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El Ministerio de Hacienda descarta pagar una deuda de ¢965.790 millones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pese a que, en el 2013, aceptó que mantenía un pasivo con el financiamiento de programas sociales.
En el oficio DCN-1224-2013, del 26 de setiembre del 2013, la Dirección de Contabilidad Nacional, confirmó el saldo millonario por pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según consta en el documento del cual La Nación tiene copia.
La Caja tiene la función de órgano recaudador de Fodesaf y se encarga de la elaboración de los estados financieros del Fondo.
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Sin embargo, el reconocimiento del pasivo se modificó en la misiva DM-1902-2018, del 28 de agosto del 2018, en la cual Rocío Aguilar, jerarca de Hacienda, rechazó el cobro.
La Ministra indicó que el pasivo se registró contablemente, pero descarta que se evalúe un posible pago.
“No estamos considerando la cancelación de una deuda que, desde el punto de vista nuestro, está prescrita”, resaltó la jerarca, ante una consulta de La Nación.
Por su parte, Greivin Hernández, director general de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), confirmó que mantienen el cobro administrativo a Hacienda y esperan llegar a un arreglo de pago.
“Se recurrirá a todas las medidas por la naturaleza de los fondos. Son recursos con un fin específico y un objetivo muy loable, no debe haber espacio de dudas de que estos recursos no se pueden renunciar, ni dejar de reclamarlos por todos los medios posibles”, recalcó Hernández.
Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, respaldó la posición de Desaf y rechazó los argumentos de la jerarca de Hacienda. Además argumentó que la deuda existe y, legalmente, lo que procede es cobrarla.
Fodesaf fue creado en 1974 y brinda recursos para los programas sociales del país como pensiones para personas pobres, comedores escolares, ayudas económicas para familias de ingresos bajos, bonos de vivienda, entre otros.
El Fondo se financia, principalmente, con las contribuciones de patronos, las cuales, en el 2020, significarán el 60,3% de los ¢649.949 millones del presupuesto de la entidad.
En tanto, Hacienda trasladará ¢255.583 millones, es decir el 39,3% del gasto previsto para el próximo año.
Los argumentos
La deuda que reclama Fodesaf al Estado, es un saldo acumulado entre 1986 y el 2012.
Hasta el 2009, Hacienda debía trasladar a este fondo el 20% de la recaudación del impuesto de ventas. De acuerdo con Hernández, esta disposición se incumplía y por eso se generó la mayor parte de la deuda.
A partir del 2009, un cambio legal, que comenzó a aplicarse un año más tarde, varió la manera de calcular este traslado; a partir de ese momento se estableció que el Poder Ejecutivo debería girar 593.000 salarios básicos al fondo, provenientes del impuesto de ventas.
Aguilar aseguró que siempre se cumplió con dicha regla.
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La disputado por estos recursos tomó relevancia, el pasado 24 de setiembre, cuando la Contraloría General de la República ordenó a Hacienda y al Fondo llegar a una conciliación, a más tardar, en agosto del 2020.
El Director de Desaf recordó que no es la primera vez que el Gobierno arrastra una deuda millonaria con el financiamiento de programas sociales pues, en 1997, el Ejecutivo llegó a un arreglo de pago en el cual cancelaron el pasivo con la emisión de bonos de deuda a nombre de Fodesaf.
Una opción similar es la que el Fondo planteó a Hacienda, confirmó este funcionario.
“Entendemos que esta Administración no tiene recursos por la coyuntura fiscal (...) pero puede asumirlo el país de manera gradual. Me parece lo más razonable. El Estado tiene una deuda con el sector social porque incumplió. Pero hay una oportunidad de establecer una ruta de resarcirla”, destacó Hernández.
Sin embargo, el argumento de Hacienda es que la negociación debe centrarse en la forma en cómo debe eliminarse el registro contable de la deuda en los estados financieros de Fodesaf y del Gobierno.
“Queremos seguir girando de manera oportuna, de aquí en adelante, los recursos a Fodesaf, pero no está previsto el poder hacer una transferencia de periodos anteriores. Desde el punto de vista es un tema de cómo corregirlo para que contablemente no aparezca”, destacó Aguilar.
La funcionaria recordó que con la reforma fiscal, aprobada en diciembre del 2018, desaparecieron todos los destinos específicos, incluido el de los programas sociales.
La Procuraduría General de la República le estableció a Hacienda, en abril pasado, que el presupuesto del 2020 para Fodesaf no podría ser menor al asignado este año.
Precisamente, el Gobierno presupuestó la misma cantidad de ¢255.583 millones a programas sociales para el año entrante.
