El Ministerio de Hacienda rechaza tener una deuda por ¢965.790 millones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), por lo que descartó efectuar la cancelación de este monto, el cual correspondería a un saldo acumulado entre 1986 y 2012, según los administradores del fondo.

Así se detalla en el oficio DM-1908-2018, del 28 de agosto pasado, enviado por Rocío Aguilar, jerarca de Hacienda, a Greivin Hernández, director de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), administradora del fondo social.

Aguilar argumentó en la carta, de la que tiene copia La Nación, que desde el 2009 se estableció al Poder Ejecutivo trasladar el equivalente a 593.000 salarios a Fodesaf, lo cual se hizo.

Previo a dicha modificación legal, el dinero se asignaba según “la realidad de la situación de las finanzas públicas”, se especifica en el oficio.

Asimismo, el documento resalta que el cobro es de periodos económicos finalizados, por lo cual no es posible presupuestariamente efectuar el pago.

“Una vez liquidados los presupuestos de ejercicios económicos anteriores no es posible para el Poder Ejecutivo (como lo pretende la Desaf) modificarlos para incluirlos en el presupuesto actual ni en los futuros, ya que –como se indicó– se encuentran liquidados”, sostuvo Aguilar, en el oficio.

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Greivin Hernández, director de Desaf, efectuó la gestión de cobro al Gobierno, en julio del año pasado, con base al registro contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), uno de los principales beneficiarios de los recursos administrados por este sistema.

Fodesaf fue creado en 1974 y financia pensiones para personas pobres, el programa de comedores escolares, ayudas económicas para familias de ingresos bajos, entre otros.

Las contribuciones patronales generan el principal financiamiento de Fodesaf. En el 2018 significaron el 58,5% de los ¢610.196 millones en gasto social. El 41,5% restante fue el aporte hecho por el Gobierno con base en la recaudación del impuesto de ventas.

Críticas a la Contraloría

La controversia entre Hacienda y Fodesaf transcendió en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) donde se reveló una serie de inconsistencia en el registro de la deuda pública por parte del Ministerio.

Por ejemplo, detectó que el Gobierno no tiene incorporados pasivos por ¢440.603 millones, lo cual equivale al 1,27% del producto interno bruto (PIB). Así como las deudas con la CCSS y Fodesaf.

Hacienda informó, en un comunicado de prensa, este miércoles 25 de setiembre, de que el registro del endeudamiento público se efectúa en apego con manuales estadísticos desarrollados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A la vez, aclaró que el informe “tienen ninguna implicación presupuestaria o de pago” para el Gobierno.

Hacienda criticó la auditoría de la CGR por no corroborar, ni ahondar si los montos no registrados deben o no incluirse como deuda.

También cuestionó que se reseñara la deuda con la Caja, pues la Contraloría sabe del proceso de conciliación de ambas instituciones y, por ahora, son pasivos contingentes.

“Estas deudas están en proceso de verificación y conciliación conjunta, algunas de ellas están determinándose en procesos judiciales. Consecuentemente, una vez que se determine la validez de las cifras cobradas se revelarán como pasivos”, destacó en el comunicado.

Hacienda recalcó que las observaciones al informe de la CGR fueron presentadas de manera escrita y oral a la entidad. Además, informó que cuentan con un plan en marcha para mejorar la exactitud y veracidad de los datos.