EscucharEl gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional 2025 menos recursos de la contribución estatal para financiar los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las pensiones del fondo del IVM, así como las de personas en condición de pobreza, en su mayoría adultos mayores. Esta situación se presenta por cuarto año consecutivo.
El Ministerio de Hacienda presupuestó para el próximo año ¢975.786 millones en transferencias del Estado para el Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC). Sin embargo, la CCSS estimó un requerimiento de ¢1.428.702 millones, lo que genera un faltante de ¢452.916 millones, según información de la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la Caja.
Las menores transferencias estatales generan un desequilibrio en las finanzas de la seguridad social y afectan programas de la institución. Por ejemplo, existe el riesgo de que para el próximo año no se pueda cumplir con la meta anual de otorgar 5.000 nuevas pensiones en el RNC, o incluso que se reduzca la cuantía mensual de ¢82.000 a ¢73.576, además de no pagar el aguinaldo a los beneficiarios, según el informe Estimación de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el periodo 2025.
En el caso del IVM, la consecuencia para el sistema es el uso recurrente de las ganancias obtenidas de la inversión de la reserva, lo que limita su crecimiento y afecta el pago de pensiones futuras, confirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
La Junta Directiva de la Caja aprobó, este 17 de setiembre, un presupuesto para el 2025 de ¢6,51 billones. Según Gustavo Picado, gerente Financiero, las contribuciones sociales y las transferencias estatales continúan como el principal soporte de la institución.
Las contribuciones a la CCSS se destinan a proporcionar servicios de salud a 1,9 millones de trabajadores y sus beneficiarios. Además, se utilizan para pagar las pensiones de 373.925 beneficiarios del IVM y 149.529 del RNC.
Cuestionamiento a cálculos
Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, declaró que el gobierno transfiere recursos a la Caja de acuerdo con sus capacidades. También cuestionó que la CCSS tome decisiones unilaterales, como aumentar la cuota estatal, sin considerar la capacidad de las finanzas públicas para cumplir tales compromisos.
El funcionario se refirió al incremento de la contribución del Estado al IVM, que actualmente es del 1,57%, pero aumenta cada tres años. En cuanto al aporte estatal al Seguro de Salud, este no ha cambiado y se mantiene en un 0,25% del salario de cada trabajador.
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“Hacienda presupuesta de acuerdo con la capacidad financiera del Estado y no con base en las estimaciones de la CCSS. En la actualidad, el presupuesto de la República presenta una gran rigidez que no permite una mayor asignación de recursos a áreas prioritarias que así lo demandan”, destacó Acosta.
Añadió que el convenio de conciliación para el pago de la deuda estatal con la CCSS permitió cancelar ¢51.738 millones en diciembre del año pasado, correspondientes a contribuciones del periodo 2015-2018.
A pesar de los argumentos del funcionario, la Contraloría General de la República (CGR) lleva varios años advirtiendo que el Poder Ejecutivo ha convertido en una práctica recurrente no presupuestar el dinero necesario para financiar la seguridad social.
De hecho, la entidad catalogó el actuar del gobierno como una “insuficiencia sistemática entre lo solicitado por la CCSS y lo incluido en el presupuesto”.
Programas afectados
El mayor desequilibrio, según las previsiones de la Caja, se dará el próximo año en el Seguro de Salud. La institución calculó transferencias del Ejecutivo por ¢866.784 millones, pero en el presupuesto enviado por Hacienda al Congreso solo se incluyeron ¢492.990 millones, lo que representa ¢373.794 millones menos.
Al desglosar por programa, la menor contribución se da con los afiliados a cargo del Estado, que incluye a aquellas personas y sus familias que cotizan menos del salario mínimo y a quienes están en indigencia. La institución estimó que la cuota asciende a ¢147.942 millones, pero Hacienda solo incluyó ¢1.407 millones.
“Este aseguramiento muestra la mayor brecha de financiamiento. Este programa cubre alrededor de 420.000 personas y solo hay el equivalente al financiamiento del 1% del total (de los recursos)”, explicó el gerente Financiero a la Junta Directiva el martes pasado.
Otro de los programas con el mayor desajuste es la atención médica a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, enfermos de VIH y con cáncer de cérvix. Para este grupo de personas, la Caja previó un aporte estatal de ¢153.825 millones. Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2025 solo contiene ¢25.324 millones.
El informe de la Dirección Actuarial destaca que en este programa el gobierno dejó de presupuestar ¢140.000 millones cada año, entre el 2020 y 2023. “Equivale al presupuesto anual de efectivo del Hospital México, o bien, similar al costo constructivo y de equipamiento del nuevo hospital Monseñor Sanabria”, se destaca en el documento.
La mayoría de las contribuciones estatales están dictadas por leyes específicas. Por ejemplo, para la realización de pruebas de paternidad responsable, la CCSS previó un gasto de ¢916 millones el próximo año y Hacienda solo ¢194 millones.
Para el programa de fecundación in vitro, el costo estimado de los procedimientos ascenderá a ¢3.204 millones en 2025, pero el Ejecutivo solo incluyó ¢2.046 millones.
La información de la Dirección Actuarial y la Gerencia Financiera destacan que el Poder Ejecutivo sí cumple con la contribución de cargas sociales como patrono.
Pensiones desfinanciadas
En el fondo de pensiones del IVM, el desequilibrio se presenta en la contribución estatal del 1,57% sobre los salarios reportados de los trabajadores. La Caja estimó un costo de ¢234.617 millones, pero Hacienda solo incluyó ¢179.427 millones, es decir, ¢55.190 millones menos, según la institución autónoma.
En cuanto a la cuota complementaria para las pensiones de trabajadores independientes y asegurados voluntarios, el gobierno solo presupuestó ¢62.373 millones para el 2025. No obstante, la CCSS estimó que se requieren ¢80.846 millones, lo que representa una diferencia de ¢18.473 millones.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, explicó que al recibir menos recursos del Estado deben usar más recursos de los intereses. “La reserva no ha podido crecer como debió hacerlo. La falta de aporte estatal la hemos cerrado no reinvirtiendo ganancias, sino usando buena parte de ese dinero. Hasta el día de hoy no hemos tenido necesidad de tocar la reserva, pero es un riesgo cada año”, destacó.
En el caso del Régimen No Contributivo, al ser un sistema financiado en su totalidad por transferencias del gobierno, se depende en su totalidad de la negociación con Hacienda y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Para el próximo año, la CCSS consideró la necesidad de ¢210.167 millones para pagar a los beneficios actuales y brindar nuevas pensiones. Sin embargo, Hacienda destinó ¢192.723 millones, lo cual implica un faltante de ¢17.444 millones.
“El faltante debe negociarse con Fodesaf para ver cómo se cierra el déficit. En años anteriores el gobierno sí ha hecho un esfuerzo de asignar recursos de otras fuentes”, reconoció Barrantes.
