El Ministerio de Hacienda entregará este viernes, a las 10 a. m. en la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2020, el primero en el cual se aplicará la regla fiscal, un límite al crecimiento del gasto corriente que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El gasto corriente son, en su mayoría, intereses, remuneraciones y transferencias, los cuales, para el 2020, no pueden aumentar, en conjunto, más de 4,67%, según la estimación de Hacienda, un cálculo criticado por la Contraloría General de la República por considerar que se debió usar como base el gasto ejecutado el año anterior y no el aprobado.

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Según aseguró la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la regla se cumplirá en este presupuesto, que cubre a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al Tribunal Supremo de Elecciones.

El economista Dennis Meléndez comentó que es una restricción fuerte, que implica que el Gobierno tendrá que rebajar sustancialmente el gasto primario (excluidos los intereses).

“Lo más importante del proyecto de presupuesto que se presente a la Asamblea Legislativa, no es tanto lo que se incluye, sino lo que quede por fuera. Pero, definitivamente, la señal que todos esperamos es que se vea la disposición de cumplir la regla fiscal. Y sobre eso estarán atentas las miradas de las calificadoras externas y los inversores”, comentó Meléndez.

Por su parte, José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, añadió que este presupuesto mostrará si efectivamente se puede aplicar la regla fiscal en la forma en que el Ministerio de Hacienda espera que se haga.

Lo anterior, en alguna medida, limitaría el crecimiento de las instituciones en materia presupuestaria, sobre todo, las que dependen del financiamiento del Gobierno, añadió Cordero.

Intereses consumen aumento

De acuerdo con la ministra Aguilar, el incremento en el pago de intereses de la deuda consume casi todo el margen disponible para crecer en gasto corriente, así que las remuneraciones y las transferencias tendrán poco margen para aumentar.

Según señaló la jerarca, el martes pasado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el monto presupuestado en intereses para el 2020 será de ¢2 billones, casi ¢400.000 millones más respecto al 2019.

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Aguilar había explicado que en el caso de las remuneraciones, el Ministerio de Hacienda aplicó un cambio en la forma en la cual se calculan los incentivos a 127.000 funcionarios del Gobierno Central, de manera que ya no son porcentuales, sino un monto fijo, lo cual permite frenar el crecimiento de este rubro.

Este mismo cambio se la había solicitado para 14.000 trabajadores del Poder Judicial; no obstante los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios de esta entidad a la nueva normativa y por ello, el Ministerio de Hacienda, recortó a este poder ¢2.543 millones de dicho presupuesto para la creación de un juzgado anticorrupción.

En cuanto a las transferencias, que son montos que el Gobierno debe transferir a otras instituciones, especialmente del sector público, las que están limitadas por la regla fiscal son las corrientes, no las de capital (de inversión) y según había adelantado Aguilar, antes era una sola y ahora las han dividido para ponerle límite a las corrientes.

A las universidades estatales, por ejemplo, se les otorga un incremento en la transferencia igual a la inflación, pero se estipuló que un porcentaje cercano al 10% debe ir a gasto de capital.

Otras novedades

Este presupuesto es el primero en el cual las autoridades tienen más flexibilidad para afrontar los destinos específicos y donde se incluirá, por primera vez, el pago del IVA (impuesto al valor agregado) como un gasto de parte de las entidades públicas.

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Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB (producto interno bruto) nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias.

En el 2018, la deuda del Gobierno Central respecto de la producción alcanzó un 53,6%.

Además, el proyecto incluirá por primera vez una nueva definición de los sectores que abarcan la educación pública y a la cual se debe asignar recursos equivalentes a 8% de la producción por mandato constitucional. La nueva definición incluye al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), entre otros.

“En el caso del MEP (Ministerio de Educación), efectivamente, para el cómputo del 8% lo que se agrega es el presupuesto del INA. Con la posibilidad de agregar el INA y las otras partidas, podemos, por lo menos, mantener sin crecimiento el presupuesto del MEP, o que lo que crezca sea la transferencia a las universidades”, manifestó Aguilar.

Sobre la forma en la cual se va a financiar este presupuesto, la Contraloría General de la República estimó que el Gobierno recibirá ingresos corrientes (los que provienen, principalmente, de impuestos) por ¢5,4 billones (millones de millones) para el 2020, el resto se financiaría con deuda, la mayoría interna.

El economista Miguel Loría consideró importante observar si los ingresos esperados son consistentes con una economía en lento crecimiento, que incluso podría enfrentar una recesión.

En la medida que se aprueben créditos de apoyo presupuestario que negocia el Gobierno con organismos internacionales se podría variar este financiamiento.

El presupuesto del Gobierno Central es apenas una parte del plan de gasto de todo el sector público. En el 2019 dicho plan representó 38,9% del total.