades.

“La deducción es un instrumento que podría tener un uso pernicioso para los clientes, si es mal utilizado”, destacó Alfaro.

En el caso del Banco Nacional, este solo aplica deducciones a sus trabajadores, pero no detalló cuántos funcionarios reciben menos de ¢190.377 por mes.

El Banco de Costa Rica (BCR) explicó que no cuenta con deducción directa al sueldo entre sus clientes del sector público. El pago de créditos se efectúa directamente en ventanilla, transferencia y por débito de la cuenta corriente de la persona, previa autorización.

* Aclaración

En la versión original se citó que los datos fueron suministrados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cuando lo correcto es que los dio el Ministerio de Hacienda. 30 de octubre del 2019.