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El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal de Costa Rica cierre, este año, en el 9,3% del producto interno bruto (PIB), lo cual significa un incremento de cuatro puntos porcentuales (p. p.) respecto al 5,3% previsto a inicios de este 2020.
La nueva previsión, que incluye el impacto de la pandemia, significa que la deuda pública sea del 70,2% de la producción para 2020, en lugar del 61% proyectado en enero anterior, en las estimaciones incluidas en el Programa Macroeconómico 2020-2021.
Hacienda actualizó sus perspectiva fiscal, luego de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunciara, este jueves, una caída de la economía del 5% este año, como parte de la revisión de la programación económica vigente.
En tanto, para el 2021, el déficit fiscal bajará un poco, a 8,1% del PIB, pero se estima que el endeudamiento público sea del 76,6% de la producción, informó Hacienda en un comunicado.
La entidad pública destacó que la emergencia sanitaria significa un fuerte golpe para las finanzas públicas, pues generan una reducción en el crecimiento económico y afecta la recaudación tributaria.
“La caída de la producción significa contar con menores bases imponibles. Por ejemplo, el menor consumo final de los hogares se traduce en una caída del impuesto al valor agregado, a la vez que una menor producción afectará, directamente, al impuesto sobre la renta”, argumentó la entidad pública.
Pese a la contracción en los ingresos tributarios, el Gobierno enfrenta mayores gastos para mitigar los efectos del coronavirus, como el bono Proteger para las familias más afectada por la crisis y para complementar la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de reducir la base contributiva.
A estos egresos extraordinarios debe sumarse el mayor costo de los intereses de la deuda.
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La previsión de Hacienda es que, para este año, el pago de los intereses sea de ¢1,8 billones; es decir, 5,2% del PIB. En tanto, en el 2021 ascenderá a ¢2 billones lo cual equivale a 5,6% de la producción.
“Para Hacienda, dar sostenibilidad a las finanzas públicas es una prioridad, a la vez que se sientan las bases para la reactivación económica. Un primer paso en esta dirección es disminuir nuestra presencia en el mercado local de fondos (…) Para esto, la aprobación del financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa es clave”, destacó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
El jerarca enfatizó en que los egresos totales del Gobierno tendrán un comportamiento controlado, pues se aplicará la regla fiscal.
El cumplimiento de la norma creada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas generará que el Presupuesto Nacional crezca este año solo 1% y, en el 2021, 0,8%.
Precisamente, la previsión de Hacienda es que el déficit primario (sin incluir el pago de la deuda) sea este año del 4% de la producción y el próximo se reduzca a 2,5% del PIB.
Necesidad de financiamiento
El desajuste fiscal provocado por la pandemia implicará que el Gobierno requiera fuentes alternas para cumplir con sus compromisos de gasto corriente (salarios, transferencia e inversión), así como con los tenedores de bonos de deuda emitidos por Hacienda.
La previsión el Ejecutivo es que, para este año, las necesidades de financiamiento sean equivalentes al 14,1% de la producción. Mientras que el próximo año se elevarán al 15% del PIB.
Durante el actual periodo, el 50% de los recursos se obtendrán de los préstamos con organismos multilaterales y remanentes de recursos de $1.500 millones de eurobonos colocados el año anterior.
Sin embargo, para el 2021, Hacienda estima que solo podrá cubrir el 25% de las necesidades de recursos con financiamientos externo. El restante 75% sería con colocación de deuda interna.
“La aprobación del financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa es clave. Estos recursos también nos permitirán ‘intercambiar’ deuda cara por barata, a la vez que mejoramos el perfil de nuestra deuda con plazos mayores y menores tasas de interés”, aseguró Villegas.
El jerarca destacó que, pese al desequilibrio, el Gobierno también atenderá deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social y la mejora en el desarrollo de infraestructura pública.
